Leguina debuta en la Cámara de Cuentas con un informe que afea “la deficiente colaboración” del Gobierno de Ayuso

La Cámara de Cuentas ha inaugurado su nueva etapa, marcada por la llegada del expresidente socialista Joaquín Leguina a la presidencia, y por una reforma legal que facilita al PP el control del organismo fiscalizador, avalando un informe elaborado antes de todos esos cambios en el que se critica “la deficiente colaboración” de la Administración regional. Así consta en documentación consultada por EL PAÍS, y que recoge las quejas que ya subrayaba un anteproyecto adelantado por este diario que se centraba en analizar las actuaciones y los objetivos previstos en los planes de vivienda autonómicos y estatales 2013-2016 y 2018-2021 gestionados por la Comunidad de Madrid; o en examinar el gasto presupuestario de los ejercicios 2018-2022 en materia de planes de vivienda.

“El elevado número de solicitudes presentadas sin que hayan sido respondidas ha dado lugar a las limitaciones descritas a lo largo del Informe, lo que evidencia una deficiente colaboración de la entidad fiscalizada”, se lee en el documento sellado el 18 de septiembre; “habiendo expresado los responsables de las distintas unidades competentes para la ejecución de los Planes de Vivienda 2018-2022, continuadamente y, únicamente de forma verbal, la imposibilidad de atender las solicitudes, habida cuenta la carga de trabajo que soportan, así como la insuficiente dotación de personal, sin que se haya dado traslado a esta Cámara por escrito de las dificultades debidamente razonadas y sin que se haya requerido el plazo que hubiera precisado la Consejería para dar respuesta a la información solicitada”.

No es la única queja que recoge el documento sobre la falta de colaboración por parte del gobierno regional en la tarea fiscalizadora encargada a la Cámara de Cuentas.

De esta manera, se subraya que “una parte de la documentación se ha entregado de forma masiva (al menos, 795 archivos) sin organizar ni estructurar”. También, que “Madrid no ha facilitado información a esta Cámara de las aportaciones del Ministerio para financiar los programas del Plan a desarrollar en el marco del Convenio de 2015 y de la prórroga de 2017, por lo que no se pueden cuantificar los ingresos anuales ni su distribución por programas”. O que “tampoco se ha aportado información del total de obligaciones contabilizadas en ejecución del Plan 2013-2016 y su prórroga, detalladas por ejercicios y por programas, por lo no se puede cifrar la totalidad de las obligaciones registradas en los años de vigencia del Plan”.

Son solo unos ejemplos de una ristra de quejas por falta de información que debía proporcionar la Administración regional. Por todo ello, subraya el informe, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras debe “fortalecer las capacidades del personal a cargo de la gestión de los Planes objeto de esta fiscalización, habiendo sido esta capacidad una causa aludida expresamente en la identificación de las limitaciones al alcance motivadas por la falta de información disponible para la fiscalización”.

Recurso ante el Tribunal Constitucional

Además, el texto reclama a la Comunidad de Madrid que justifique “con estudios e informes la elección de los Programas a financiar dentro de los establecidos por los Planes de Vivienda del Estado”; que realice “las acciones de control y seguimiento establecidas, tanto en el Convenio firmado con el Ministerio de Fomento, como en los suscritos con las Entidades Gestoras; o que reclame “al Estado una cuantía de 7.391.256 euros que ha compensado en exceso”.

Si bien con una redacción diferente, algunas de esas quejas ya se insinuaban en el informe preliminar, elaborado por la anterior Cámara de Cuentas, que dejó 17 dictámenes pendientes de resolver de 2023, cuando el PP de Isabel Díaz Ayuso aún no había ejecutado la reforma legal que le ha permitido controlar el órgano que debe fiscalizar a su Gobierno.

Ese cambio legislativo supuso que el número de miembros de la Cámara pasase de tres a siete, y modificó el sistema de elección de presidente y consejeros de forma similar al de elección de la Mesa de la Asamblea. Es decir, que el partido mayoritario controla la Cámara, como ocurre en el Parlamento. Todo un contraste con el sistema anterior, vigente desde 2019, y en el que los integrantes de este ente público eran elegidos por dos tercios de la Asamblea, lo que obligaba a un pacto entre todos los partidos sin posibilidad de desbloqueo en caso de desacuerdo.

Por ello, el PSOE ha llevado la reforma al Tribunal Constitucional, que ha admitido a trámite su recurso.