Prisiones acerca a dos etarras que pidieron acceder a permisos

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha anunciado este martes el próximo traslado a cárceles próximas al País Vasco de los presos de ETA Fernando Alonso Abad y Emilio Salaberria Etxebeste. El acercamiento se produce después de que ambos aceptaran la legalidad penitenciaria y solicitaran formalmente acceder al segundo grado que les permitirá disfrutar de permisos de salida. Fueron las propias Juntas de Tratamiento de las cárceles de A Lama (Pontevedra) y Teixeiro (A Coruña), donde están recluidos, las que aceptaron la petición y propusieron en octubre su traslado a un centro cercano "a su vinculación familiar".

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Abad, en prisión desde agosto de 1996, cumple una condena de 25 años por depósito de armas, tenencia de explosivos, pertenencia a organización armada y terrorismo. Prisiones ha decidido su traslado al Centro Penitenciario de Asturias. Salaberría, encarcelado seis años más tarde con una pena de 20 años por colaboración con banda terrorista, pasará en breve a ocupar una celda en la prisión de El Dueso (Cantabria). El hecho de que ambos hubieran cumplido hace tiempo las tres cuartas partes de sus condenas -Abad en mayo de 2017 y Salaberría en marzo de 2017- ha sido uno de los factores tenidos en cuenta por Prisiones para decidir su acercamiento, según destaca Interior en una nota.

También se ha valorado positivamente que los dos hubieran pedido recientemente se clasificados a segundo grado penitenciario, un paso que en los últimos meses ya han dado otros 92 presos de ETA ya que les abre la posibilidad de disfrutar de permisos de salida. En el caso de Abad se ha tenido en cuenta que además ha manifestado su rechazo a la violencia y está abonando la responsabilidad económica a la que fue condenado, según destacan desde Prisiones. Salaberría se ha limitado hasta ahora a asumir su responsabilidad delictiva y mostrar su voluntad de no continuar con medios criminales, añaden las fuentes consultadas.

Con ellos dos, ya son seis los presos de ETA acercados por el Gobierno de Pedro Sánchez desde que anunció un cambio en la política penitenciaria tras la disolución en mayo de la banda armada. De ellos, solo uno estaba clasificado en primer grado. Se trataba de Kepa Arronategi, cuyo traslado se adoptó por su precario estado de salud. Los otros tres —Marta Igarriz, Jaboga Codó y Jesús María Gómez Ezquerro— habían conseguido, precisamente, ser clasificados en segundo grado tras solicitarlo formalmente en las cárceles donde estaban recluidos.

En el caso de Igarriz, se tuvo en cuenta que el educador de la prisión de Castellón donde estaba ingresado había detallado en un informe que en sus conversaciones mostraba signos de arrepentimiento. Codó envió al juez una carta en la que renunciaba "a la utilización de la lucha armada en el futuro" y aseguraba que "nadie es ajeno al dolor, ni al sufrido, ni al causado y penalmente lo estoy pagando". En el caso de Gómez Ezquerro se tuvo en cuenta que no estaba condenado por delitos de sangre.

Además, a otros tres etarras Prisiones les ha concedido el tercer grado penitenciario o régimen de semilibertad. Los primeros fueron la pareja formado por Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, desvinculados hace tiempo de la disciplina de la organización terrorista y a los que Interior trasladó en agosto a la prisión de Basauri, en Bizkaia. El último fue Aitor Bores, en octubre. Acogido a la vía Nanclares de reinserción en 2010, fue expulsado entonces de la banda. Bores ya disfrutaba de permisos de salida.