Podemos amenaza con echar abajo el decreto de vivienda

Podemos y ERC mantendrán hasta última hora su amenaza de infrigir una rotunda derrota al Gobierno de Pedro Sánchez si confirman este martes en el Congreso su decisión de votar contra el decreto que pretendía cambiar la regulación de los alquileres por no incluir la capacidad de los ayuntamientos de intervenir para limitar los precios. La negociación continuará hasta última hora. El ejecutivo socialista se presenta así con el único apoyo claro del PNV y el PDeCAT para convalidar ese decreto ley y otros siete de relevancia por su impacto social.

El Gobierno socialista sigue sin tener ninguna garantía de que los decretos que aprueba en el Consejo de Ministros vayan a ser una realidad ya que obligatoriamente tienen que ser convalidados antes de un mes en el Congreso y algunos de sus teóricos socios se muestran reacios a colaborar. El ejecutivo de Sánchez ha utilizado en estos meses ese procedimiento excepcional y urgente ya en 18 ocasiones con éxito pero hoy podría sufrir un revolcón político que pondría en evidencia su precariedad (solo 84 diputados) al albur de que los grupos nacionalistas y Unidos Podemos le apoyen.

Tanto el partido de Pablo Iglesias como ERC se han negado hasta el final a confirmar si están dispuestos a convalidar el Real Decreto Ley de Vivienda, que pretendía retocar la actual regulación de los alquileres, por no haber incluido la demanda de estos grupos de limitar el precio de esos pisos a través de los ayuntamientos.

El Ejecutivo aún no ha tirado la toalla pero sabe que tiene difícil convencer a Podemos y ERC antes de la votación en la tarde de este martes (sobre las 17.00 o 18.00 horas) de este decreto que casi con total seguridad tampoco contará con el apoyo de PP y Ciudadanos. Si la votación es negativa el decreto no entrará en vigor.

Rafael Mayoral, portavoz de Podemos, ratificó este lunes la oposición de su grupo porque entiende que el decreto no se corresponde con el acuerdo adoptado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. En el texto planteado hay medidas que facilitan más seguridad para los inquilinos, se amplía el plazo de prórroga de los contratos a cinco años, pero no se especifican detalles sobre posibles topes para las rentas.

Desde el Gobierno se argumenta que no es ni jurídica ni constitucionalmente fácil intervenir en los precios de los alquileres a los particulares. No obstante, desde el Ministerio de Fomento se buscan fórmulas paliativas de tipo fiscal para atacar la actual burbuja y desincentivar el afán de los propietarios de elevar desmesuradamente los precios de los alquileres.

Como fórmula para seguir negociando el Gobierno propone que hoy, tras la convalidación del decreto, se produzca otra votación para que se tramite este decreto como proyecto de ley de manera que se haga posible la introducción de enmiendas. Esa opción, que respaldarían PNV, PDeCAT y Ciudadanos, no convence de entrada a Podemos ya que los plazos de ese trámite pueden alargarse mucho por la capacidad que tendrían los grupos para dilatar todo el procedimiento. Tanto el PP como Ciudadanos no están de acuerdo con este decreto por lo que esa prevención de Podemos está justificada.

El aviso del probable voto en contra de Podemos a ese decreto no parece una mera pataleta, como ha expresado la portavoz de En Comú Podem, Lucía Martín, que lo considera tan importante como para condicionar su apoyo a los presupuestos, la gran prueba de fuego de su alianza con el PSOE que puede determinar la duración de la legislatura.

Desde el Gobierno se ha tanteado el apoyo o la abstención del PP o Ciudadanos, pero sin éxito. El partido de Albert Rivera rechaza de plano elevar la duración de los alquileres o rebajar las fianzas porque ello llevaría a “reducir la oferta al poner más trabas a los propietarios”, apuntan fuentes oficiales. Cs acusa al actual y al anterior Gobierno de dejación de funciones al delegar la delimitación del alquiler turístico en manos de las comunidades autónomas en vez de que exista una regulación estatal.

Pensiones y funcionarios

No habrá tantos problemas para el gobierno en la aprobación del alza de las pensiones por encima de la inflación prevista para 2019. Un 1,6% se establecerá como norma general y un 3% para las mínimas y no contributivas. Durante los seis primeros meses de 2019 el Gobierno deberá establecer un mecanismo de revalorización, pactado con sindicatos y empresarios y con los grupos parlamentarios a través del Pacto de Toledo. “Hoy se pone fin al periodo de merma de poder adquisitivo de las pensiones”, dijo Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros de diciembre en el que se aprobó esa medida. No obstante, la subida de las pensiones fue un compromiso que también alcanzó hace casi un año el ejecutivo de Mariano Rajoy con el PNV.

Tampoco habrá dificultad para que el Congreso convalide la subida del sueldo de los funcionarios. Para este año tal alza será como mínimo del 2,25%, pero se le sumará un 0,25% más vinculado a la evolución del PIB y otro 0,25% procedente de fondos adicionales. Ese 2,25% lo cobrarán todos los empleados públicos de todas las administraciones de manera lineal. Los suplementos no están garantizados ya que tienen que ver con el propio crecimiento de la economía. Estos aumentos serán reivindicados también por el PP como propios ya que los negoció su ministro de Hacienda, Critóbal Montoro.

Unas de las reivindicaciones que aún se negociaba a última hora del lunes era la de la equiparación salarial de los funcionarios de prisiones, entre otras mejoras para ese sector. Podemos se ha erigido en portavoz de las demandas de esos empleados y en este caso sí aceptaba que el decreto, tras ser convalidado, se desarrolle más tarde como proyecto de ley para cerrar más tarde su negociación. La negativa del Gobierno a ese proceso sería inútil porque lo puede imponer la oposición.