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Entidades de derechos humanos reclaman acudir como “observadores” al juicio del ‘procés’

Los expertos españoles e internacionales emitirán informes semanales sobre el desarrollo de la vista oral

Imagen del tribunal que juzgará el 'procés' durante la vista por las cuestiones previas del caso.
Imagen del tribunal que juzgará el 'procés' durante la vista por las cuestiones previas del caso. EFE

Una plataforma formada por diversas entidades de defensa de los derechos humanos y civiles de Cataluña ha reclamado al Tribunal Supremo que reserve cinco asientos en la sala donde se celebrará el juicio del procés para acoger a una serie de “observadores” nacionales e internacionales que pretenden controlar las garantías del proceso y su posible afectación a derechos fundamentales. Las entidades promotoras no supervisarán el juicio ellas mismas, sino que, afirman, se han unido para “gestionar y facilitar” la presencia en la sala de vistas de expertos juristas y diferentes organizaciones “independientes” que supervisarán el proceso y elaborarán informes sobre su desarrollo.

El alto tribunal previsiblemente rechazara su pretensión de que les sea asignado un espacio, según fuentes judiciales. No obstante, los observadores podrán acceder al juicio siempre que quede aforo en la sala, ya que, como todos los que se celebran en España, se celebra a puerta abierta. La vista oral será retransmitida íntegramente por televisión, y más de 500 periodistas se han acreditado para seguir el juicio, que arrancará en las próximas semanas.

Los promotores han presentado el “sistema de observación” este martes en Madrid como una “actividad normal y habitual”. La actividad será financiada “exclusivamente” por aportaciones individuales en la página web, según Anaïs Franquesa, codirectora de la plataforma, que no detalló con cuántos fondos cuentan, aunque señaló que los observadores no van a cobrar “honorarios” por su trabajo.

Robert Sabata, presidente de la Asociación de Abogados Europeos Demócratas (AED) ha rechazado que la iniciativa suponga poner en entredicho la labor de los magistrados -“No es una desconfianza al Tribunal Supremo, que nadie lo dude”- y ha evitado los paralelismos con otros países objeto de observación como Turquía, Marruecos o México. Sabata ha asegurado que otros sistemas judiciales occidentales como el suizo, el italiano o el francés también han sido examinados por los observadores.

Sin embargo, la desconfianza a que los doce líderes independentistas encabezados por Oriol Junqueras y acusados de rebelión, sedición y malversación tengan un juicio justo han sobrevolado la rueda de prensa. “Dadas las suspicacias y sospechas que genera este proceso, es sano e higiénico que haya expertos internacionales, juristas de reconocido prestigio y expertos en derechos humanos para realizar informes (…). A ningún poder del Estado debería provocarle rencor y desconfianza”, ha manifestado Alejandro Gámez, de la Asociación Libre de Abogados (ALA), una de las promotoras de la plataforma.

Anaïs Franquesa explicó que la tarea de observación se realizará en grupos de trabajo. Por un lado, un grupo de unos 15 académicos, coordinado por Iñaki Rivera, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona y por Mercè Barceló, catedrática de Derecho Constitucional de la Autónoma de Barcelona, realizará un informe sobre las garantías del proceso y las vulneraciones de los derechos de reunión, manifestación, expresión y participación política que entienden que puede acarrear.

Paralelamente, las organizaciones internacionales convocadas por la plataforma elaborarán su propio estudio, aunque de manera independiente. Entre las entidades citadas figuran la American Bar Association, que agrupa a 410.000 abogados estadounidenses o la Federación Internacional de los Derechos Humanos, con asociaciones de 112 países.

También figuran en la lista Front Line Defenders (Irlanda), Fair Trials (Reino Unido), la Asociación Abogados/as Europeos/as Democrátas (AED) y la Asociación Europea de Abogados/as por la Democracia y los Derechos Humanos (ELDH), Antigone (Italia), el Comité de Juristas por los Derechos Humanos (Holanda), el Centro de Estudios Legales y Sociales (Argentina) y la Confederación Magrebina de Organizaciones por los Derechos Humanos (CMODH).

“Son organizaciones que no se han posicionado nunca con el derecho a decidir o la independencia”, ha destacado Sabata; sino que “han visto que en el proceso ha corrido mucho las filtraciones a medios de comunicación”, como los escritos de acusación que, según ha indicado, se han facilitado “antes por la prensa que a las defensas”. Por todo ello, ha asegurado que es “necesario” que estos “observadores internacionales” acudan a las sesiones del juicio por una “cuestión de higiene democrática”.

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