La política de partidos sobrevoló la jornada de cuestiones previas

Las referencias políticas fueron una constante en la primera sesión del juicio del procés en el Tribunal Supremo, dedicada al estudio de las cuestiones previas. Los abogados utilizaron las palabras de diferentes líderes contrarios a la independencia de Cataluña para reforzar la línea de defensa de sus clientes.

Olga Arderiu, letrada de Carme Forcadell se apoyó en las palabras de Pedro Sánchez de mayo de 2018 —aún no era presidente del Gobierno— en las que defendía reformar el Código Penal para adecuar el delito de rebelión a los sucesos del otoño independentista catalán. “Por lo tanto, si entonces había que adecuar el Código Penal, es que no había delito”, argumentó la abogada de la presidenta del Parlament.

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Andreu Van den Eynde, letrado de Oriol Junqueras se refirió a una supuesta “campaña de criminalización” que vulnera el derecho fundamental a la presunción de inocencia de los acusados, a los que se da ya por culpables y condenados, y que puede “contaminar” al Tribunal. “La vicepresidenta [Soraya Sáenz de Santamaría, del PP] dijo que se ha descabezado el independentismo, se habla de golpistas, se les compara con terroristas, con nazis... El presidente Rajoy reclamaba un presidente limpio en Navidad. Rafael Hernando [exportavoz del PP en el Congreso] dijo que eran cadáveres políticos que han cometido delitos graves (...) La vicepresidenta Carmen Calvo diciendo que los acusados han cometido delitos (...) Pablo Casado dice: “El día de la infamia no quedará impune, los delincuentes sediciosos acabarán en la cárcel”.

La última muestra de esta supuesta campaña que denuncian las defensas es Irene Lozano, secretaria de Estado de la España Global. Esta, en una reciente entrevista en la BBC, se refirió, en inglés, a los acusados como convicted, es decir, culpable.

Varios abogados —era inevitable— cuestionaron la imparcialidad del presidente del tribunal, Manuel Marchena, por el whatsapp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que se felicitaba por el acuerdo con el PSOE para situarle como presidente del Supremo y del Consejo del Poder Judicial. La publicación de ese mensaje llevó a Marchena a renunciar a cualquier candidatura. “Europa nos dice siempre que las apariencias son muy importantes, y puede que me digan que ‘yo soy imparcial’, pero objetivamente con todo lo que les he contado hay una apariencia de falta de imparcialidad y así lo perciben mis mandantes", dijo Jordi Pina, abogado de Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull.

Pina insistió en que declare como testigo Felipe VI por su discurso del 3 de octubre de 2017. “Es lógico y normal que si la acusación pretende utilizar el mensaje del jefe del Estado, que tenga derecho a que alguien pueda preguntar sobre lo que dijo y especialmente lo que no dijo”.

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