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El Gobierno defiende los decretos para paliar el bloqueo de 50 leyes

Aunque todos los Gobiernos han recurrido a esa figura legislativa, el de Pedro Sánchez estará a la cabeza. Hasta ahora ha aprobado 30

Ana Pastor, presidenta del Congreso, con el resto de los miembros de la Mesa del Parlamento. En vídeo, el Gobierno apura sus medidas sociales.Foto: atlas | Vídeo: Uly Martín | ATLAS
Anabel Díez

Sin el menor titubeo, el Gobierno seguirá con la aprobación de decretos leyes hasta que entre en funciones el próximo 28 de abril, una vez celebradas las elecciones. Hasta entonces hará uso de su capacidad legal para sacar adelante las reformas que considere, siempre que tenga apoyo previo para su convalidación en la Diputación Permanente. Las 50 leyes bloqueadas en el Parlamento por el PP y Ciudadanos han llevado al Ejecutivo a utilizar los decretos leyes, según justifican fuentes gubernamentales. Aunque todos los Gobiernos han recurrido a esa figura, el de Pedro Sánchez estará a la cabeza. Hasta ahora ha aprobado 30.

El Gobierno no hará caso a las protestas del PP y Ciudadanos. En su lugar, defenderá con ahínco las materias que llevará para su convalidación a la Diputación Permanente del Congreso, órgano que sustituye a las Cortes una vez disueltas por la convocatoria electoral, y pedirá el voto a todos los grupos parlamentarios. Si no lo apoyan, denunciará este bloqueo, al tratarse, según su criterio, de materias sociales de interés general. La fórmula será, como ya ha hecho con profusión el Gobierno de Pedro Sánchez en sus nueve meses de mandato, el real decreto ley, previsto para situaciones de urgencia. ¿Y qué es urgente?: “Lo que el Gobierno estime que lo es”. Esta es la respuesta de fuentes gubernamentales a las críticas de un posible abuso de esa fórmula legal. A juicio de estas fuentes, el sistema político español “ha normalizado y relativizado” la utilización del decreto.

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Para reforzar su argumento, esas fuentes inciden en que el problema de base ha sido que algunas de las iniciativas del Gobierno han sido prorrogadas hasta 60 veces, con una fuerte carga de filibusterismo parlamentario. Eso es lo que consideran “la novedad de la legislatura” durante los meses de Pedro Sánchez, en los que la Mesa del Congreso ha bloqueado la tramitación de 50 leyes a base de peticiones de prórrogas de enmiendas. Hasta ahora el Gobierno ha aprobado 30 decretos leyes. En un periodo de tiempo equivalente (los primeros nueve meses de mandato), el Gobierno de Mariano Rajoy utilizó la fórmula 28 veces. Muchas menos lo hizo José María Aznar (16) y ocho José Luis Rodríguez Zapatero. No hay cálculo aún de cuántos decretos más aprobará el Consejo de Ministros hasta que entre en funciones. “Hasta entonces es perfectamente legal y legítimo aprobar decretos leyes porque el Gobierno no está en funciones”, defiende el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, que invoca el recurso de amparo que el pasado martes presentó su grupo al Tribunal Constitucional por el bloqueo de iniciativas en la Mesa del Congreso.

“¿No es urgente aprobar un plan de contingencia para proteger los intereses españoles si se produce un Brexit sin acuerdo el 30 de marzo?”. Es una de las preguntas que lanza el Gobierno para justificar el decreto aprobado el pasado viernes, junto a otro sobre igualdad laboral —con ampliación de permisos de paternidad— y otro sobre alquiler. Urgentes o no, estas medidas serán resaltadas por el Gobierno en su campaña electoral como muestra de estrategia política.

A la cabeza

Si todos los Gobiernos han usado esta figura, el de Pedro Sánchez estará a la cabeza y no solo por el bloqueo del PP y Ciudadanos, sino por la intención de dejar su impronta cuando cuenta con muy poco tiempo de gestión, reconocen fuentes gubernamentales.

Con 76 decretos terminó Rajoy su legislatura entre 2011 y 2015; Zapatero impulsó 55 entre 2008 y 2011, que suben a 85 en el caso de Aznar entre 1996 y 2000. Felipe González utilizó los decretos una media de 30 veces en cada uno de sus cuatro mandatos.

Las protestas de la oposición por cada decreto que se apruebe hasta las elecciones llegarán a la Junta Electoral Central. Este órgano debe velar por que no haya utilización partidaria de las acciones del Gobierno. Pero los decretos leyes no entran en esa fiscalización, señalan fuentes socialistas. Este organismo se limita a tratar de evitar el llamado “autobombo”. Como ejemplo, ponen la inauguración de obras en campaña o la colocación de primeras piedras.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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