Díez-Picazo, en el origen y el fin del conflicto

Un día después de que la Sala de lo Contencioso-administrativo (Sala Tercera) del Tribunal Supremo rectificara su propia jurisprudencia sobre el impuesto de las hipotecas establecida hace tres semanas, sus magistrados seguían divididos este miércoles. No solo sobre la decisión de atribuir al cliente el pago del tributo, sino también sobre cómo se debía haber llevado este asunto para evitar un daño a la imagen del Supremo que todos coinciden en que se ha producido. En esto es casi en lo único que hay unanimidad entre los miembros de la sala. En esto y en que la actuación de su presidente, Luis María Díez-Picazo (Madrid, 1958), durante las tres últimas semanas no ha estado a la altura de la complejidad del momento.

"No es que Díez-Picazo haya agravado el problema, es que lo ha creado él", afirma un magistrado de la sala que, como otros, culpa al presidente de haber causado el conflicto con la nota pública que difundió el 19 de octubre, el día siguiente de que se conociera la sentencia que imputaba al banco el impuesto de las hipotecas. En ese escrito, Díez-Picazo adoptaba dos iniciativas: frenar los recursos pendientes sobre esta cuestión para evitar que se aplicase la nueva jurisprudencia; y convocar un pleno para que todos los magistrados de la sala determinaran si confirmaban el nuevo criterio o daban marcha atrás.

Magistrados cuestionan al presidente de la sala

La sentencia conocida un día antes había sido recibida con reproches por parte de la sala, sobre todo por algunos de los magistrados más antiguos, que consideraban que los cinco jueces que suscribieron el fallo habían tratado con ligereza la jurisprudencia establecida sobre esa materia desde hace más de 20 años. Muchos ya dijeron ese día que ante una decisión de tal calado tenía que haberse reunido el pleno. Pero el presidente de la sala, que conocía que la sección segunda (la experta en tributos) estaba analizando quién pagaba el impuesto, no creyó necesario convocar a todos los jueces.

Ese fue el primer error de Díez-Picazo, según varios magistrados. Desde que en 2015 se hizo cargo de la presidencia de la sala, ha sido reacio a convocar plenos para establecer doctrinas. Sostiene que estas reuniones de más de 30 magistrados alargan el debate más de lo necesario y se convierten en sesiones tediosas, por lo que prefiere delegar todas las deliberaciones a la sección experta en la materia de la que se trate. "No le gusta estar en el día a día. Va a las reuniones que tiene que ir, pero no está encima de las cosas. Según se mire, esa forma de ejercer el cargo puede ser buena para la independencia de los magistrados, para trabajar con libertad. Pero puede haber también algo de dejación", afirma un miembro de la sala, que asegura que una situación como la vivida las tres últimas semanas sería impensable con otro presidente. "Si se está estudiando un asunto tan importante y no se descarta cambiar una jurisprudencia que lleva décadas, tienes que estar alerta. O avocas a pleno, o vas a las deliberaciones, o preguntas todos los días", añade.

Lo que nadie se explica es que Díez-Picazo dejara hacer a los magistrados de la sección segunda y convocara al pleno una vez dictadas y difundidas las sentencias. Esta decisión causó estupor entre la gran mayoría de los miembros de la sala e incluso fue desautorizada públicamente por el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, considerado el gran valedor de Díez-Picazo para alcanzar la presidencia de la sala en julio de 2015.

Un ascenso cuestionado

Para muchos, lo ocurrido estos días tiene su origen en aquel episodio de hace más de tres años, que causó otro enorme conflicto interno en la Sala Tercera del que, según muchos de sus miembros, no se ha recuperado todavía. La presidencia de la sala estaba entonces ocupada por José Manuel Sieira, un magistrado con 21 años de experiencia en el Supremo y con un balance positivo en la gestión interna, según la mayoría de sus miembros. Sieira quería renovar mandato y cuando todos daban por seguro que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo renovaría, surgió el nombre de Díez-Picazo promovido como candidato de Lesmes para situar en el puesto a un magistrado más afín que le permitiese ejercer mayor influencia sobre una sala estratégica: en la Sala de lo Contencioso-administrativo se resuelven los recursos que se presentan en el Supremo contra las decisiones del propio Lesmes y del Poder Judicial, además de todos los litigios planteados contra el Gobierno por las comunidades autónomas o cualquier empresa o ciudadano.

Varios magistrados denunciaron "presiones" a vocales del CGPJ para que votaran a favor de Díez-Picazo, que terminó imponiéndose al obtener el voto de 12 de los 21 miembros del órgano de gobierno de los jueces. Por primera vez, el Consejo General del Poder Judicial no renovó a un presidente de sala del Supremo que aspiraba a la reelección.

Tras esa tormentosa llegada al cargo, Díez-Picazo no ha conseguido hacerse con las riendas de la sala, coinciden varios magistrados consultados. Aunque ha impulsado con éxito la incorporación de algunos magistrados afines, sigue teniendo dentro detractores que no comparten ni su gestión en la presidencia ni el camino seguido hasta llegar a ella. "Siempre dije que me parece un jurista brillante, sólido, pero llegó a la presidencia muy pronto y de mala forma. No era su momento y ahora se ha demostrado", dice un magistrado. Cuando llegó al cargo, tenía 57 años y llevaba "solo" siete en el Supremo, al que se incorporó por el quinto turno (juristas de reconocida competencia que ingresan en el alto tribunal al margen de la carrera judicial). Sus primeros dos años al frente los compatibilizó con la docencia en el Centro Universitario de Estudios Financieros (CUNEF), dependiente de la Asociación Española de la Banca, la patronal del sector. Una relación que le ha puesto más si cabe en el punto de mira tras su decisión de revisar el criterio recién establecido de que fuera el banco el que pagara el impuesto de las hipotecas.

El protagonismo del presidente de la sala en el conflicto de las últimas semanas se extiende hasta el último momento del pleno del pasado martes, cuando Díez-Picazo decantó la votación a favor de cargar el impuesto hipotecario sobre el cliente. Varios magistrados consultados le reprochan que cambiara su opinión después de que durante las sesiones se mostrara en varias ocasiones partidario de confirmar la jurisprudencia que establecía que debía pagar el banco, aunque solo si se aplicaba sin retroactividad. Pero, sobre todo, critican que impidiera abrir un debate sobre posibles efectos retroactivos si se confirmaba el nuevo criterio. "Su obsesión era la retroactividad, frenar el aluvión de demandas de hipotecados", afirma un miembro del pleno.