Jueces y políticos chocan a las puertas del ‘procés’

La justicia española, que ha encarcelado en los últimos años al exvicepresidente Rodrigo Rato y al cuñado del Rey, Iñaki Urdangarín, pasando por el expresidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, o el extesorero del PP, Luis Bárcenas, parecía una de las pocas instituciones que podía salvarse de la quema de la crisis económica. Pero esta semana, con el caos por la rectificación de la sentencia de las hipotecas, la justicia, y en especial el Tribunal Supremo, arden en la pira no solo de la indignación social, sino del enfrentamiento político.

Magistrados consultados por EL PAÍS muestran su desolación por la imagen ofrecida por la justicia. Se inquietan ante el evidente choque entre el Supremo y el Gobierno que salió a la luz en la rueda de prensa del presidente, Pedro Sánchez, en la que pidió “autocrítica y reflexión” al alto tribunal. Fuentes del Ejecutivo y del PP admiten su gran preocupación por la situación de la imagen del Supremo “en la UVI” precisamente a pocas semanas de que empiece el juicio más difícil en muchos años, el del procés.

PSOE y PP trabajan contra reloj para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y con él al presidente del Supremo, Carlos Lesmes, antes del 4 de diciembre —cuando finaliza su mandato— pero sobre todo antes de que empiece el juicio del procés. El planteamiento del PP, que ha propuesto como candidato con la intención de consensuarlo con el PSOE a Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal, complica la negociación, pero ambos partidos quieren resolverla cuanto antes.

El mundo político y el judicial coinciden en que la situación es grave y hay que hacer algo, pero discrepan en las soluciones. Los jueces recelan de lo que ven como una injerencia, mientras los políticos creen que los magistrados necesitan un liderazgo más fuerte —las críticas a Lesmes son generalizadas— y para eso ven urgente renovar el CGPJ.

El cambio de criterio del Tribunal Supremo sobre a quién corresponde pagar el impuesto de actos jurídicos documentados –en el que el alto tribunal volvió a su jurisprudencia tradicional y se decantó a favor de los intereses de la banca tras haber fallado dos semanas antes a favor de los hipotecados–, y la gestión de este conflicto jurídico, han sembrado la tristeza y el desconcierto entre los magistrados españoles. “A los que quieren doblegar al Poder Judicial les ha tocado la lotería de Navidad anticipada; esta gestión nefasta ha transmitido la imagen de que el Supremo se pone al servicio de la oligarquía financiera, los mercados, la estabilidad económica… Es una imagen demoledora, y lo peor es que se dan motivos para pensar eso, ha sido una torpeza lamentable. Se ha hecho mal todo absolutamente”, resume un magistrado del alto tribunal bajo condición de anonimato.

"Un daño tremendo"

“La imagen de la justicia está en caída libre, llueve sobre mojado en el descrédito del Poder Judicial, pero lo de las hipotecas ha causado un daño tremendo”, constata Ignacio González, portavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia. El polémico fallo sobre el impuesto de las hipotecas —tomado el martes por 15 votos contra 13 por el pleno de la Sala Tercera (de lo Contencioso-administrativo) del Supremo—, ha desatado las críticas de asociaciones de consumidores y colectivos sociales y, lo que es más llamativo por su contundencia, de las fuerzas políticas. Podemos e Izquierda Unida convocaron una concentración a las puertas del tribunal nada más conocerse la decisión. Pedro Sánchez, sin conocer la sentencia del alto tribunal, anunció un real decreto por el que los impuestos por la escritura de la hipoteca corresponderán desde ahora a las entidades financieras.

Entre los jueces entrevistados cunde la sensación de que la crítica política se ha recrudecido hasta la intromisión en su labor. “Los políticos han perdido todo tipo de respeto institucional al Poder Judicial. Que llamen a concentrarse frente a los tribunales y que haya ministros poniendo en tela de juicio las resoluciones es no saber dónde están los límites”, afirma una magistrada.

Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria entre los jueces españoles, opta por una fórmula más diplomática: “La crítica política hacia el sistema judicial pudo haber sido más respetuosa, y sin embargo desde la carrera recibimos que la atención que ha merecido la justicia desde la política en lo que se refiere a medios y reformas no ha sido tan atenta”.

