El Valle de los Caídos, en el limbo jurídico

La Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, intervenida y administrada “temporalmente” por Patrimonio Nacional desde hace 37 años, vive en un limbo jurídico, que para los expertos resulta “inaceptable”.

"Es un tema crucial para resolver la resignificación del lugar”, explica Carlos García de Andoin, secretario de la comisión de expertos que en 2011 elaboró un informe sobre el monumento, a petición del entonces ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui. Es una institución que no ha hecho la transición democrática: sus órganos siguen siendo los que diseñó en 1957 Carrero Blanco, ministro de la Gobernación en aquella época. Ya no está Franco al frente, sino Patrimonio Nacional.

“Es una situación precaria, porque [la fundación] no tiene funciones. Nació para estar al servicio del franquismo y en estos momentos es una figura de paja”, cuenta el especialista. Aclara que el Gobierno debe acometer de una vez esta cuestión para resignificar el espacio como un monumento en memoria de las víctimas del franquismo.

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Desde 1982 Patrimonio Nacional se ocupa, de manera “temporal”, de la conservación y el mantenimiento del monumento y la gestión de las visitas. Es posible que con la fundación regularizada la exhumación de Franco hubiera sido menos laboriosa, aunque la gestión del templo corresponda a los benedictinos.

La fundación existe solo sobre el papel. “Es una fundación fantasma”, explican fuentes de Patrimonio Nacional. Tiene entidad jurídica, pero las funciones las desarrolla Patrimonio Nacional, que interviene como sustituto de un patronato. Y solo de manera subsidiaria, para poner el dinero de Presidencia al año y gestionar el monumento.

En el informe fiscalizador del Tribunal de Cuentas de 2013, ratificado en 2017, se subraya la “necesidad de una regulación más completa y precisa (...) a fin de que se esclarezca suficientemente el régimen jurídico” de la fundación. El informe describe “insuficiencias” en la regulación económico-financiera, así como en el modelo de gestión, y recomienda a Patrimonio Nacional que registre de forma “separada y rigurosa el patrimonio, los gastos y los ingresos”.

Se trata de una fundación fuera de la Ley de Fundaciones, porque tiene carácter público y está adscrita a Patrimonio Nacional. Pese a ello, es una fundación anómala: “Carece de estatutos, de protectorado que la controle, de un patronato que la gestione, no tiene declarada su misión y no rinde cuentas.”, explican altos cargos de Patrimonio Nacional. Desde la presidencia de este organismo se explica que las labores de patronato las ejerce “transitoriamente” el consejo de administración “mientras el Gobierno no adapte el régimen jurídico de la fundación”.

Felipe González planteó la transferencia de las funciones en 1982, pero no entró a disolver ni a replantear la fundación. El trabajo se quedó a medio hacer y José María Aznar miró para otro lado, mientras que a José Luis Rodríguez Zapatero le faltó una legislatura para hacerlo y a Mariano Rajoy tampoco le interesó entrar en este asunto. Se suponía que la participación de la Corona (vía Patrimonio Nacional) en una organización garante de la memoria del dictador sería “temporal”, pero se han cumplido tres décadas desde la vía libre para la regulación jurídica y el Valle sigue sin resolverse. No se podrá retrasar más si el Supremo da el visto bueno a la exhumación de Franco.

La falta de voluntad política de regular esta fundación ha complicado la situación legal e histórica del Valle de los Caídos. De Andoin recuerda que en la Comisión de 2011 se insistió en la regulación y en la creación de un patronato independiente, que incluyera a la sociedad civil en la gestión. Pero no salió adelante.

“El Gobierno debe determinar las obligaciones y los derechos que tiene la fundación. Deben ser regulados, pero no existe tal norma. Por eso necesita un marco jurídico, para constituir un patronato y definir una misión, para independizarse de Patrimonio Nacional”, cuenta Javier Martín Cavanna, director de la Fundación Compromiso y Transparencia.

El historiador Antonio Cazorla cree que, además, hay que renegociar el papel y el convenio de los benedictinos. “Su presencia allí es un vicio de origen, porque fueron puestos por una dictadura que, mediante este monumento, trataba de falsear la historia y humillaba a las víctimas. Se puede desconsagrar la basílica o no, pero la presencia de los benedictinos está cargada de un pasado y de unas actuaciones recientes que aconsejan su marcha”, explica este profesor de Historia en la Universidad Trent de Canadá.

Los monjes reciben 340.000 euros al año (en concepto de gastos corrientes) para cumplir con el encargo del rey Juan Carlos I de custodiar los restos de Franco. “Además de esta transferencia, el organismo asume los gastos y percibe los ingresos”, añaden desde Patrimonio Nacional. “Los monjes han actuado como la resistencia franquista a la política democrática”, apunta García de Andoin. Por eso el convenio con los monjes es un motivo de tensión porque chocaría, según los especialistas, con la ley de memoria histórica de 2007.

La precariedad de gobernanza de la abadía se multiplica aún más al no contar con un abad (máxima autoridad monacal), después de que el prior Santiago Cantera no haya sido respaldado por sus compañeros monjes. Aclarar este agujero negro (incluso antes de la exhumación) supone, para los expertos, “despetrificar” el franquismo del valle.