PP y Ciudadanos echan un pulso al Gobierno a través de la Junta Electoral Central
El órgano debe decidir si prohíbe al Ejecutivo informar sobre los decretos que apruebe en Consejo de Ministros
Sin quererlo, la Junta Electoral Central (JEC) va a tener que entrar en la disputa entre los partidos que concurren a las elecciones generales, municipales, autonómicas y europeas. Este órgano deberá dar respuesta a la multitud de denuncias, también consultas, que los partidos políticos le harán llegar, fundamentalmente contra el Gobierno. La oposición le pide que prohíba las ruedas de prensa de los viernes tras el Consejo de Ministros, si es que en las mismas se va a difundir el contenido de los decretos que, según el PP, pueden influir en la decisión de los electores. Será difícil que la Junta se pronuncie preventivamente sobre lo puede hacer o decir el Gobierno, pero sí recalcar todas las prohibiciones y límites.
Las denuncias están hechas y la respuesta del Gobierno, también. Ahora corresponde a la JEC, que afrontará los asuntos desde este lunes, considerarlas y decidir. Los denunciantes, PP y Ciudadanos, van a contar con la desventaja, desde la perspectiva jurídica, de que piden a la Junta que actúe de manera preventiva, lo que no conducirá a ninguna parte, según la interpretación del Gobierno, previa consulta de sus servicios jurídicos.
La exposición de quejas que formula la oposición se basa en acciones ya pasadas, cuando no se habían convocado elecciones, y en la demanda de que se prohíban las ruedas de prensas posteriores a los consejos de ministros. Si se toma cualquiera de esas comparecencias de los viernes, anteriores a la disolución de las Cortes, puede comprobarse que en efecto se han formulado fuertes críticas a la oposición.
La pretensión del PP es que la JEC suspenda durante el proceso electoral estas ruedas de prensa si son para anunciar "medidas electoralistas", es decir, los decretos que piensa aprobar. El PP estima que al difundir el contenido de esos decretos "van a influir de forma electoral en el criterio a tomar por los electores de cara a las próximas elecciones" del 28 de abril, señalan los populares en el escrito a la Junta.
Ahora bien, el pasado viernes, el primero ya con las elecciones convocadas, resultó inútil que los medios de comunicación obtuvieran de la ministra portavoz, Isabel Celaá, algún pronunciamiento crítico o valorativo sobre anuncios o declaraciones de la oposición. Si no hay declaraciones del Gobierno, sí habrá acción del Ejecutivo con la aprobación de decretos leyes que la Diputación Permanente del Congreso deberá aprobar antes de las elecciones del 28 de abril, cuando el Gobierno pase a estar en funciones.
"La prohibición preventiva no existe en Derecho"
El Gobierno considera que la Junta Electoral Central no podrá dictaminar la suspensión de la capacidad del Ejecutivo para aprobar esos decretos. "La prohibición preventiva no existe en Derecho", es el resumen del Gobierno, además, de señalar su consabida defensa de que todos los decretos que va a aprobar "son de necesidad social".
Puede ya casi descartarse que la Junta entre en valoraciones sobre si se pueden o no aprobar decretos, según prevén fuentes parlamentarias. Pero sí, invocará todas las prohibiciones y límites del Gobierno para que guarde absoluta neutralidad y se abstenga de "organizar o financiar, directa o indirectamente, actos que contengan alusiones a la realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilicen imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones". Recordatorios sí, pero instrucciones aún sobre hipótesis no son de esperar en las decisiones que este lunes adopte la Junta Electoral
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