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El Gobierno aprueba ayudas para las víctimas de los accidentes de Adamuz y Gelida por 20 millones

El Estado entregará 72.000 euros a fondo perdido por cada una de las 46 víctimas mortales y anticipará otros 72.000 por el seguro de responsabilidad civil, a lo que se sumará otro tanto por la cobertura obligatoria. Los heridos recibirán entre 4.800 y 168.000 euros.

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El Gobierno aprueba un decreto ley con ayudas por 20 millones para las víctimas de Adamuz
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Foto: Carlos Luján (Europa Press) | Vídeo: epv

Distintos departamentos del Gobierno, como Transportes, Hacienda e Interior, han armado un mecanismo de reparación económica valorado en 20 millones de euros y dedicado a las víctimas de los accidentes ferroviarios del domingo 18 en Adamuz (Córdoba) y del martes 20 en Gelida (Barcelona). El primer suceso dejó 45 muertos y 123 heridos de distinta consideración, una veintena de estos últimos aún ingresados en hospitales. En el segundo siniestro falleció el maquinista en prácticas y hubo 41 heridos. Las familias de las víctimas mortales recibirán hasta 216.000 euros, mientras que las ayudas a los heridos oscilarán entre los 4.800 y los 168.000 euros, incluyéndose pagos a fondo perdido y anticipos con cargo a la liquidación de los seguros de responsabilidad civil y obligatorio.

El sistema de ayudas y las cuantías, con 10 millones a fondo perdido y otros 10 en anticipos, han salido adelante en el Consejo de Ministros de este martes que, de forma anticipada al proceso judicial y a la actuación de las compañías aseguradoras, pretende hacer llegar las indemnizaciones a los afectados cuanto antes. El mecanismo se articula a través de un Real decreto Ley de ayuda a las víctimas de los accidentes de Adamuz y Gelida, al tiempo que se ponen en pie vías directas de atención a través de la Seguridad Social.

“El Gobierno va a estar al lado de las víctimas en todo momento. Les atenderemos de forma prioritaria desde todos los canales de la Seguridad Social”, ha afirmado en rueda de prensa la ministra portavoz Elma Saiz. Junto a ella, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha detallado que el Estado pagará 72.000 euros a fondo perdido a cada víctima mortal, a lo que se suma un anticipo de 72.000 euros correspondientes al seguro de responsabilidad civil en ambos siniestros, y 72.000 euros más serán entregados por el seguro obligatorio en un plazo máximo de tres meses. En total, 216.000 euros por cada una de las 46 personas que perdieron la vida en Adamuz y Gelida. Las indemnizaciones a los heridos se fijan teniendo en cuenta los baremos de afectación (hay hasta 14 niveles), oscilando entre los 2.400 y los 84.000 euros, cantidades que se duplican con el anticipo del pago del seguro de responsabilidad civi.

Puente ha dicho ante los medios tener la consciencia de que “ninguna palabra, medida o decisión puede aliviar el dolor de quienes han perdido un ser querido”. A renglón seguido, el titular de Transportes ha afirmado que el Estado “no puede limitarse a los tiempos ordinarios, debe anticiparse. Los procedimientos ordinarios y judiciales no siempre responden a necesidades vitales de las víctimas, desde los gastos médicos hasta los de atención psicológica u otros”.

Óscar Puente adelantó el domingo en una entrevista concedida a El PAÍS, que se iban a abrir contactos formales con las personas que viajaban en los trenes de Iryo y Renfe siniestrados en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla para activar cuanto antes las indemnizaciones. “Vamos a ponernos en contacto con ellos y tratar de ayudar para que tengan una reparación, dentro de lo que puede repararse por la pérdida de un ser querido. En una familia de cinco miembros han fallecido cuatro y se ha quedado sola una niña de seis años. Eso es irreparable. Pero dentro de lo que podamos hacer, vamos a intentarlo”, afirmó.

Tras estas nuevas tragedias en la red ferroviaria que gestiona la empresa pública Adif, el actual Gobierno dice intentar evitar “que las víctimas y sus familiares tengan que esperar años a que concluya el juicio”. Óscar Puente se ha referido a “los diez años que llevan esperando” las víctimas de la tragedia ferroviaria de Angrois en julio de 2013.

Preguntado por distintos medios, el ministro ha reiterado dos ideas: “El ferrocarril es un medio seguro y con muchos controles, lo que no significa que haya factores imprevisibles que puedan presentarse”, y la renovación de la línea Madrid-Sevilla fue integral, “tal y como expresan los pliegos de los contratos”. El responsable de la política de Transportes ha eludido entrar a debatir públicamente con el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, quien ayer mostró sorpresa por el hecho de que se califique de integral una renovación de la línea Madrid-Sevilla, en la que tuvo lugar el accidente de Adamuz, que no puso el foco en la sustitución generalizada de carriles.

“El alcance de la renovación está en los pliegos [de julio de 2021] y los expertos deberían saber de qué se trata una renovación integral, en la que no se cambian todos los elementos si no es necesario”. El hecho de que en el tramo del siniestro en que se vieron envueltos un tren de Iryo y otro de Renfe tuviera carriles de 1989, soldados con otros nuevos fechados en 2023, “es irrelevante”, ha zanjado Óscar Puente, “no hay nada extraño, y lo reconoce el presidente de la CIAF, en soldar carriles de distintas épocas”.

Respecto al caos de los últimos días en Rodalíes, durante su intervención Puente sí ha dado espacio a la autocrítica: “Ha fallado la coordinación y la comunicación de la situación, de ahí los ceses que ha habido”, refiriéndose al máximo responsable de Operaciones de Adif, Raul Míguez, y del director general de Rodalies, Josep Enric García.

Saiz ha anticipado que el Gobierno estará representado “al mas alto nivel” en el funeral de Estado que se celebrará en Huelva por las víctimas del siniestro de Adamuz. La figura de más alto rango que acompañará a los reyes, Felipe y Letizia, será la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

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