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La Junta Electoral prepara una instrucción para impedir que las administraciones hagan propaganda

El PP tiene ya previsto denunciar al Gobierno por la aprobación de decretos

Anabel Díez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la presentación de la Estrategia Española de I+D+I en Inteligencia Artificial, este lunes.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la presentación de la Estrategia Española de I+D+I en Inteligencia Artificial, este lunes.Álex Cámara (Europa Press)

No ha tenido ocasión la Junta Electoral Central (JEC) de mantenerse ociosa en período electoral pero los comicios del 28 de abril, que se convocan este martes 5 de marzo, la abocan a una tarea ingente. Los partidos están altamente sensibilizados en la vigilancia de lo que hacen los adversarios para que ninguna fuerza política juegue con ventaja. El PSOE, partido en el Gobierno, va a ser sin duda el más vigilado y ya hay anuncios por parte del presidente del PP, Pablo Casado, de denunciar al Ejecutivo por su decisión de aprobar decretos leyes hasta que expire su mandato en plenitud de competencias el próximo 28 de abril. Después, entrará en funciones. La Junta Electoral Central prepara una instrucción para advertir a las administraciones cuáles son sus límites.

El texto de esa resolución tendrá como base el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, LOREG, que marca la actuación a los poderes públicos. Las administraciones no podrán hacer actos de propaganda por lo que quedan excluidas del todo las inauguraciones en tiempo electoral.

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“Desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones”. Según este artículo de la LOREG, el Gobierno no puede hacer propaganda de su gestión. Este mandato incluye también a los gobiernos autonómicos y locales por cuanto que también se celebrarán comicios en comunidades autónomas y ayuntamientos tan solo un mes después de las generales, y el mismo 28 de abril, las del gobierno de la Comunidad Valenciana.

“Asimismo, durante el mismo período queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos o proyectos de éstos, cualquiera que sea la denominación utilizada, sin perjuicio de que dichas obras o servicios puedan entrar en funcionamiento en dicho periodo”, añade. No será posible, por tanto, inauguraciones, ni colocación de primeras piedras para proyectos futuros.

No hay duda de que los partidos harán una interpretación extensa de este artículo 50 de la ley electoral, al vigilar qué aprueba el Gobierno en cada Consejo de Ministros. El presidente del PP, Pablo Casado, prepara ya los recursos, en tanto que Ciudadanos tampoco se quedará atrás. La sospecha ya está instalada.

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EL 21 de mayo se constituirán las Cortes

La decimotercera legislatura de la democracia española ya tiene fecha de arranque: el 21 de mayo, cinco días antes de las elecciones municipales, autonómicas y europeas, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado este martes. Ese día a las 10.00 se constituirán las Cortes y comenzará la primera negociación del nuevo ciclo político: la elección del Presidente y los miembros de la Mesa del Congreso y el Senado.

El número de diputados, sujeto en cierta medida a la población, permanecerá estable, con 350, aunque cambiará su distribución. Madrid y Barcelona, las dos provincias más pobladas, ganan un escaño, hasta alcanzar los 37 y 32 respectivamente, mientras que Valencia (15 diputados) y Asturias (7) pierden uno.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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