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JUICIO AL PROCÉS OPINIÓN i

Una salida para Cataluña

La gran ocasión secesiva, si existió, se marchitó en 2017 sin que sus urdidores hayan acabado de extraer mucha lección provechosa de las causas de su fracaso

Quim Torra, el sábado con una sudadera reinvidicativa en el Congreso constituyente de la Crida. rn
Quim Torra, el sábado con una sudadera reinvidicativa en el Congreso constituyente de la Crida. EL PAÍS

Cataluña, y con ella el president Quim Torra, tienen que decidir claramente en qué emplean su tiempo durante los próximos tres meses. Es el plazo que durará previsiblemente el proceso al procés, la vista oral de sus dirigentes en prisión preventiva.

El titular de la Generalitat ha insinuado que se afanará en casi todo menos en gobernar: viajes activistas, agitación en torno al proceso judicial, política declarativa, deslegitimación del entramado institucional del Estado democrático al que representa en Cataluña.

Todo ello al objeto de fraguar una gran maniobra de desacato popular para cuando se conozcan las sentencias, que reputa a un tiempo predictadas e injustas: él adivina que esa sería la gran ocasión, el momentum para reintentar la secesión. Esa operación reverberaría la fallida, efímera, triste, desunida y ridícula proclamación de la República del 27 de octubre de 2017.

Nada presagia que esta estrategia conduzca a algo bueno para nadie. Ni siquiera a nada de nada. Porque las sentencias no están escritas, ni serán calcadas. Porque su impacto, tras un denso juicio radiotelevisado, no es evidente ni unívoco.

Y sobre todo porque la gran ocasión secesiva, si existió, se marchitó en 2017 sin que sus urdidores hayan acabado de extraer mucha lección provechosa de las causas de su fracaso: la solidez del Estado democrático, superior a la que calcularon; su escasa preparación técnica y psicológica, con todo superior a la actual; la falacia del supuesto apoyo de la UE; la fallida neutralidad del mundo económico, y la inexistente unanimidad de los catalanes.

Dispone Torra de mejor alternativa que la agitación. Arrimarse al afán negociador de su vicepresidente Pere Aragonès (de Esquerra). Y pergeñar alguna salida al embrollo que él mismo y sus predecesores han deparado al país que dicen defender.

La referencia británica puede serle útil. El referéndum del Brexit (en aquel caso legal) ha sumido durante dos años y medio al Reino Unido en un disparate continuo. Y en riesgo del vacío internacional y del retorno a la Gran Recesión. Al punto de que una salida menos mala es celebrar un segundo referéndum.

Al compás de esa idea puede elaborarse una estrategia. Aunque los referendos con opciones binarias de desarrollo ignoto suelen ser desastrosos, un buen clavo procesal puede extraer un clavo mal clavado. Y devolver a una sociedad a la senda de la normalidad.

Se trataría pues de pactar con el Gobierno la realización de un referéndum legal, con arreglo a la legalidad vigente —no sobre la secesión y disolución del Estado, esa necedad carente hoy de mayoría en Cataluña— sino sobre una actuación legal y constitucional: sobre si los catalanes apoyan un proceso de renegociación del statu quo actual. También podría acudirse a la ley autonómica 10/2014 de consultas populares no refrendarias de 26-9-2014.

Eso acarrearía dos ventajas: la posibilidad de acabar con la fractura política que les divide y obstaculiza cualquier iniciativa positiva; la de reorientar a los votantes indepes hacia un camino practicable y legal.

Una idea equivalente ha sido originariamente formulada por el negociador empresarial Joaquim Coello, tomando cuerpo de la referencia irlandesa de 1920 y su estatuto autonómico de 1921 (El replà, Ara, 31-12-2018).

Coello le añade la sugerencia de una negociación posterior rápida y tranquila que se plasmase en un nuevo estatuto. Que tampoco está escrito. Más que difícil, sí, pero menos inviable que el actual callejón sin salida.

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