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Información permanente revisable

La propuesta de la prisión permanente revisable como una especie de solución mágica, además de ineficaz, desvía el debate sobre otro tipo de medidas que inciden de forma directa sobre las circunstancias de la violencia de género

Manifestación del pasado 8M en Sevilla.
Manifestación del pasado 8M en Sevilla.

Si supiéramos que nuestro vecino es un ladrón reincidente probablemente no dejaríamos la puerta abierta ni a él en la entrada del piso mientras vamos a buscar el limón o el cartón de leche que nos ha pedido. Si nos dijeran en el hospital que tomar determinados alimentos o hacer ciertas actividades puede tener consecuencias graves para nuestra salud, lo más probable es que no las hiciéramos.

La pregunta es sencilla: ¿por qué si sabemos que hay maltratadores reincidentes que maltratan a varias mujeres, que incluso han llegado a asesinar a más de una pareja, y por qué si se conoce que algunos agresores sexuales pueden volver a agredir en una cultura machista que cosifica y responsabiliza a las mujeres no se actúa para que no suceda y, además, se facilita que esta realidad sea conocida para que las víctimas potenciales y los entornos puedan mejorar su protección y disminuir el riesgo?

La violencia contra las mujeres cuenta con dos factores críticos, por un lado los elementos propios de una situación criminal, y por otro, la normalidad de una sociedad que bajo el machismo la normaliza, la justifica y la invisibiliza, circunstancias completamente distintas a otros tipos de criminalidad que impactan en el abordaje de cada uno de los casos y en la prevención de todos ellos. El resultado de estos factores estructurales lleva a la conjunción de dos elementos que incrementan el riesgo para las mujeres de una forma directa: la invisibilidad de una violencia “normalizada” bajo las referencias socio-culturales, y la reincidencia de los agresores de género que dentro del marco del machismo los lleva a entender que las mujeres se mueven entre la idea de posesión y la de objeto, y que por tanto, ellos pueden poseerlas y utilizarlas.

Esa construcción es tan sólida que el 70% de la violencia en las relaciones de pareja y entre el 80% y el 85% de las agresiones sexuales no se denuncian. Por otra parte, la reincidencia de la violencia sexual, según los meta-análisis que se han realizado sobre la cuestión, es del 12,4% dentro de los primeros 68 meses, aunque el riesgo de reincidencia se mantiene elevado durante los primeros 15 años en el 32% de los agresores.

Esta realidad de dos caras (contextual y cultural), que lleva a que siempre salga cruz para las mujeres y cara para los hombres, genera cuatro tipos de situaciones con relación a los agresores: futuros agresores, agresores que ejercen la violencia (la mayoría sin que se sepa), agresores condenados y agresores potenciales tras la condena (reincidentes), y todos ellos conviven a diario dentro de la normalidad, puesto que se trata de una violencia estructural que nace de las propias referencias culturales sobre las que se levanta la desigualdad y la discriminación contra las mujeres, no es consecuencia de elementos particulares vinculados a una actividad criminal concreta, como ocurre en otros delitos.

La propuesta de la prisión permanente revisable como una especie de solución mágica, además de ineficaz, desvía el debate sobre otro tipo de medidas que inciden de forma directa sobre las circunstancias de la violencia de género. Y, curiosamente, quienes proponen esta medida son los mismos sectores de la sociedad y los mismos partidos que niegan la construcción de género del machismo en el origen de la violencia contra las mujeres.

La alerta y la información a las víctimas potenciales ya se hace en países como EE UU, fundamentalmente ante los casos de violencia sexual contra menores, con el objeto de completar la respuesta institucional directa. No se trata de abandonar las medidas sobre el resto de circunstancias, sino de completar las actuaciones sobre una situación que ahora mismo, al no contemplarse, favorece a los agresores a la hora de desarrollar su violencia, y aumenta el riesgo sobre las mujeres que se “crucen” en su vida. El objetivo no es “publicitar” una lista de maltratadores o de agresores sexuales, sino contar con un registro institucional al que poder acudir ante situaciones que generen riesgo y amenaza. De este modo, esa normalidad cómplice y silenciosa que actúa como un camuflaje para los agresores que acechan a sus víctimas podrá ser abordada de manera personal y directa atendiendo a las circunstancias de cada caso.

La realidad nos indica que no es posible garantizar una protección directa las 24 horas al día, los 7 días de la semana, por lo que se deben articular los procedimientos para facilitar la autoprotección y la gestión del riesgo por parte de las víctimas potenciales y sus entornos. Y una de las formas de hacerlo es contactar con las personas responsables, habitualmente las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para que les informen de la existencia de factores de riesgo en aquel agresor potencial que la mujer en cuestión detecte que está generando una situación de amenaza. Es decir, la información sólo se le puede dar a quienes indiquen de manera objetiva que existen situaciones intimidatorias, y siguiendo lo establecido en el protocolo.

El conocimiento por parte de las víctimas potenciales y sus entornos de dichos factores de riesgo facilita la gestión del mismo y aumenta el nivel de alerta y seguridad, tanto por la implicación de las personas en riesgo y sus entornos, como por el conocimiento que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad adquieren de esas circunstancias. Mejor la “información permanente revisable” que la prisión.

El ejemplo de Minnesota

En el estado de Minnesota, por ejemplo, existe un protocolo de respuesta sobre tres niveles de riesgo, basado en dar a conocer los antecedentes del agresor a determinadas personas.

Nivel 1. Riesgo bajo: se comunican los antecedentes a otras policías que puedan intervenir. Las personas que se sientan en riesgo pueden preguntar para ser informadas.

Nivel 2. Riesgo moderado: además de las anteriores, las instituciones y administraciones, por ejemplo las escuelas y colegios, son informadas (el protocolo va dirigido contra la pederastia). También se puede informar sin necesidad de que lo soliciten a personas que puedan ser agredidas en las circunstancias definidas por la investigación.

Nivel 3. Alto riesgo: se informa a las anteriores y a otros miembros de la comunidad, fundamentalmente a quienes viven en un radio de tres manzanas.

Este tipo de medidas completan la prevención primaria y secundaria con actuaciones dentro de la terciaria. No se trata de publicitar una lista de agresores, sino de quitarle espacio dentro de una normalidad que no es tal.

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