Las asociaciones judiciales aplauden la decisión de Marchena: “Es una lección de independencia”

El magistrado Manuel Marchena ha apretado a primera hora de este martes el botón nuclear de la independencia judicial y ha renunciado, en un gesto sin precedentes, a ser nombrado presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo. La decisión de Marchena, aplaudida unánimemente por las asociaciones judiciales y por otros operadores jurídicos, llega en medio de una de las mayores crisis de legitimidad y de imagen de la judicatura en cuatro décadas de democracia y desbarata el pacto entre el PP y el PSOE para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. El paso atrás se produce al día siguiente de que se publicara un mensaje del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, a sus compañeros de partido en el que presumía de que la designación de Marchena permitiría a los populares controlar “desde detrás” nombramientos judiciales y salas clave del alto tribunal.

"Jamás he concebido el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal", ha recalcado el magistrado, de 59 años, en un comunicado de cuatro puntos. “Mi trayectoria como magistrado ha estado siempre presidida por la independencia como presupuesto de legitimidad de cualquier decisión jurisdiccional”, añade la nota de renuncia a la candidatura.

El gesto de Marchena ha cogido por sorpresa a primera hora a sus compañeros. El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez Padrón, en declaraciones a Efe, ha manifestado que esa decisión demuestra no solo su “valía” como candidato, sino también su “autoridad” y sus condiciones personales”. “Es una lección de independencia y nos sentimos orgullosos. Ningún político domina al Poder Judicial, a ningún tribunal en concreto ni a ningún juez”, afirma Rodríguez Padrón. El portavoz de la asociación mayoritaria entre los jueces considera que la renuncia de Marchena supone una “demostración de fortaleza del sistema”.

La designación del actual presidente de la Sala de lo Penal del Supremo como primera autoridad judicial española fue acordada hace ocho días por el Gobierno y el PP, y filtrada como un hecho consumado. Y se hizo así pese a que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial establecen que serán los 20 vocales del CGPJ, nombrados por el Congreso y el Senado, los que elegirán al presidente en la sesión constitutiva del órgano. Los dos partidos mayoritarios presentaron la renovación del órgano como un buen acuerdo político por el que el PP permitía una mayoría progresista en el Consejo a cambio de situar en la presidencia a Marchena, un jurista con fama de conservador, pero con enorme capacidad de diálogo y una solvencia técnica y jurídica reconocida por todos los sectores.

El paso atrás de Marchena ha supuesto, al menos en un primer momento, una inyección de autoestima para los magistrados. Natalia Velilla, miembro de la Ejecutiva de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la segunda en número de afiliados, afirma que su colectivo acoge “con total alegría y esperanza” la decisión del presidente de la Sala de lo Penal del Supremo. “Era una lástima que una persona de la estatura profesional y jurídica del señor Marchena, que es un magnífico jurista, estuviera de un lado a otro en boca de los partidos, nos ha parecido un gesto que le honra”. La asamblea de la asociación había acordado recurrir el hipotético nombramiento de Marchena, no por desacuerdo con su figura, sino por “la manera en que se deslizó impúdicamente quién iba a ser el presidente del Supremo sin saber siquiera quiénes iban a ser los vocales del CGPJ”, afirma Velilla.

El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Ignacio González Vega, ha estimado que la decisión de Manuel Marchena "le honra, dignifica a la carrera judicial y su independencia", y muestra "el malestar" existente entre los magistrados. La sorprendente renuncia de Marchena se produce al día siguiente de la segunda huelga general de jueces y fiscales para lograr mejoras salariales y laborales y en defensa de la independencia del Poder Judicial, y que fue secundada por alrededor del 50% de los magistrados españoles.

Las asociaciones judiciales reclaman que los 12 vocales del CGPJ que se eligen entre jueces —los otros ocho se eligen entre juristas de reconocida competencia— sean seleccionados directamente por los miembros de la carrera y no por el Congreso y el Senado, como sucede desde 1985. “No solo lo decimos nosotros, también lo llevan diciendo dos años los informes del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa”, recuerda Velilla.

La renuncia de Marchena y la decisión del PP de romper el pacto para la renovación del CGPJ aboca a la prórroga del mandato del actual Consejo y de su presidente, Carlos Lesmes. “No creemos que en esta legislatura se vaya a alcanzar un acuerdo, creo que el Consejo se prorrogará más de un año, eso es una prueba más de que el sistema no funciona. Hacer depender esto de pactos políticos va contra el sentir del legislador constituyente; que no dejen meter baza más que a los partidos, se traduce en que no funciona el sistema”, se lamenta Velilla.