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Interior traslada a cuatro etarras y dos grapos en el mayor acercamiento de la nueva política penitenciaria

Los cuatros reclusos de ETA habían aceptado la legalidad penitenciaria. Los dos del GRAPO se desvincularon hace tiempo de la organización

Familiares de presos en Cambo-Les-Bains (Francia), donde en mayo se escenificó el fin a ETA.
Familiares de presos en Cambo-Les-Bains (Francia), donde en mayo se escenificó el fin a ETA.

El Ministerio del Interior ha anunciado este lunes el próximo traslado a cárceles cercanas a sus domicilios de cuatro presos de ETA y otro del GRAPO, así como la concesión del régimen de semilibertad a otro recluso de esta última organización armada en lo que es el mayor movimiento de reclusos terroristas desde que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció el cambio de la política penitenciaria de dispersión. Hasta ahora la medida se había tomado de dos en dos. Entre los acercados ahora se encuentra el antiguo dirigente del GRAPO Fernando Silva Sande, autor confeso del secuestro de Publio Cordón y desvinculado de su organización. Recluido en la prisión de Soto del Real (Madrid), será trasladado en fechas próximas al Centro Penitenciario de Teixeiro (A Coruña) después de que la Junta de Tratamiento propusiera su ingreso en una cárcel cercana a "su vinculación familiar" para facilitar su reinserción.

Interior destaca que, además de su desvinculación con los GRAPO, Silva Sande "está abonando la responsabilidad civil [a la que ha sido condenado en diversas sentencias] y colabora con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el esclarecimiento de la actividad delictiva" de sus antiguos correligionarios, entre ellos los que cometieron el secuestro y posterior muerte de Cordón, cuyo cadáver aún no ha sido localizado. Con una condena efectiva de 30 años por asesinatos, atentados, robos, detención ilegal y estragos, el terrorista arrepentido cumplirá las tres cuartas partes de su condena en enero de 2021.

El miembro de los GRAPO al que se le ha concedido el tercer grado penitenciario o de semilibertad es Jesús Merino del Viejo, hasta ahora recluido en la prisión de Aranjuez. En prisión desde junio de 2002, Merino cumple una condena de 25 años por colaboración con banda armada, falsificación de documento, tenencia de armas, robo con violencia y estragos. Cumplirá las tres cuartas partes de su condena en abril de 2012. Interior recalca que, además de haberse desvinculado de la organización terrorista, el antiguo grapo ha pedido perdón a las víctimas y se ha comprometido a abonar la responsabilidad civil a la que fue condenado. En la actualidad, quedan 18 presos de los GRAPO.

Los cuatro etarras que serán trasladados son Mikel Orbegozo, Francisco Javier Chimeno, Igor González Sola y Jorge Fraile Iturralde. Todos ellos forman parte del grupo de 92 presos etarras que en los últimos diez meses habían dado pasos para optar al acercamiento al solicitar formalmente que se les pasara del primer grado penitenciario —el más duro— a segundo grado (en el que pueden solicitar permisos de salida). Interior considera que este gesto es una aceptación explícita de la legalidad penitenciaria, uno de los requisitos que valora para proceder a los traslados junto a que hayan cumplido al menos tres cuartas partes de sus condenas y que no estén condenados por su participación en asesinatos. En estos momentos, 232 miembros de la banda armada permanecen recluidos en cárceles españolas, 48 más en Francia y uno en Portugal. ETA anunció su disolución el pasado mes de mayo.

En el caso de Orbegozo, actualmente en la prisión de Badajoz, Interior lo recluirá en el Centro Penitenciario de Valladolid. Condenado a más de 12 años de cárcel por pertenencia a organización terrorista, tenencia ilícita de armas, falsificación y resistencia a la autoridad, cumplió las tres cuartas partes de su condena en septiembre de 2015. Además, ha renunciado expresamente a usar la violencia. Por su parte, Chimeno será trasladado desde la prisión de Alicante II a la de Burgos. En su historial hay varios delitos de intento de asesinato y tenencia de explosivos, por los que debe cumplir una pena efectiva de 30 años de prisión. En su caso, Instituciones Penitenciarias valora tanto su aceptación de legalidad al solicitar pasar a segundo grado penitenciario, como haber reconocido el daño causado y la necesidad de resarcir a las víctimas. También se ha comprometido a no volver a utilizar la violencia.

De los otros dos etarras afectados por la decisión de Interior, González Sola será trasladado desde la prisión de Valdemoro (Madrid) a la de Soria; y Fraile Iturralde, de la de Badajoz a El Dueso (Cantabria). El primero ingresó en prisión en marzo de 2005 y cumple una condena de 20 años por colaboración con banda armada, depósito de armas y falsificación de documentos. Cumplirá las tres cuartas partes de la condena en marzo de 2020. En el caso de Fraile Iturralde, su encarcelamiento se produjo en abril de 1998 y fue sentenciado a 25 años por colaboración con banda armada, tenencia de explosivos, estragos y daño.

De los diez presos de ETA que han sido trasladados o lo serán en los próximos días, solo uno estaba clasificado en primer grado. Se trataba de Kepa Arronategi, condenado a más de 150 años de cárcel por diversos atentados, entre ellos el intento en 1997 de atentar contra el rey Juan Carlos I en el Museo Guggenheim de Bilbao. Interior decidió el traslado desde la cárcel de Almería a la de  Zuera (Zaragoza) dado su precario estado de salud. El presidente Pedro Sánchez ya anunció en agosto que la salud sería, junto a la edad avanzada, uno de los criterios que se primaría para decidir qué presos son acercados.

Los otros nueve etarras acercados, incluidos los cuatro cuyo acercamiento se ha conocido este lunes, habían conseguido, precisamente, ser clasificados en segundo grado tras solicitarlo formalmente en las cárceles donde estaban recluidos. En algunos casos, habían mostrado su arrepentimiento de forma genérica. Además, Prisiones ha concedido a otros tres etarras el tercer grado penitenciario o régimen de semilibertad. Los primeros fueron la pareja formada por Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, desvinculados hace tiempo de la disciplina de la organización terrorista y a los que Interior trasladó en agosto a la prisión de Basauri, en Bizkaia. El último fue Aitor Bores, en octubre. Acogido en 2010 a la vía Nanclares de reinserción, fue expulsado entonces de la banda. Bores ya disfrutaba de permisos de salida.

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