Podemos tumba el decreto de reforma de los alquileres del Gobierno
El voto en contra de 243 diputados provoca la primera derrota de una reforma aprobada con urgencia por el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez
Unidos Podemos ha votado finalmente en contra del decreto ley sobre alquileres que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha defendido este martes en una sesión extraordinaria del Congreso de los Diputados. "Vamos a votar en contra porque no recoge los acuerdos que pactamos con el presidente del Gobierno", avanzó Irene Montero, portavoz de la formación morada, a su entrada por la mañana a un pleno especial con ocho reales decretos de contenido social en su orden del día. El decreto de alquileres no salió adelante por la tarde con el voto en contra de 243 diputados del PP, Ciudadanos, Podemos, ERC y Bildu y se convirtió en la primera derrota de este tipo de iniciativas excepcionales desde que gobierna el socialista Pedro Sánchez. Solo respaldaron esa reforma los 103 escaños del PSOE, Coalición Canaria, Compromís, PDeCAT y PNV, que habían pedido su tramitación posteriormente como proyecto de ley para incluir mejoras. El PSOE y Podemos desligan este desacuerdo de su pacto para los Presupuestos.
El grupo confederal de Unidos Podemos negoció con el Ejecutivo de Pedro Sánchez hasta el límite incluir en el decreto ley de vivienda que los Ayuntamientos pudieran limitar los precios del alquiler, la definición de vivienda vacía o un preaviso de seis meses en el contrato de arrendamiento, tal como se recogía en el acuerdo presupuestario al que habían llegado ambas partes en octubre. Fuentes de En Comú Podem, cuyo equipo de negociación ha encabezado la diputada Lucía Martín, aseguran que las propuestas planteadas ahora por el Gobierno "no fueron suficientes" para garantizar la continuidad del "acuerdo potente" al que llegaron entonces.
Ese acuerdo sobre los Presupuestos contenía un apartado referido a la vivienda y una de las propuestas era la de desarrollar índices oficiales de precios de alquileres (algo que actualmente solo hacen Cataluña y la Comunidad Valenciana) y habilitar a comunidades autónomas y Consistorios para limitar las subidas de precios en las zonas "tensionadas", es decir, aquellas donde se considera que el crecimiento de las rentas es excesivo. La ausencia de esta medida de control de precios y de otras como la referencia obligatoria de las subidas anuales dentro del contrato a algún índice oficial (normalmente el IPC), no gustó a Podemos desde un principio.
Ya el día en que el Consejo de Ministros aprobó el decreto, el pasado 14 de diciembre, Podemos denunció además que el Ejecutivo no les había avisado de que iba a sacar esas medidas, cuando paralelamente se estaban negociando algunos de esos puntos. El resultado fue que, apenas unas horas después del anuncio de la nueva norma, Pablo Iglesias ya advirtió de que su partido votaría en contra si no se incluían medidas para limitar las subidas de los alquileres.
Martín confirmó este martes en la tribuna el voto contrario de su formación, pero dejó en el aire la posibilidad de reconducir la situación y variar la posición de su partido si continúan los contactos de las últimas horas y agregó: "Votamos en contra y no buscamos humillarles ni hacerles daño ni deshacer la mayoría que se formó en la moción de censura".
Al perder el Gobierno esta votación, el decreto ha decaído y dejan de estar en vigor medidas como la ampliación de la prórroga de los contratos de alquiler de tres a cinco años. El Consejo de Ministros tendrá que intentar aprobar otro decreto en breve.
El ministro Ábalos y más tarde la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, reclamaron responsabilidad a Podemos y pidieron hasta el final su voto, con el fin de lograr reformar la ley de vivienda en vigor desde 2013, que no ha conseguido desmontar la burbuja en el mercado de alquiler ni evitar el incremento de desahucios. Ábalos ensalzó algunas de las primeras medidas urgentes a la espera de una completa ley de vivienda, como dar más seguridad y lograr un equilibrio de fuerzas entre los propietarios y los inquilinos, frenar a los fondos buitre o habilitar un parque de 20.000 viviendas sociales y alertó: "Es una oportunidad que no podemos perder. Las oportunidades se aprovechan o se desaprovechan". No logró su objetivo.
Cesiones añadidas
Por su parte, Adriana Lastra, vice secretaria general del PSOE y portavoz de su grupo en el Congreso, diferenció esa posición de Podemos sobre este concreto decreto del pacto suscrito para el proyecto de Presupuestos, ahora en fase de negociación con otros partidos. "Son dos cosas distintas", comentó, y lamentó el decaimiento de la norma propuesta como una "mala noticia para los seis millones de personas que viven de alquiler en España". El PSOE avanzó que seguirá negociando con Podemos y que podría presentar otro decreto ley en breve, incluso en unas semanas, pero fuentes de Fomento filtraron que será muy complicado aceptar algunas de las exigencias de Podemos.
Lastra avisó así a Podemos de que para sacar adelante determinados reales decretos se necesitan más votos que los de la formación morada, es preciso hablar con más partidos y por tanto son obligadas algunas cesiones.
Unidos Podemos adelantó que por ahora rechazarán también el texto del Gobierno cuando comience su tramitación como proyecto de ley en una segunda votación abierta a enmiendas. En este segundo trámite, el PP y Ciudadanos pueden recurrir al bloqueo por tener mayoría en la Mesa del Congreso.
