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El prior del Valle de los Caídos niega al Gobierno el acceso para exhumar a Franco

El Ejecutivo responde que “la posición obstruccionista del prior no impedirá que el proceso siga su curso”

Tumba de Francisco Franco frente al altar de la basílica del Valle de los Caídos.

La Iglesia ha comunicado oficialmente al Gobierno que no autoriza el acceso al Valle de los Caídos para la exhumación del dictador Francisco Franco, enterrado allí desde 1975. La nueva respuesta negativa la remitió el pasado 26 de diciembre el prior del Valle, el benedictino Santiago Cantera, después de que dos semanas antes la ministra de Justicia, Dolores Delgado, solicitara la preceptiva autorización para entrar en el templo a las más altas instancias de la Iglesia Católica. El prior argumenta que falta el consenso de la familia Franco y que el asunto está aún pendiente de pleitos judiciales. El culebrón se podría resolver en dos o tres meses en el Tribunal Supremo.

Tras la publicación de esta información por parte de EL PAÍS, el Gobierno manifestó que “esperaba esta actitud por parte de Santiago Cantera, cuyos antecedentes ideológicos son conocidos públicamente”. En su respuesta, el Ejecutivo recuerda que “antes de ingresar en la orden de los benedictinos, el religioso fue candidato a las elecciones generales de 1993 y a los comicios europeos de 1994 por el partido Falange Española Independiente”, además de señalar que “el prior se ha negado en distintas ocasiones a seguir las indicaciones dadas sobre este proceso por las autoridades eclesiásticas españolas, tanto desde el Arzobispado de Madrid como desde la Conferencia Episcopal”.

“La posición obstruccionista del prior Santiago Cantera”, prosigue el comunicado, “no impedirá que el proceso siga su curso, pero evidentemente hará que la opinión pública pueda llegar a considerar que la Iglesia española avala en su conjunto la negativa de este antiguo candidato falangista, hoy superior de los monjes benedictinos del Valle de los Caídos y, con ella, la negativa de la propia familia Franco”.

“El Gobierno, pese a los inconvenientes que pueda provocar el rechazo del prior Santiago Cantera, mantiene su decisión de seguir adelante con el proceso de exhumación, respetando cada una de las garantías a que tiene derecho la familia Franco por ley. Dentro de las gestiones previstas por el Gobierno figura el traslado de todos los requerimientos legales a las instancias superiores del prior Santiago Cantera”, concluye el texto.

La ministra Delgado remitió el pasado 11 de diciembre una notificación a la Abadía de Santa Cruz del Valle de los Caídos, en el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial (Madrid), para avanzar en el expediente de exhumación y posterior reinhumación de los restos del dictador. La comunicación se envió también al nuncio del Papa, Renzo Fratini; al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro; al abad de Santo Domingo de Silos —cabeza de la orden benedictina en España—, Lorenzo Maté; y al representante legal de la Congregación de Solesmes, Clemente Serna. En el texto, la ministra admite que para exhumar a Franco es necesario acceder a la basílica y que para ello “es necesaria la correspondiente autorización eclesiástica”. En la nota “se solicita autorización” para acceder al templo y “dar cumplimiento al acuerdo que, en su caso, se adopte” conforme a lo dispuesto en la ley de memoria histórica “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura”.

Las autoridades eclesiásticas recibieron la misiva oficial de la ministra Delgado, que les daba un plazo de 10 días para responder, y contestaron el 26 de diciembre a través de una carta del prior de la abadía, Santiago Cantera, que ha contado con el consentimiento y conocimiento de sus superiores, según fuentes jurídicas conocedoras del caso. El prior en su réplica insiste en sus argumentos ya conocidos para oponerse al acceso al templo para exhumar a Franco “sin el permiso de la familia”. Un mensaje que de distintas formas ha expresado el arzobispado y hasta el Vaticano, tras una visita de la vicepresidenta Carmen Calvo a Roma, pero al que añadían que la Iglesia no estaba contra la exhumación y delegaban esa responsabilidad en el Gobierno.

El representante de los Franco ya ha comunicado varias veces que la familia se niega a la exhumación y también que si el Gobierno la lleva en cualquier caso adelante, como es su pretensión, recurrirá esa iniciativa ante el Tribunal Supremo y no aceptará otro lugar para la hipotética inhumación que la cripta familiar en la catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid. Una idea que el Gobierno rechaza de plano y para la que está buscando informes que lo prohíban incluso alegando razones de seguridad.

El prior del Valle de los Caídos también arguye en su respuesta que el caso aún está sub iúdice, en proceso de juicio, y que en su día tendrá que resolverlo el Tribunal Supremo. La solicitud formal de la ministra de Justicia es otro paso obligado más, administrativo y político, tras la determinación mostrada por el Gobierno de Pedro Sánchez tras ser nombrado en junio de 2018 de retirar del Valle de los Caídos la tumba de Franco situada en el presbiterio, entre el altar mayor y el coro de esa basílica construida con la participación mayoritaria y forzada de presos republicanos.

Esa decisión fue comunicada por Sánchez en julio con la idea de ejecutarla “en breve”. El Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto Ley al respecto el 24 de agosto y el Consejo de Ministros adoptó el acuerdo para iniciar el procedimiento el 31 de agosto. El deseo del presidente se topó con todo tipo de impedimentos y bloqueos por parte de la familia del dictador y del representante de la autoridad de la basílica, que tiene consideración de lugar de culto.

El Gobierno ha ido adaptando acuerdos y decisiones según ha ido tropezando con esos escollos y el proceso se ha ralentizado tanto que se acabó 2018 con Franco aún en su sepulcro. El propio Sánchez admitió en su última rueda de prensa del año que tras esperar tanto tiempo ahora prefería cumplir todos los trámites aunque fuera a costa de demorar la exhumación.

La familia retrasa sus alegaciones

J. C., Madrid

Desde el Ministerio de Justicia se intentó este miércoles por dos veces notificar oficialmente al albacea de la familia Franco la apertura del plazo de alegaciones al procedimiento abierto para la exhumación del dictador del Valle de los Caídos tras cumplimentar antes los trámites de los informes requeridos al Ayuntamiento de El Escorial y el sanitario a la Comunidad de Madrid. Sin éxito. El Gobierno tiene prisa por avanzar en el procedimiento y los Franco y su letrado, Luis Felipe Utrera-Molina, todo lo contrario: quieren retrasarlo al máximo. El abogado de los Franco no estará durante esta semana en su despacho y fuentes jurídicas rechazan que con ese movimiento de urgencia del Ministerio de Justicia se pueda dar por iniciado el trámite y el plazo de 10 días para presentar alegaciones. El letrado está de vacaciones y no volverá hasta la semana que viene, luego tendrá casi hasta finales de enero para armar su respuesta legal y en cuanto el Consejo de Ministros apruebe definitivamente la exhumación (se calcula que para la primera semana de febrero) presentará un recurso ante el Tribunal Supremo. Fuentes jurídicas calculan que el Supremo podría tardar varios meses en emitir su sentencia.

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