47 asesinadas por sus parejas y exparejas... y otros feminicidios

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Laura Luelmo figurará en la nueva estadística de violencia de género

Información permanente revisable, por Miguel Lorente

Así se mata en España

El pasado año, 47 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas —975 desde que existen registros oficiales—, la cifra más baja desde que hay registro oficial. La radiografía es la de una mujer de mediana edad (17 tenían entre 41 y 50 años), asesinada por una pareja con la que además convivía (sucedió en 28 de los casos) y que no contaba con denuncia previa (solo 14 lo habían hecho).

A pesar de ese nuevo mínimo —al que se suman tres menores asesinadas por violencia machista—, colectivos e instituciones coinciden en que no es suficiente. Cero es el único número que celebrar en un conteo que, hasta ahora, solo reconoce los asesinatos dentro de la pareja. Algo que cambiará a medio plazo con la nueva estadística que prepara la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, que ya ha solicitado a las delegaciones del Gobierno datos desde el 1 de octubre sobre las víctimas mortales que no se hubiesen dado en ese ámbito. Un registro en el que entrarán víctimas como Laura Luelmo, asesinada por Bernardo Montoya en El Campillo (Huelva) el pasado diciembre.

Para Graciela Atencio, directora de Feminicidio.net —un portal que recopila todos los asesinatos de mujeres a manos de hombres y que, para 2018, cuenta 97—, la clave estará en qué se considere violencia de género. "El machismo será clave para decidir, pero hay una delgada línea roja que depende de la perspectiva de quien revise cada caso". Algo con lo que Pilar Llop, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, está de acuerdo, según comentó el pasado diciembre cuando anunció el nuevo registro: "Es necesario no solo recabar, sino analizar esos datos para conocer la realidad". Atencio agrega que "la única forma de discernir es tener todos los datos posibles. Entre otras cuestiones, para poder evitar mitos y falacias como las de Vox, que asegura, por ejemplo, que el Gobierno oculta datos de violencia de mujeres contra hombres".

La idea de considerar la violencia machista fuera de la pareja es algo que vienen pidiendo numerosas expertas y organizaciones y que incluirá también a víctimas de trata o prostitución, por ejemplo. Algunos de esos asesinatos son parte de lo que la directora de Feminicidio.net llama "zonas grises", en las que entran en juego factores que no siempre pueden corroborarse: "Por ejemplo, las que mueren por intentar resistirse a una agresión sexual, como sucedió con Luelmo". A la profesora asesinada en El Campillo también se remite Soledad Murillo, la secretaria de Estado de Igualdad, que apela a un entorno más alerta y más dispuesto a actuar, a denunciar.

La presidenta del Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial Ángeles Carmona, también alude a esta perspectiva más amplia sobre la violencia. Cree que se ha tomado ya conciencia de que violencia de género "no solo es el maltrato físico, psíquico o sexual que sufren las mujeres dentro del entorno de la pareja afectiva, sino que también las mujeres son discriminadas, violadas, agredidas, secuestradas y asesinadas por hombres con quienes no han tenido ningún tipo de relación sentimental, mujeres que solo cometieron el delito de ser mujeres y salir a la calle a hacer deporte o a divertirse".

Según el sistema VioGen, la herramienta de seguimiento de los delitos de violencia machista utilizado por la policía, en noviembre de 2018 había 476.718 víctimas registradas y un total de 525.830 casos, de los cuales se contabilizaban como activos 57.096 (2.303 más que la cifra final del año anterior): 16 considerados como riesgo extremo, 183 alto y 5.478 medio.

Las denuncias

En cuanto a denuncias, los datos oficiales hasta el tercer trimestre registran una bajada hasta las 125.223, después de que en 2017 se alcanzara el máximo histórico con 166.260. De las 47 asesinadas, solo 14 lo habían hecho; para 11 de ellas se habían solicitado medidas de protección de las que había nueve concedidas y cinco estaban activas en el momento del asesinato. Murillo insiste: "Sigue sin denunciarse la violencia y por eso se está trabajando en el título habilitante, para que las víctimas puedan entrar en la cadena de protección oficial sin tener que denunciar previamente". Una forma de acreditar a las víctimas que, en principio, el Gobierno quiere que pueda hacerse desde distintos organismos o colectivos y en cuyo funcionamiento todavía están trabajando.

Según Ángeles Carmona  —que recuerda que el Tribunal Supremo ha sido pionero este año al reconocer que la agravante de género debe aplicarse a todos los delitos cometidos contra una mujer por el hecho de ser mujer— hay, a pesar de todo, conclusiones positivas. Una es que 2018, "sin duda alguna", ha tenido una protagonista esencial entre las preocupaciones que ha ocupado las agendas políticas, sociales y de los medios de comunicación: "Ha sido el año en el que la violencia sobre la mujer se ha elevado a la categoría de cuestión de Estado". Otra es que "el trabajo realizado de manera profesional y especializada por parte de jueces, fiscales, letrados, funcionarios, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, orientadores, profesionales de la comunicación y asociaciones de mujeres se hace imprescindible cada día".

Carmona, Atencio y Murillo coinciden en que todo lo que queda por hacer está en el pacto de Estado contra la violencia de género. Ahora falta su aplicación total.