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Ciudadanos intenta frenar la ampliación por decreto ley de los permisos de paternidad

El PSOE acusa a los partidos del centroderecha de llegar al límite del delito de prevaricación y de usar la Mesa del Congreso de forma fraudulenta

Reunión de la Mesa de la Diputación Permanente, este miércoles.

Ciudadanos ha solicitado este miércoles, en la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso, que se pida un nuevo informe jurídico a los letrados de las Cortes para conocer si el Gobierno socialista de Pedro Sánchez puede modificar con reales decretos una ley orgánica como la que regula los permisos de paternidad y que tendrían que entrar en vigor el 1 de abril. Ignacio Prendes, vicepresidente del Congreso de Ciudadanos, entiende que si los expertos rechazan esa vía, la medida debe decaer. A su juicio es inconstitucional. A la espera de que los letrados digan el jueves la última palabra, la presidencia del Congreso, Ana Pastor, no coincide con el criterio de Prendes por considerar  que esa parte de la ley por la que se amplían los permisos del paternidad es ordinaria y, por tanto, modificable mediante este decreto ley, según fuentes de la Mesa. Aun así el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, ha acusado al PP y Ciudadanos, "a Prendes y a Pastor" de incurrir en prácticas que se acercan al delito de prevaricación.

Fuentes del PSOE precisan que el real decreto que amplía, en teoría, esos permisos de cinco a ocho semanas en 2019, 12 semanas en 2020 y 16 en 2021 no afecta a toda la ley orgánica 3/2017, sino solo a una parte. La parte orgánica retocada, según esa versión, es fundamentalmente la referida a la paridad en las listas electorales. La Mesa del Congreso tiene previsto volver a reunirse este jueves a las 11.00 para conocer las conclusiones de los letrados sobre esa petición de Ciudadanos.

El Gobierno de Sánchez ha aprobado en las últimas semanas en sus Consejos de Ministros "sociales" hasta cuatro reales decretos con medidas como el plan de contingencia frente al Brexit, dar más derechos a los inquilinos en los alquileres de vivienda, la ampliación de los permisos de paternidad y los subsidios para parados mayores de 52 años. Esos decretos deben ser convalidados por el Congreso en un plazo inferior a 30 días, como marca la Constitución y el artículo 151 del reglamento de la Cámara.

La consulta que ha planteado Ciudadanos se refiere específicamente al real decreto ley 6/2019 de 1 de marzo sobre medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación. Y contiene siete artículos que modifican siete normas con rango de ley. Para cuestionar el decreto de los permisos, Ciudadanos esgrime a su favor el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional de 1986 que rechazó el intento del Gobierno socialista de Felipe González de modificar por decreto el Poder Judicial.

El representante de Ciudadanos en la Mesa, Ignacio Prendes, incidió mucho para justificar su petición en lo "inédito" de que un Gobierno pretenda cambiar una ley orgánica como la de igualdad por un real decreto previsto solo para situaciones de emergencia y excepcionalidad, con las Cámaras disueltas y a través del órgano de la Diputación Permanente. A Prendes le parece un abuso y cree que, como miembro del poder legislativo, su obligación es advertir de esa posible "inconstitucionalidad". Prendes no quiso valorar la oportunidad de llevar este conflicto de poderes al límite justo ahora, en plena precampaña electoral, y tampoco avanzó si su partido se plantea un recurso ante el Tribunal Constitucional.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, no entró en valoraciones aunque aceptó que está siempre "en el punto de mira" y en una "posición delicada". Se limitó a subrayar que ejercerá sus competencias como máxima representante del poder legislativo hasta el final. Simancas aseguró que los decretos serán obligatoriamente convalidados porque así está reglamentado y porque en caso contrario esos dos partidos incurrirían en los citados delitos de presunta prevaricación. El dirigente del PSOE afirmó, tras la reunión, que los letrados del Congreso anticiparon "verbalmente" a los portavoces de todos los partidos que los decretos deben ser convalidados en la Diputación Permanente, que debe ser convocada antes por la presidenta Ana Pastor. La dirigente del PP, sin embargo, no ha querido adelantar este miércoles cuándo señalará esa fecha. Tiene que hacerlo antes del viernes 5 de abril.

Rafael Simancas fue muy duro con el PP, Pastor y, especialmente, el partido de Albert Rivera: "Ciudadanos ya no se limita al tongo, el chanchulleo y el pucherazo en sus procesos internos, sino que los quiere llevar al Congreso y eso no lo vamos a permitir".

En la cita de este miércoles, la Mesa del Congreso ha estudiado otro informe de los letrados en el que se certifica que la Diputación Permanente de la Cámara puede convalidar los decretos leyes aprobados por el Gobierno y, por tanto, enmendarlos en plena campaña electoral, algo inédito hasta ahora. Los servicios jurídicos aceptan así que la Diputación Permanente está capacitada para dicha convalidación en el plazo de un mes, tras ser aprobados por el Consejo de Ministros, y también puede tramitarlos como proyectos de ley, permitiendo que puedan ser modificados en el los órganos permanentes de ambas Cámaras antes del 21 de mayo, que es cuando se constituyen las nuevas Cortes.

Esa tramitación la puede pedir cualquier grupo y debe ser aprobada por mayoría en la Diputación Permanente, el único órgano parlamentario que permanece en funcionamiento y que asumiría todos los trámites posteriores en lectura única.

Ciudadanos ya ha anunciado, tras la reunión de este miércoles, que si los reales decretos pasan el trámite de la convalidación en la Diputación Permanente pedirá que sean estudiados y tramitados como proyectos de ley para poder introducir modificaciones.

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