Lesmes impone su ley

Cuando defendió el 13 de julio su gestión como presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ante los 20 vocales del Consejo General Poder Judicial que tendrían que decidir si continuaba o no en el cargo, el magistrado José Manuel Sieira ya se sabía derrotado. Lo sospechaba hace meses y lo dio por confirmado muchas semanas antes de que se produjera la votación, en cuanto se difundió en su sala que su compañero Luis Díez-Picazo aspiraba al puesto y que era el candidato preferido y, según algunos, promovido, por el presidente de Consejo y del Supremo, Carlos Lesmes.

A la votación del pasado miércoles se llegó con la única incertidumbre de conocer si a Díez-Picazo le votaban solo los 11 vocales conservadores más el presidente o si se le sumaba alguno de los dos progresistas que son miembros de la comisión permanente, el órgano del Consejo que acapara casi todo el poder. Finalmente, Díez-Picazo salió elegido solo con los votos del bloque conservador y Sieira se convirtió en el primer presidente de sala del Supremo que aspira a la reelección y resulta sustituido. El cambio se produjo además, en una sala estratégica, la que dirime todos los recursos que se presentan contra el Gobierno y aquellos que afectan a las decisiones del propio Poder Judicial.

Esta excepción es, según los vocales y magistrados progresistas, un síntoma más de que Lesmes está gobernando la cúpula judicial con una actitud “presidencialista” en la que las decisiones se toman sin mediar debate ni buscar consenso. Tres de las cuatro asociaciones judiciales (todas salvo la conservadora APM), emitieron la semana pasada un comunicado en el que aseguran que el presidente del Consejo y el Supremo quiere “inmiscuirse en las decisiones de los tribunales a través de la política de nombramientos” y sugieren que en las designaciones se está primando a los “candidatos que puedan ser más cómodos para el poder político o para el órgano de gobierno de los jueces”.

En el año y medio de mandato de Carlos Lesmes, se han incorporado al Supremo 11 magistrados. De ellos, siete son considerados conservadores (alguno, como José Luis Requero, muy conservador); dos, progresistas; y a otros dos, no se les conoce una afinidad concreta. Los que defienden la gestión del actual Consejo subrayan que este reparto de puestos en el alto tribunal es similar, pero en sentido contrario, al que se ha registrado en casi todos los mandatos en los que los vocales a propuesta del PSOE eran mayoría. Durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero se cambió la ley para obligar a un cierto consenso: los nombramientos solo podían hacerse con el voto de los tres quintos del pleno del consejo, lo que obligaba a un pacto entre conservadores y progresistas que, en ocasiones, mantuvo bloqueadas durante meses algunas plazas. Pero el PP volvió a cambiar el sistema al llegar a la Moncloa y lo cargos se eligen ahora otra vez por mayoría simple, lo que implica que el sector conservador puede imponer su criterio sin necesidad de consensuarlo con el resto.

Así se ha elegido a Díez-Picazo y así se eligió el año pasado al conservador Manuel Marchena como presidente de la otra sala clave del Supremo, la de lo Penal, un nombramiento que también resultó polémico porque Marchena era el magistrado con menos experiencia de la terna que aspiraba al cargo. En lo que va de mandato se ha renovado también la presidencia de la Sala de lo Civil, en la que se situó a otro conservador (Francisco Marín Castán), con lo que el bloque afín al PP controla ya todos los puestos claves del alto tribunal.

Las asociaciones cargan buena parte de la culpa sobre el nuevo modelo del Consejo General Poder Judicial que puso en marcha el PP en 2013, en el que los cinco vocales que pertenecen a la comisión permanente son los únicos que tienen dedicación exclusiva y sueldo del consejo. Los otros 15, compatibilizan el cargo con su trabajo como jueces o abogados y solo cobran por sus asistencias a reuniones y plenos, lo que ha generado una fractura entre vocales de una y otra categoría y, sobre todo, ha abierto una vía de poder extra a favor del presidente: los cinco de la permanente (tres a propuesta del PP y dos, del PSOE) tienden a seguir las directrices de Lesmes cuando su voto es imprescindible para evitar el bloqueo de la institución, pero también para no resultar incómodos y ser apeados de la comisión clave; mientras que los conservadores que están fuera, tampoco plantean batalla y aspiran a incorporarse en alguna de las renovaciones a lo largo del mandato. Con la última reforma del Poder Judicial, publicada esta misma semana, a partir de octubre se ampliarán de cinco a siete los puestos en esta comisión, la que decidió, por ejemplo, sacar a concurso la plaza de Pablo Ruz en la Audiencia Nacional.