Otro magistrado pone el foco en la comparecencia del presidente del Gobierno al día siguiente de la decisión del alto tribunal. “Fue totalmente precipitado, transmitió la idea de ‘estad tranquilos porque rectificamos a los jueces’. Ahora es con los impuestos, mañana puede ser con el machismo o la misma sentencia del procés. Esa familiarización con la vía del remedio gubernativo frente a decisiones judiciales, que además se aplaude, es peligrosa. Una sociedad que sospecha de la integridad moral de sus jueces está perdida”.

Tensión por el 'procés'

La tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial ya empezó hace tres semanas, cuando tanto el presidente como la vicepresidenta, Carmen Calvo apuntaron que para que hubiera delito de rebelión tenía que haber armas. La Fiscalía del Tribunal Supremo, en su escrito de acusación, sostiene que se produjo ese delito extremo. Y la Sala de lo Penal del Supremo, en sus decisiones en apelación durante la fase de instrucción, ha dado por buena, al menos de manera indiciaria, esa tesis.

La decisión de la Abogacía del Estado, controlada por el Gobierno, de acusar de sedición y no de rebelión a los líderes del procés también fue polémica, porque el Ejecutivo estaba lanzando el mensaje de que ve mucho más justificado juzgar por un delito menos grave, con la mitad de la pena que pide la fiscalía, y así rompe el bloque que se había conformado hasta ahora en el proceso.

El presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, cuyo mandato de cinco años, relativamente plácidos pese al desafío independentista catalán, expira a principios de diciembre, ve alejarse la renovación al frente de la máxima instancia judicial con su imagen por los suelos. Su protegido Luis María Díez-Picazo, aupado por él a la presidencia de la Sala Tercera del Supremo, y una figura desconocida para el público aunque muy respetada por los juristas, se ha convertido en el foco de las iras tras su decisión —anunciada en una nota de prensa— de avocar al pleno la sentencia de la Sección Segunda de lo Contencioso que imponía a la banca el pago del impuesto y forzar con su voto la vuelta al criterio tradicional.

A la sentencia de las hipotecas se sumó el lunes el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaraba que España vulneró el derecho a un juicio justo del secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, en la sentencia de la Audiencia Nacional del llamado caso Bateragune, que le costó una pena de seis años de prisión, que ya cumplió, y diez años de inhabilitación, que terminan en 2021.

Ambos fallos han sido utilizados por los partidos independentistas para redoblar su enmienda a la totalidad a la Justicia española ante el juicio del procés por rebelión que se celebrará en la Sala de lo Penal del Supremo. “Para los grupos fácticos que buscan una deslegitimación preventiva de la Sala II, esto les viene fenomenal”, se lamenta un magistrado de esta jurisdicción.

Todos los magistrados consultados coinciden en que la imagen del Poder Judicial en su conjunto se ha visto seriamente dañada. “La sentencia de la Sala Tercera del Supremo produce desconcierto y malestar y proyecta una imagen negativa”, admite Rodríguez Padrón, de la APM. Sin embargo, a renglón seguido añade: “Extrapolar el malestar comprensible por aquella decisión a una descalificación completa del sistema es injusto y me parece sumamente peligroso. Se contribuye a una desautorización de la jurisdicción española que no fortalece en nada al sistema democrático”.

"Que nos llamen corruptos es brutal"

“Tenemos una sensación de tristeza, nos salpica esta malestar y descalificación. Nos parece injusto, hay mucha gente que se deja la piel que intenta hacerlo bien. Que nos llamen a todos corruptos porque la sala cambia de doctrina… es brutal”, afirma un magistrado madrileño. El pleno urgente convocado por Díez-Picazo causó estupor en la cúpula de la magistratura. “Bajo la forma de un instrumento de unificación como es un pleno de la Sala, se ha buscado un instrumento de aislamiento de quien se aparta de la jurisprudencia consolidada”, afirma un magistrado del Supremo.

“Esa imagen de 'tranquilos, banqueros, que aquí está el Supremo' nos salpica a todos como mensaje. La forma ha sido un cúmulo de torpezas con la guinda del desenlace, por un voto y con un número par de magistrados. Es un daño que va a costar superarlo”, se lamenta un magistrado del Supremo. La crisis es de fondo. La política ya se está moviendo, a su manera y a su ritmo. Los jueces también.