Un informe preliminar de la Cámara de Cuentas critica al Gobierno de Ayuso por dificultar la fiscalización de las inversiones en vivienda pública

La nueva Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid deberá resolver 17 informes pendientes de 2023, cuando el PP de Isabel Díaz Ayuso aún no había ejecutado la reforma legal que le permitirá controlar a partir de ahora el órgano que debe fiscalizar a su Gobierno. Joaquín Leguina, expresidente regional con el PSOE que ha sido promocionado a la presidencia de la institución por su afinidad con la baronesa, será quien dirija las deliberaciones y asigne las tareas de fiscalización al resto de los consejeros. Esas decisiones servirán de termómetro para medir si la nueva composición de la cámara, con cinco consejeros del PP, uno de Más Madrid y otro del PSOE, afecta a la dinámica fiscalizadora del equipo anterior, que ha dejado al menos una patata caliente para los intereses del Ejecutivo de Ayuso. Así, EL PAÍS ha accedido a una nota informativa sobre el anteproyecto para fiscalizar la gestión de los planes de vivienda pública en la región que refleja quejas porque el Ejecutivo haya dificultado la labor fiscalizadora hasta hacer imposible que el trabajo esté completo, según la versión de los autores.

“La falta de colaboración por la Comunidad en este informe ha impedido finalizar adecuadamente los trabajos de auditoría”, se lee en el documento interno, resumen de un anteproyecto que aún está pendiente de incluir las alegaciones de la Administración, que ahora serán estudiadas por una cámara distinta a la que comenzó los trabajos, pues los nuevos consejeros fueron elegidos a principios de abril.

“El procedimiento por el que se pregunta sigue abierto y, por tanto, [lo contenido en el informe] no es concluyente”, afirma un portavoz del Ejecutivo. “Pedimos más tiempo”, completa una fuente gubernamental del máximo rango, en referencia a la disposición favorable del Ejecutivo a solucionar el problema.

Entre los trabajos pendientes de 2023 y recogidos en el programa oficial de trabajo para 2024, están fiscalizar el programa para la digitalización del sistema educativo de la Comunidad de Madrid, que la cámara afronta en colaboración con el Tribunal de Cuentas; la gestión recaudatoria en periodo ejecutivo realizada por la administración autonómica (2020-2021); o el que afecta a los planes de vivienda.

Según una fuente conocedora de este último trabajo, la falta de colaboración gubernamental en este caso habría impedido cuantificar, por ejemplo, cuánto dinero ha dejado de ejecutar Madrid de los planes estatales para vivienda pública, salvo que el Gobierno haya aportado nueva información, lo que no ha querido aclarar el Ejecutivo tras ser preguntado por este diario. En todo caso, el contenido de la versión final del informe, y las apreciaciones que contenga cuando se apruebe, pueden diferir del preliminar.

Así, el informe tiene como objetivo analizar las actuaciones y los objetivos previstos en los planes de vivienda autonómicos y estatales 2013-2016 y 2018-2021 gestionados por la Comunidad de Madrid; examinar el gasto presupuestario de los ejercicios 2018-2022 en materia de planes de vivienda; verificar si la Administración había establecido procedimientos adecuados para asegurar la igualdad y concurrencia en el acceso a las ayudas; o analizar la ejecución presupuestaria de los planes de vivienda y el cumplimiento (o no) de sus objetivos. Todo ello imposible, según se quejan los auditores, por las trabas del Gobierno autonómico. Por lo menos hasta el momento en el que se solicitaron las alegaciones.

“La Comunidad de Madrid no ha facilitado información a la Cámara de las aportaciones del Ministerio para financiar los programas del plan a desarrollar en el marco del convenio de 2015 y de la prórroga de 2017, por lo que no se pueden cuantificar los ingresos anuales ni su distribución por programas”, se lee en la nota informativa. “Tampoco se ha aportado información del total de obligaciones contabilizadas en ejecución del plan 2013-2016 (...)”, se añade.

“Adicionalmente, no se ha informado si se han hecho reintegros al ministerio por haber sido el importe total de los libramientos realizados por este superior al de los compromisos asumidos por la Administración autonómica, o porque la Comunidad no haya cumplido el calendario de pagos pendientes a los beneficiarios de las ayudas en los términos que fija la cláusula quinta del convenio (...) ”, se sigue en una larga enumeración de quejas.

Y se remata: “La consejería no ha aportado relación de recursos en vía administrativa ni de demandas judiciales presentadas por personas físicas o jurídicas en relación con la gestión de las subvenciones del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, por lo que se desconocen los pasivos que pudieran surgir por obligaciones de cuantía indeterminada para hacer frente a responsabilidades procedentes de recursos administrativos y contencioso-administrativos en curso a cargo de la Comunidad de Madrid derivados de la gestión del plan, de modo que no ha podido calcularse el saldo por el que, en su caso, debieran dotarse las provisiones para responsabilidades”.

Futuro incierto

La Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, preguntada por este diario, no ha aclarado si ha subsanado todos esos déficits de información durante el proceso de alegaciones abierto por la Cámara de Cuentas. En todo caso, el futuro del informe, elaborado en 2023, y su eventual (o no) aprobación, está rodeado de la máxima incertidumbre.

El año pasado, Ayuso (PP) ganó las elecciones del 28-M con mayoría absoluta y estrenó su tercer mandato al frente de la Comunidad de Madrid. Una de las primeras decisiones que tomó la baronesa para explotar la libertad de acción que le concedieron las urnas fue registrar y aprobar en la Asamblea de Madrid una ley con 15 cambios legislativos que afectaban a múltiples normas. Entre ellos, uno que ha permitido al Gobierno regional controlar al organismo que debe fiscalizar su acción política, contratos y gastos.

Como consecuencia de ese cambio legal, los siete nuevos consejeros de la Cámara de Cuentas han sido elegidos este abril (cinco son del PP, uno de Más Madrid, y otro del PSOE), y Joaquín Leguina, expresidente de la Comunidad expulsado del PSOE por apoyar a Ayuso, ha sido designado como su presidente. Eso quiere decir que el uso que se haga de las alegaciones gubernamentales, ya enviadas, y la eventual aprobación del informe sobre los planes de vivienda, dependerá de una cámara en la que son mayoría los consejeros elegidos por el PP, que a su vez es el partido que sustenta al Gobierno al que se fiscaliza.

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