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Las injerencias políticas sumen al Poder Judicial en una crisis inédita

El Gobierno trata de salvar el pacto judicial tras la renuncia de Marchena

Manuel Marchena y Luis María Diéz-Picazo el pasado 10 de septiembre. En vídeo, Marchena renuncia a ser presidente del Tribunal Supremo.

Las injerencias de los partidos políticos —acentuadas en las últimas semanas— han sumido al Poder Judicial en una crisis inédita. El magistrado Manuel Marchena renunció este martes a ser candidato a presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, cargo para el que fue propuesto por el PP y el PSOE. La decisión de Marchena para defender su independencia dinamitó el pacto para renovar el CGPJ, que el Gobierno trata ahora de salvar.

Manuel Marchena apretó a primera hora de este martes  el botón nuclear. El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo renunciaba por sorpresa a ser presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. A través de un comunicado, Marchena reaccionaba, sin mencionarlo, al mensaje de Whatsapp enviado el día anterior por el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, a 146 compañeros de su grupo parlamentario, en el que defendía la designación de Marchena como máximo representante del Poder Judicial.

En aquel mensaje, Cosidó destacaba la experiencia y la capacidad jurídica de Marchena y argumentaba que su nombramiento, pactado con el PSOE, permitiría controlar “desde detrás” salas clave del Supremo, como la propia Sala Segunda, de lo Penal, que juzgará en enero la causa por rebelión en el procés.

“Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal”, recalcó Marchena en su comunicado de renuncia. “Mi trayectoria como magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional”, añadía la nota.

La designación del actual presidente de la Sala de lo Penal del Supremo como primera autoridad judicial española fue acordada hace nueve días por el Gobierno y el PP, y tratada como un hecho consumado. Y se hizo así pese a que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen que serán los 20 vocales del CGPJ, nombrados por el Congreso y el Senado, los que elegirán al presidente en la sesión constitutiva del órgano. Los dos partidos mayoritarios presentaron la renovación del órgano como un buen acuerdo político por el que el PP permitía una mayoría progresista en el Consejo a cambio de situar en la presidencia a Marchena, un jurista con fama de conservador, pero con enorme capacidad de diálogo y una solvencia técnica y jurídica reconocida por todos los sectores. Marchena ha sido por dos veces el candidato del PP para presidir el Poder Judicial.

Problema para el PP

La retirada de Marchena, aplaudida unánimemente por las asociaciones judiciales, que lo consideraron una “lección de independencia judicial”, supone un problema para el PP, que lo había propuesto y ha sido el responsable de su abandono. Pero sobre todo crea un dolor de cabeza al Gobierno. El Ejecutivo de Pedro Sánchez veía en la renovación del Poder Judicial una pieza fundamental para mostrar estabilidad institucional y disipar el ambiente que se está instalando en círculos políticos de que el Ejecutivo no va a poder aguantar mucho tiempo y se verá obligado a convocar elecciones.

En La Moncloa insisten en que la polvareda de los últimos días pasará en cuanto salga el resultado de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre y se vea, como ellos auguran, que el gran perdedor de la noche es el PP. Entonces se pasará de hablar de la inestabilidad del Gobierno a analizar la crisis del PP, sostienen. Sin embargo, esta noticia del fiasco de la operación Marchena alimentó inmediatamente esas especulaciones que apuntan a un adelanto electoral inminente. El propio presidente admitió este martes, en un acto organizado por The Economist, que sin Presupuestos, su “vocación de llegar al final de la legislatura” se ve “acortada”.

Sánchez dijo haberse enterado de la renuncia de Marchena este martes  por la mañana. En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente manifestó que el paso atrás del magistrado al haberse puesto en cuestión su imparcialidad “demuestra lo acertado de su nombramiento”. A renglón seguido, el jefe del Ejecutivo reclamó al PP “sentido institucional” para alcanzar un pacto para renovar el Consejo del Poder Judicial.

A esa hora, el principal partido de la oposición ya había anunciado que tras la decisión de Marchena daban por roto el acuerdo con el PSOE para sustituir a los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces. Y pese a que el detonante evidente de la renuncia fue el Whatsapp de su portavoz parlamentario Cosidó, la formación conservadora responsabilizaba del fracaso al Gobierno.

Volver al modelo anterior

El presidente del PP, Pablo Casado, después de haber dado su visto bueno hace ocho días al acuerdo con el PSOE, se sumó inesperadamente a la vieja aspiración de algunas asociaciones judiciales de volver al “modelo original” de renovación del CGPJ y que sean los propios jueces los que elijan a los 12 de los 20 vocales órgano que la Constitución reserva a miembros de la carrera judicial. Casado se suma así a la idea defendida por Ciudadanos, que se ha negado a participar en las negociaciones para la renovación del Consejo.

Este modo de designación de los vocales a través de votación de los jueces fue modificado en 1985, con la mayoría absoluta del PSOE en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Desde entonces, los 20 vocales —los 12 de extracción judicial y los ocho de juristas de reconocida competencia— se nombran por el Congreso y el Senado. El Tribunal Constitucional avaló esta modificación en una sentencia de 1986, aunque advirtió que el modelo actual podría derivar en que las renovaciones se convirtieran en un mero reparto de sillones entre los partidos en proporción a su fuerza parlamentaria, como viene sucediendo desde entonces con mayor o menor intensidad.

El acuerdo parece ahora difícilmente recuperable, por lo que es posible que el Poder Judicial entre en una situación de bloqueo y tenga que continuar al frente con el mandato ya caducado Carlos Lesmes, cuya imagen ha quedado muy tocada después de la sentencia del impuesto de las hipotecas. La dirección del PP, y en especial su principal negociador, Rafael Catalá, había recibido muchas críticas por este acuerdo que cedía la mayoría a los progresistas. Pablo Casado estaba visiblemente incómodo con estas críticas del ala más conservadora, y con esta renuncia de Marchena se quita un problema de encima, aun a costa de bloquear el Consejo del Poder Judicial. La crisis llega, por tanto, por un error de Cosidó, que ha sido la gota que colmó el vaso de la paciencia de Marchena, pero puede ser utilizada por los populares para resolver su problema interno.

El juicio del 'procés'

La decisión de Marchena tiene una consecuencia directa sobre el juicio más importante de los últimos años, el del procés. Su salida de la Sala de Lo Penal para presidir el Supremo implicaba una serie de cambios que modificaban el tribunal y permitían una composición con un progresista más. La renuncia implica que Marchena seguirá al frente de la sala, que presidirá el juicio y que será por tanto la figura clave del proceso.

Los independentistas ya se habían lanzado a criticar a Marchena y al Supremo después de que se publicaran los mensajes de Cosidó que mostraban ese intento del PP por controlar este juicio, y Oriol Junqueras y otros cinco líderes independentistas encarcelados han decidido recusar al juez. Las consecuencias políticas de ese juicio son tan evidentes como incalculables, pero sin duda este fiasco no ayuda a mejorar la relación entre el PSOE y los independentistas ni a la estabilidad del Gobierno. El Ejecutivo sigue convencido de que Junqueras no tiene ningún interés en que haya ahora elecciones generales que podrían abrir la puerta a un mayor poder de Ciudadanos, y confía en reconducir la situación apelando al interés de los que apoyaron la moción de censura por mantener la estabilidad del Gobierno, pero la situación se precipita por momentos.

 

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