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Pastor acusa a Sánchez de un uso partidista de los decretos leyes para ir “dopado” a las elecciones

La presidenta del Congreso sostiene que no hay precedentes de una interferencia como la del Gobierno socialista

Ana Pastor, presidenta del Congreso, este lunes en Madrid. En vídeo, sus declaraciones en la cadena COPE.

La presidenta del Congreso y aspirante a candidata a diputada del PP en las próximas elecciones generales del 28-A, Ana Pastor, ha acusado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de un abuso "con fines partidistas" y electorales de la figura legislativa del real decreto ley previsto para gobernar situaciones excepcionales. Pastor ha abandonado durante una entrevista en la cadena Cope su labor institucional y arbitral en la Cámara baja para subrayar, con datos de precedentes de otras legislaturas y opiniones "personales", que nunca antes un presidente del Ejecutivo había interferido de esa manera para su beneficio y ha reprochado a Sánchez ese "dopaje" electoral. Pablo Casado, el líder del PP, ha anunciado casi al mismo tiempo que denunciará ese comportamiento de Sánchez ante la Junta Electoral Central.

Ana Pastor, que aún está pendiente de que Casado la ubique en una lista electoral porque está en discusión si es mejor para el PP que vaya como número uno por Pontevedra (su circunscripción) o como dos por Madrid tras el líder, aseguró así en la Cope que lo que está haciendo ahora el presidente Sánchez en los Consejos de Ministros, aprobando reales decretos leyes con contenidos sociales y políticos, "no ha pasado en ninguna legislatura". Y razonó a continuación: "Se habían aprobado decretos leyes de urgente necesidad, pero cuando se convocan elecciones no es razonable que se haga un uso partidista de las instituciones. Ningún Gobierno puede ir dopado a unas elecciones, se tiene que ir en igual de condiciones”.

Entre los reales decretos que el Ejecutivo está impulsando en esta etapa, y que ahora deberán ser convalidados por la Diputación Permanente del Congreso, está la equiparación de las bajas de maternidad y paternidad o la nueva norma para limitar los precios de los alquileres. Y habrá más de ese estilo.

El presidente Pedro Sánchez ha firmado este mismo lunes el Real Decreto de disolución del Congreso y del Senado y de convocatoria de las elecciones generales para el 28 de abril antes de desplazarse a Granada, donde tenía un acto institucional a mediodía. A continuación lo suscribió como es obligado el rey Felipe VI y mañana martes se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

La presidenta del Congreso en funciones sustentó sus palabras críticas contra Sánchez en el recuento que dijo haber realizado personalmente de antecedentes en otras legislaturas con situaciones similares. Otros Gobiernos anteriores también han utilizado la figura de los reales decretos leyes y los han enviado a las Cortes para su convalidación en el plazo previsto inferior a un mes tras su aprobación en el Consejo de Ministros, pero normalmente para llevar adelante la aprobación de ayudas por catástrofes naturales o inundaciones.

En el periodo que se abrió para la disolución de las Cortes ante la convocatoria electoral en 2016 no se llevó ningún real decreto ley, uno para las elecciones de 2015 (el 1 de diciembre para daños del temporal en Canarias); cinco ante las elecciones de 2011 (el 18 noviembre para bonificaciones en la Seguridad Social para discapacitados de la ONCE; el 3 de noviembre por los movimientos sísmicos en Lorca; el 20 de octubre y el 2 de diciembre para la creación y modificaciones del Fondo de Garantía de Depósitos; y el 20 de octubre para aprobar un crédito extraordinario de 4 millones para el Ministerio de trabajo); uno en las de 2008 (el 5 de febrero para la actualización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples); y ninguno para las elecciones de 2004 o 2000. En la antesala de los comicios de 1996, con Felipe González como presidente, sí se tramitaron cuatro reales decretos leyes: el 19 enero para diferentes gastos de actualización de salarios y pensiones; el 26 enero para la actualización pensiones patrimoniales y el régimen fiscal de Canarias; y el 1 de marzo para daños por inundaciones.

Pastor ha reconocido que todavía desconoce oficialmente qué decretos leyes y sobre qué contenidos pretende impulsar el Gobierno en este periodo (aunque ya se ha avanzado en varias comparecencias que se van a desarrollar para rescatar y revertir derechos sociales recortados) pero avisó de que estará muy atenta porque no le parece bien ese cometido ni su convalidación obligada en la Diputación Permanente "con fines partidistas" y si no es para algo "concreto" y "urgente". Y señaló: "Ningún Gobierno, ni municipal ni autonómico, puede ir dopado a unas elecciones, tienes que ir en igualdad de condiciones".

El Gobierno socialista no hace caso a las críticas del PP y de Ciudadanos y ha ratificado que seguirá con la aprobación de decretos leyes hasta que entre en funciones el próximo 28 de abril, una vez celebradas las elecciones. Hasta entonces hará uso de su capacidad legal para sacar adelante las reformas que considere, siempre que tenga apoyo previo para su convalidación en la Diputación Permanente. Las 50 leyes bloqueadas en el Parlamento por el PP y Ciudadanos han llevado al Ejecutivo a utilizar los decretos leyes, según justifican fuentes gubernamentales y según ha reafirmado este lunes tras la ejecutiva del partido su portavoz, Felipe Sicilia.

Aunque es cierto que todos los Gobiernos de esta etapa democrática han recurrido a esa figura en teoría extraordinaria, el de Pedro Sánchez está a la cabeza porque hasta la fecha ha aprobado 30 reales decretos. En un periodo de tiempo equivalente (los primeros nueve meses de mandato), el Gobierno de Mariano Rajoy utilizó la fórmula 28 veces, José María Aznar 16 y ocho José Luis Rodríguez Zapatero. No se sabe aún cuánto más podrían ser impulsados en próximos Consejos de Ministros.

Lo que sí se subraya desde el Ejecutivo y también el PSOE es que han tenido que optar por esa vía excepcionar ante el permanente bloqueo que han sufrido por la mayoría conservadora que domina la Mesa del Congreso, con cinco miembros entre PP y Cs frente a los cuatro socialistas y de Podemos. Estos partidos denuncian que en estos ocho meses de legislatura esa Mesa ha frenado la tramitación de 50 leyes a base de peticiones de prórrogas de enmiendas.

La actual presidenta de la Cámara baja y de las Cortes entiende que esta actitud y estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez podría ser una "ventaja" para el candidato del PSOE a la presidencia: "No parece razonable, salvo necesidad, que se haga un uso partidista de las instituciones". Y remachó: "En política, como en la vida, las normas son claras, y en algo tan serio, como es no interferir con el poder que te han otorgado los ciudadanos, no puedes jugar con ventaja".

El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado casi al mismo tiempo en un desayuno informativo que su partido piensa recurrir ante la Junta Electoral Central los decretos leyes que apruebe el Gobierno en la Diputación Permanente del Congreso tras la disolución de las Cortes: "No puede ser que el Gobierno esté metiendo la mano a todos los españoles en el bolsillo para hacer campaña electoral".

La Mesa del Congreso por su parte, reunida esta lunes, ha encargado un informe jurídico sobre la tramitación parlamentaria de los decretos ley del Gobierno de Pedro Sánchez en periodo electoral y con las Cortes disueltas para aclarar que podría suceder si los partidos deciden más tarde en la Diputación Permanente tramitar esos decretos como proyectos de ley, que es un escenario que no había ocurrido hasta ahora.

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