Retirados todos los recursos contra la exhumación de Franco menos el que ha sido aceptado
El abogado que presento la mayoría de las reclamaciones aseguran que no querían "molestar"
"No queríamos molestar". Francisco Javier Zaragoza Ivars, el abogado que ha interpuesto 15 de los 17 recursos contra el permiso de obras para poder exhumar al dictador Francisco Franco, ha retirado todas las reclamaciones menos una: la que fue admitida a trámite por el juez José Yusty, autor de un largo artículo contra la ley de memoria histórica, que ha dictado medidas cautelarísimas para suspender la retirada de los restos del autócrata del Valle de los Caídos. La estrategia de recursos en cascada iniciada por sectores próximos a la fundación Francisco Franco ha sido tildada de "abuso de derecho" por el Gobierno.
"El ayuntamiento de El Escorial se ha quejado y la Abogacía del Estado también. Molestaba mucho, así que hemos desistido en todos los recursos menos el que ha sido aceptado, lógicamente". Así explica Zaragoza, en conversación telefónica con EL PAÍS, la retirada de hasta 14 reclamaciones de medidas cautelares contra la licencia de obras que permitía remover la lápida de Franco y trasladarlo. La decisión ha sido adelantada por eldiario.es, que asegura que todas las demandas de desistimiento tienen la misma redacción y están firmadas por el mismo abogado y el mismo procurador.
Con esta retirada masiva de recursos, el caso queda en manos del juez José Yusty Bastarreche, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3, el único que aceptó imponer medidas cautelares. El magistrado entendía que el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial —término municipal del monumento— que autorizó la obra para exhumar a Franco no tiene en cuenta “el riesgo evidente de caída o rotura y daño a las personas” que según el juez supone “la citada maniobra”. Sin embargo, otro juez, Daniel Sancho Jaráiz, del Juzgado 13, desestimó otra demanda hasta en cuatro ocasiones al considerar que no tenía base jurídica.
Este último juez era en principio el encargado de agrupar el resto de demandas, cuyos posibles recursos serían todos reunidos en una misma pieza en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque finalmente no será necesaria la acumulación de recursos al quedar solo uno. El Gobierno había criticado la estrategia del entorno de la familia Franco de presentar tantas demandas ante el mayor número de juzgados posibles, "con el fin de retrasar la exhumación tratando de que algún juez estimase las medidas cautelarísimas que solicitaban".
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