Cataluña busca aire en la negociación presupuestaria tras años de recortes

Desde la Generalitat se defiende que con las actuales reglas presupuestarias —de déficit, de gasto y de deuda— hay escaso margen para mejorar las cuentas en vigor: apenas 1.600 millones de euros, de los que el grueso estarían comprometidos ya por la mejora de los salarios de los funcionarios y por las reivindicaciones laborales de los empleados públicos que acabaron en diciembre con huelgas. Durante la negociación parlamentaria se podría negociar una mejora de transferencias que contribuiría a mejorar las finanzas catalanas, defienden algunas fuentes del Govern, aunque hay resistencia a negociar los Presupuestos mientras siga la prisión preventiva para los líderes del procés.

De momento hay escaso margen con el que seducir a los ocho diputados de los comunes. Si estos estuvieran dispuestos a votar a favor, las cuentas saldrían adelante. Pero piden más gasto social y más ingresos básicamente en el impuesto de la renta y en Sociedades. Si los comunes solo se abstuvieran, sería necesaria la participación también del PSC votando en blanco. “Creemos que si el Govern apostara por una reforma fiscal ambiciosa el margen aún sería mayor para atacar los problemas reales del país y revertir recortes”, pide Alícia Romero, diputada del PSC, partido que se ha abierto a apoyar las cuentas catalanas si se votan las estatales.

Tras ocho años de recortes, Aragonès necesita un balón de oxígeno y los 1.600 millones de mejoras en gasto para 2019 —originados por los avances de la economía— se dan por buenos. Actualmente está al día, pero con esfuerzos. En octubre tuvo que ordenar a las consejerías que no gastaran más dinero ante el temor de saltarse el objetivo de déficit.

Desde el Gobierno español se ha defendido que las cuentas del Estado acarrearían 2.200 millones de euros para Cataluña. Los análisis con los que trabaja el Govern, sin embargo, niegan esa afirmación. Limitan a unos 350 millones de euros la mejora, aunque sí agilizarían la llegada de unos 1.500 millones. Existe la posibilidad, defienden desde el Govern, de canalizar los recursos a las comunidades autónomas a golpe de decreto. Apoyar los Presupuestos en Madrid respondería entonces a la lógica política: mantener el Gobierno de Pedro Sánchez. “Tienen que decidir si los aprueban y temo que ya saben que no es lo mismo el PSOE que el PP de Pablo Casado y Vox [en caso de que no se aprueben y se fuercen elecciones generales]. Si cae el Gobierno de Sánchez no se podrá modificar la regla de gasto [y ganar margen]. Creo que quieren ganar tiempo”, explica David Cid, diputado de Catalunya en Comú

Fuentes de la Generalitat admiten que poco a poco se ha ido rompiendo el hielo entre los ejecutivos de Sánchez y de Torra. En materia presupuestaria, el primer gesto llegó con el permiso para que Cataluña convirtiera 2.770 millones de euros que tenía a corto plazo en deuda del FLA. Esas siglas (Fondo de Liquidez Autonómico) se han convertido en los últimos años en un auténtico salvavidas para la Generalitat, que ha recibido en ese tiempo 80.300 millones de euros de financiación desde 2012.

El otro se conoció en diciembre, cuando Hacienda permitió a la Generalitat abandonar el FLA y pasar a financiarse con el Fondo de Facilidad Financiera (FFF) a partir de este año. Las nuevas siglas dotarán este año a la Generalitat de 6.713 millones.

El FFF supone relajar los niveles de control por parte de Hacienda y no hubiera sido posible si no se hubieran logrado en 2017 los objetivos de déficit y de deuda y si los proveedores no cobraran con los márgenes que marca la ley, 30 días.

El Gobierno catalán ya no tiene problemas de liquidez y paga regularmente, pero lo hace con esfuerzo. Ansía más capacidad de gasto y libertad para moverse en los mercados. El FFF lo pone más cerca. Volver a financiarse más allá de la Tesorería del Estado depende de que las agencias de rating suban un escalón sus calificaciones de deuda, actualmente en el rango de bono basura, y generen la confianza para que los inversores vuelvan a llamar a la puerta de la Administración catalana.

Albert Carreras, quien fuera número dos del Departamento de Economía de Andreu Mas-Colell, defiende que eso no sería únicamente bueno para la Generalitat. “Si las comunidades autónomas pudieran acudir a los mercados financieros el Estado podría lucir ante la Unión Europea de que ha logrado salir de la crisis. Es el mejor escaparate: la normalización de las finanzas de sus gobiernos autonómicos”, explica. En el Govern no esperan que eso ocurra este año. Quizás en 2020.