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El Supremo ultima un protocolo especial para testigos del ‘procés’

Estudia dar a Rajoy el trato que tuvo González en el juicio del GAL

Fachada del Tribunal Supremo, en Madrid.
Fachada del Tribunal Supremo, en Madrid. EFE

El macrojuicio contra el procés también tendrá su protocolo. Y es que por la sala de plenos del Tribunal Supremo van a desfilar, entre los cientos de testigos previstos, altos y ex altos cargos del Estado y de los gobiernos catalán y vasco. Por ejemplo, Mariano Rajoy, que va a ser llamado como testigo, ¿debe entrar por la puerta principal del Supremo o por la misma que accedan los demás? El Supremo no tiene aun nada decidido, pero si está analizando una normativa que hizo su Sala de Gobierno con motivo de la testifical que prestó el expresidente del Gobierno Felipe González durante el juicio de los Gal allá por 1991. Entonces, un magistrado del Supremo le recibió en la puerta principal.

¿Debe entrar el expresidente Rajoy por la puerta principal del Supremo o por la misma que accedan los demás testigos?

Pero es que también tendrán que declarar el actual presidente del Parlament, Josep Torrent, el vicepresidente del Gobierno catalán, Pere Aragonés. El presidente de Gobierno vasco, Íñigo Urkullu. Y posiblemente también, aún no está cerrada la lista, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría

Cuando declaró en el juicio del caso Gürtel, el tribunal de la Audiencia Nacional habilitó para Rajoy un espacio con mesa y silla propias a su lado y cerca del estrado. Rajoy conserva aun, aunque sea ex, el estatus de presidente. Para evitar que esperen o deambulen por los pasillos mientras son llamados a declarar, el alto tribunal va a habilitar una sala de testigos. Y, como serán citados por bloques (políticos, peritos, policías…) y en los mismos días, no es descartable que en ella confluyan, unos frente a otros, o al lado, testigos sin afectos ni parecido ideológico.

La Sala de lo Penal del Supremo hará pública esta semana, a partir del martes, un auto en el que juez Manuel Marchena, presidente del tribunal y ponente de la sentencia, difundirá el listado de testigos que tienen que declarar en la vista del procés. Los abogados de los 12 acusados (encabezados por Oriol Junqueras), los cuatro fiscales del caso, la Abogacía del Estado y la acusación particular de VOX han reclamado la comparecencia de cientos de testigos.

Para evitar que los testigos esperen o deambulen por los pasillos mientras son llamados a declarar, el alto tribunal va a habilitar una sala especial

Pero el tribunal no va a admitir a todos, aunque va a ser especialmente generoso con las defensas. Siempre y cuando las comparecencias que demanden sea jurídicamente razonables. El Supremo descarta llamar al rey Felipe VI y al fugado expresidente catalán Carles Puigdemont, pese a que lo han pedido las defensas. Solo la fiscalía reclama en torno a 250 testigos, entre policías, guardias civiles y peritos.

El presidente del Gobierno vasco, Íñigo Urkullu, tendrá que explicar su papel mediador entre Rajoy y Puigdemont para que este, en los tensos días de octubre de 2017, convocase elecciones y evitara la aplicación del 155. Rajoy, por su lado, será interrogado sobre el escrito que le envió a Puigdemont el 11 de octubre de 2017 preguntándole si en el pleno del Parlament celebrado un día antes había proclamado, o no, la independencia; Y el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, sobre sus afirmaciones de que ningún dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) había ido a parar al referéndum secesionista del 1-O. Otro convocado será Enric Millo, delegado del Gobierno en Cataluña y uno de los responsables del operativo policial implementado por el Gobierno para retirar las urnas del referéndum ilegal del 1 de octubre. Y también, muy posiblemente, su entonces jefa y vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría.

La Sala de lo Penal del Supremo hará pública esta semana, a partir del martes, un auto de cerca de 1.200 folios en el que difundirá el listado de testigos convocados al juicio

En la lista también estará el exmayor de los Mossos d´Esquadra Josep Lluis Trapero, al margen del juicio específico que se celebrará contra él en la Audiencia Nacional por delitos de sedición y organización criminal. Y no solo estos. El exdiputado catalán y cantautor Lluis Llach, el exdiputado nacional de Esquerra Joan Tardà, la senadora del PDeCAT Marta Pascal y, posiblemente, aunque aún no hay una decisión, la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, son otros testigos solicitados por las defensas.

El Supremo va a ser muy condescendiente con los testigos que demandan las defensas. Pretende evitar que los acusados acudan luego, tras la sentencia, a los tribunales europeos esgrimiendo que se les cercenaron pruebas y que otra instancia afee su sentencia por una cuestión técnica o formal.

El grupo más nutrido de testigos lo conforman el casi centenar de policías y guardias civiles, dentro del contingente de 6.000, desplazados a Cataluña para evitar el referéndum ilegal del 1 de octubre y que resultaron lesionados cuando intentaban retirar las urnas. El Supremo no quiere que el juicio se dilate innecesariamente con reiteración de preguntas. Será inflexible en que las 16 partes del proceso no repitan las mismas preguntas a los mismos testigos ni desvíen el interrogatorio. Por ejemplo, si se trata de los policías heridos no caben muchas más preguntas que las siguientes, orientan fuentes jurídicas: “¿Resultó usted herido? ¿Qué lesión tuvo? ¿Dónde? ¿Vio quién le agredió?”

También vigilará el Supremo que las cuestiones que plateen las partes se centren en el objeto del proceso y no en alegatos políticos secesionistas. Aunque en el Supremo reconocen que será complicado cortar eventuales proclamas. Y menos aun cuando, al final del juicio, y por ley, hay que ofrecer a los acusados la palabra para que digan lo que crean conveniente en su defensa.

Aún no hay fecha oficial para el comienzo del juicio, pero el tribunal baraja el próximo 5 de febrero o, a más tardar, el 12. En sesiones de mañana y tarde de martes a jueves, la intención del Supremo es, si no hay obstáculos procesales, tener acabado el juicio en los primeros días de mayo, semanas antes de las elecciones municipales previstas para finales de ese mes, y hacer pública la sentencia antes de agosto.

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