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Podemos y PP mantienen en el aire la convalidación del decreto de Vivienda

Fomento pide al INE que elabore una estadística sobre precios de alquiler

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos (derecha), el pasado 14 de diciembre en la rueda de prensa en que se presentó el decreto de vivienda.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos (derecha), el pasado 14 de diciembre en la rueda de prensa en que se presentó el decreto de vivienda.

El decreto sobre alquileres del pasado diciembre será papel mojado si el PP o Podemos no lanzan un salvavidas al Gobierno en las próximas horas. En la víspera del Pleno del Congreso que debe convalidar ese real decreto-ley, ambas formaciones se mantienen en la negativa a apoyarlo. "En principio votaremos 'no", ha confirmado al teléfono en la mañana de este lunes Lucía Martín, portavoz adjunta de Podemos en el Congreso. En la formación morada no gustó ese texto, que el Gobierno aprobó sin consenso con sus socios parlamentarios y mientras paralelamente se estaba negociando con ellos sobre la materia, porque consideraron que incumple un acuerdo previo: el de presupuestos que suscribieron en octubre el Ejecutivo y Podemos.

La ausencia de referencias a los índices de precios de alquiler chirrió desde el principio. Pero había más. Desde Podemos creen que el literal del decreto tampoco respeta lo acordado en materia de desahucios, ni otorga a las administraciones suficiente derecho de tanteo y retracto para evitar que los fondos de inversión compren bloques enteros de pisos, ni establece el plazo mínimo de seis meses para que el arrendador avise al inquilino, ente otras medidas que aparecían reflejadas en el texto del acuerdo del pasado octubre.

Para paliar el que parecía el principal escollo, el Ministerio de Fomento se ha movido en la última semana. La secretaria general de Vivienda, Helena Beúnza, mandó una carta fechada en 15 de enero al Instituto Nacional de Estadística para pedirle la elaboración de una estadística de los precios de alquiler, según adelantó este domingo eldiario.es. Para Podemos el paso es "positivo" porque supone avanzar en la obtención de estadísticas oficiales, pero "vincular eso a regular subidas de precios no tiene ningún sentido", aclara Martín. Como ejemplo señala que es algo que el PP ya anunció en 2017, siendo ministro de Fomento Íñigo de la Serna, sin que se lograse nada concreto. Una cosa es tener una estadística oficial, señalan en la formación morada, y otra habilitar a las administraciones competentes a regular las subidas de precios. "Lo que queremos es que sigan trabajando con nosotros en un nuevo decreto", concluye Martín.

También el PP se opone a convalidar el decreto, pero por otras razones. A su juicio la solución para el alquiler pasa por poner más vivienda en el mercado, y no por revertir las reformas que el Gobierno de Rajoy hizo en 2013, cuando acortó la duración de los contratos (el decreto los prolonga de tres a cinco años para personas físicas y a siete años si el arrendador es una empresa). Desde Fomento se iniciaron conversaciones con los diferentes grupos hace dos semanas, pero aparentemente no hay avance. "Podrían haber negociado nuestra abstención, pero con el acuerdo presupuestario con Podemos en la sombra, no se puede", señala una fuente parlamentaria del PP.

PNV y PDeCAT, a favor

Con Ciudadanos a la espera de decidir su posición en las próximas horas, las negociaciones continúan. El decreto cuenta de momento con los votos del PSOE y las fuerzas nacionalistas. Tanto PDeCAT como PNV se inclinan por el sí, con el objetivo de tramitarlo luego como Proyecto de Ley para introducir enmiendas, según han confirmado este lunes fuentes de ambos grupos parlamentarios. La posición de Compromís, que a las generales acudió en coalición con Podemos pero en el Congreso forma parte del Grupo Mixto, es similar. ERC, por el contrario, ha avanzado este lunes que votará en contra, informa Europa Press.

Las cuentas, en cualquier caso, no salen si al menos no se abstienen Podemos o PP. Ambos partidos suman 201 escaños, suficientes para rechazar la convalidación del decreto. Se trataría de un varapalo para el Gobierno con  dos únicos precedentes en la Democracia. En 1979 la diputación permanente tumbó un decreto del Gobierno de Suárez para prorrogar la Junta de Acuartelamiento, un organismo heredado del franquismo, y en 2017 el Congreso rechazó el de estiba que presentó el anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (PP). En 2006, la cámara baja también derogó un decreto del Ejecutivo de Zapatero, pero fue por un error al votar los diputados socialistas, que se enmendó presentando y ratificando rápidamente otro.

Protestas de empresarios e inquilinos

El Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 14 de diciembre, también ha encontrado resistencias fuera del Congreso. La Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (Asipa) ha hecho pública este lunes una carta en que señala que la convalidación parlamentaria de la norma “puede afectar de manera negativa a millones de ciudadanos”. La misiva, que ha sido dirigida al Gobierno y representantes de los partidos políticos, asegura que las medidas contenidas en la norma no justifican su tramitación como decreto urgente.

La patronal que agrupa a algunas de las mayores socimis de España también asegura que el texto "rompe" la seguridad jurídica y el equilibrio contractual entre propietarios e inquilinos. Y añade que se "penaliza al inversor institucional" por imponer un plazo mayor de contrato cuando el arrendador  es una persona jurídica.

La inminente votación sobre el decreto también ha movilizado a organizaciones sociales como la PAH o las plataformas de inquilinos de varias ciudades. Estas asociaciones han convocado manifestaciones este lunes ante las sedes del PSOE en Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga, entre otras, para exigir una regulación sobre el precio de los alquileres. En Barcelona, un grupo de militantes ha irrumpido en el vestíbulo de la sede del PSC con el objetivo de pasar allí la noche como medida de protesta, informa Efe.

Fe de errores

En una versión anterior del artículo se afirmaba el único precedente en que el Congreso rechazó un real decreto-ley fue en 1979. En marzo de 2017, el decreto de la estiba también fue derogado por la cámara baja.

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