Por qué la Comunidad de Madrid dice que Hacienda devolverá 552.000 al novio de Ayuso, un presunto defraudador fiscal

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, usó este miércoles un mensaje sesgado para intentar convencer a la opinión pública de que su pareja es víctima de una cacería política. Su equipo difundió la noticia de que Alberto González Amador, imputado por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental, recibirá de Hacienda 552.000 euros, dando a entender que ese reintegro podía deberse a algún cobro indebido o un fallo en la inspección. En el mensaje a los medios no explicaba la causa ni aportaba pruebas documentales.

Fuentes de la Comunidad de Madrid decían que la Fiscalía podría anular el juicio si el empresario pagaba la cantidad que defraudó y, por tanto, acabaría resultando un saldo a favor del novio de Ayuso de 200.000 euros. La comunicación incidía en la idea que está recalcando Ayuso desde que estalló el escándalo: que González Amador y ella son unas víctimas. Para ello, el mensaje añadía que la Fiscalía podría negarse por interés político a anular el juicio, si se aviene al acuerdo que propone González Amador.

¿Cómo es posible que un imputado por fraude fiscal acabe recibiendo dinero de Hacienda?, ¿se ha equivocado la Agencia Tributaria?, ¿es posible evitar el juicio? La respuesta se encuentra en lo que omitió la Comunidad en su mensaje a los medios.

La devolución proviene de un intento de regularización voluntaria que hizo González Amador mientras era investigado. Hacienda examinaba los ejercicios fiscales del impuesto de sociedades de 2020 y 2021 de la empresa con la que trató de defraudar, Maxwell Cremona. Cuando llegó la hora de presentar la liquidación del ejercicio 2022 (en julio de 2023) trató de compensar lo defraudado. Según ha publicado este jueves El Mundo, debía abonar solo 77.156 euros en julio de 2023, pero él pagó de más: 629.408 euros. La cantidad que ahora Hacienda parece que va a devolverle, 552.000 euros, siempre según la versión de la Comunidad, resulta de la diferencia entre esas dos cifras anteriores.

El problema es que González Amador llegaba con más de un año de retraso. Si hubiera actuado antes de ser notificado por Hacienda (el 12 de mayo de 2022) habría evitado sus problemas, según el artículo 252 de la Ley General Tributaria y el 305.4 del Código Penal. Estos preceptos se refieren a la misma idea: se considera regularizada la situación tributaria cuando el contribuyente haya procedido al completo reconocimiento y pago de la deuda, pero siempre “antes de que por la Agencia Tributaria se le haya notificado el inicio de las actuaciones”, y ese no es el caso.

Cuando González Amador intenta pagar lo que debía (el 24 de julio de 2023), ya conocía las investigaciones. De hecho, Hacienda le formula preguntas por escrito tan pronto como el 12 de julio de 2022, según consta en el informe. A lo largo de meses, González Amador fue interrogado en repetidas ocasiones por las maniobras que empleó en los ejercicios de 2020 y 2021 para pagar menos a Hacienda. Sus apuros son evidentes, según el escrito de los inspectores, que tachan sus respuestas de “divagaciones”, “mucha palabrería” o “explicaciones farragosas”.

Cuando llega la hora de pagar el impuesto del año 2022, el novio de Ayuso conocía todas las pesquisas que estaba haciendo la Agencia Tributaria, que incluían entrevistas a sus cooperantes y requerimientos a las autoridades fiscales de México y Costa de Marfil (donde residen las sociedades que emitieron las facturas falsas de mayor cuantía). Sabía también que la inspección de Hacienda se acercaba a su fin, puesto que estas actuaciones tienen un plazo máximo de 18 meses. Era una maniobra a la desesperada, según el secretario general del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, José María Mollinedo. “Quizás su asesor en este caso tenía una esperanza remota de que esta maniobra funcionara”, añade. “Cualquier asesor con poca experiencia sabría que González Amador no hubiera podido pagar en el ejercicio de 2022 lo que no había pagado en 2020 y 2021″.

De hecho, los inspectores manifestaron su asombro en el informe: “No deja de sorprender a esta Inspección la forma en que el contribuyente ha pretendido regularizar la situación”.

Lo que vino a continuación, el 22 de enero de 2024, fue el traslado del informe de Hacienda a la Fiscalía de Madrid, puesto que la cantidad que había defraudado González Amador superaba los 120.000 euros, la cuantía que recoge el Código Penal para que los hechos supongan delito. Al día siguiente, la Fiscalía abrió diligencias y, el 2 de febrero, el abogado del empresario enviaba su correo en el que admitía los delitos y se mostraba abierto a un pacto. “Estudiado el asunto”, escribe el letrado, “y de común acuerdo con Alberto González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal, reconociendo íntegramente los hechos (ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública) así como proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora a la AEAT”.

Ese pacto de conformidad, previsto en la ley, permite al investigado reducir la posible sanción de prisión, pero el pacto no se podía alcanzar entonces, porque primero González tenía que ser citado como investigado. La Fiscalía envió la causa a los juzgados de Madrid y el 22 de marzo fue admitido a trámite por la jueza del juzgado de Instrucción número 19 de la capital. González Amador declarará el 20 de mayo, un momento incómodo porque se producirá el conocido como “paseíllo del telediario” porque habrá muchísimos medios de comunicación.

Ese paseíllo se tendrá que producir porque el pacto de conformidad —entre el abogado del Estado y la Fiscalía, por una parte, y la defensa, por otra― debe hacerse ante un juez, explican fuentes jurídicas. El inspector de Hacienda Mollinedo concluye que el equipo de la presidenta se ha dado un tiro en el pie. “Se ha metido en un buen lío MÁR (por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso)”, dice. “Lanzó un mensaje que estaba muy mal construido”.

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