Ábalos había justificado en su exposición la necesidad y urgencia del decreto por la desregulación del mercado que provocó la reforma de la ley de vivienda de 2013, la falta de parque social de pisos de alquiler y el aumento de los desahucios (7,9% el año pasado). Fuentes del Gobierno argumentan que no es ni jurídica ni constitucionalmente fácil intervenir en los precios de los alquileres a los particulares y valoraban que en el decreto se ampliaba el plazo de prórroga de los contratos de alquiler de tres a cinco años. No obstante, Fomento busca fórmulas paliativas de tipo fiscal para atacar la actual burbuja y desincentivar el afán de los propietarios de elevar desmesuradamente los precios de los alquileres.
El PP y Ciudadanos anunciaron su voto en contra al considerar que los cambios no aseguran la solución a los problemas ni aumentan la oferta. Coalición Canaria, Compromís, PDeCAT y PNV aceptaron que algunas propuestas tenían aspectos positivos y apoyaron la iniciativa a cambio de que se tramite como proyecto de ley para poder introducir en ese proceso más mejoras. Esa opción no convence de entrada a Podemos, ya que los plazos de ese trámite pueden alargarse mucho por la capacidad que tendrían los grupos para dilatar todo el procedimiento. Tanto el PP como Ciudadanos no están de acuerdo con este decreto, por lo que esa prevención de Podemos está justificada.
El Gobierno socialista sigue sin tener ninguna garantía de que los decretos que aprueba en el Consejo de Ministros vayan a ser una realidad, ya que obligatoriamente tienen que ser convalidados antes de un mes en el Congreso. El Ejecutivo de Sánchez había utilizado con éxito en estos meses ese procedimiento excepcional y urgente ya en 17 ocasiones, pero el revolcón político de este martes pone en evidencia su precariedad (solo 84 diputados), al albur de que los grupos nacionalistas y Unidos Podemos le apoyen. El panorama es agridulce porque el Ejecutivo logró, en este mismo día, el respaldo para otros siete decretos ley. Obtiene con ellos un balance de 24 decretos ley aprobados en estos siete meses.
Pensiones y funcionarios
El Gobierno no ha tenido tantos problemas para aprobar esos siete decretos de marcado contenido social, todos los cuales se tramitarán como proyectos de ley. Es el caso de la norma que fija el alza de las pensiones por encima de la inflación prevista para 2019, pese a que Podemos también presionó en ese punto hasta el último momento. Se aprobó con 181 votos a favor, un no y 164 abstenciones (entre ellas las de los parlamentarios del PP y de Ciudadanos). El decreto significará una subida del 1,6% como norma general y un 3% para las pensiones mínimas y no contributivas. Durante los seis primeros meses de 2019 el Gobierno deberá establecer un mecanismo de revalorización, pactado con sindicatos y empresarios y con los grupos parlamentarios a través del Pacto de Toledo.
“Hoy se pone fin al periodo de merma del poder adquisitivo de las pensiones”, dijo Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros de diciembre en el que se aprobó esa medida. No obstante, la subida de las pensiones fue un compromiso que también alcanzó hace casi un año el Ejecutivo de Mariano Rajoy con el PNV, como subrayó en el debate el portavoz del PP, Carlos Floriano, que criticó que el Ejecutivo mezclase ese aumento de las pensiones "con la eliminación de los incentivos de contratación de los jóvenes" desarrollados en su día en la reforma laboral del Gobierno Rajoy. Le pareció una "vergüenza y una estrategia miserable". Ciudadanos se acabó sumando a esa posición tras constatarse que apoyó entonces aquella reforma laboral del PP.
Tampoco ha habido ninguna dificultad para que el Congreso convalide la subida del sueldo de los funcionarios prácticamente por unanimidad, con 343 votos a favor, un no y dos abstenciones. Para este año tal alza será como mínimo del 2,25%, pero se le sumará un 0,25% más vinculado a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de fondos adicionales. Ese 2,25% lo cobrarán todos los empleados públicos de todas las Administraciones de manera lineal. Los suplementos no están garantizados, ya que tienen que ver con el crecimiento de la economía. Estos aumentos son reivindicados también por el PP como propios, puesto que los negoció su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Los tres precedentes de decretos derrotados
Con la derrota del decreto ley de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, la primera de los 17 presentados en estos siete meses, son en total cuatro las normas de este rango que han sido tumbadas por el Congreso desde 1976. El Ejecutivo de Mariano Rajoy perdió en la XII legislatura otra votación muy simbólica el 24 de febrero de 2017 para la reforma del sector de la estiba (modificación del régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías) que se exigía por el cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El anterior precedente ocurrió en la VIII legislatura, el 20 de enero de 2006, cuando una treintena de diputados socialista se equivocaron al votar el decreto ley por el que se aumentaban los tipos impositivos del impuesto sobre las labores del tabaco y que fue rechazado por el pleno con 152 votos a favor y 169 en contra.
La primera ocasión en la que no prosperó un decreto ley del Gobierno fue en la legislatura constituyente, el ocho de enero de 1979, cuando la Diputación Permanente del Congreso rechazó la convalidación de un decreto del Ejecutivo de Adolfo Suárez que prorrogaba por el tiempo indispensable la actuación de la Junta Central de Acuartelamiento.
