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Manuel Marchena, un hombre de confianza del PP para controlar el volcán

El candidato frustrado a presidir el CGPJ cuenta a su favor con un conocimiento amplio de las bambalinas de la justicia

El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, en un acto celebrado en Madrid el pasado jueves.

Manuel Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 59 años) empleaba un símil en los últimos meses para referirse a la situación que se vivía en el Tribunal Supremo, que ha acaparado el protagonismo con asuntos como la investigación del procés o el conflicto sobre el impuesto hipotecario: “Es como estar encima de un volcán que a veces está tranquilo, pero siempre está latente y, en cualquier momento, puede estallar”. Ahora, tras su renuncia a presidir el alto tribunal, Marchena ha evitado ponerse al frente de ese volcán y frenar nuevas erupciones.

Algunos de los estallidos más sonados han llegado, además, procedentes de la Sala de lo Penal, que él dirige desde octubre de 2014. Los más recientes, la causa por rebelión contra los líderes independentistas o el rechazo a investigar a Pablo Casado por su máster.

Marchena contaba a su favor, para el nombramiento frustrado, con un conocimiento amplio de las bambalinas de la justicia que, según algunas voces consultadas, podría haberle sido útil para poner orden en un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y un alto tribunal muy desgastados.

Como Carlos Lesmes, al que iba a sustituir al frente del Consejo tras el acuerdo, ahora fallido, entre populares y socialistas, Marchena es fiscal de carrera. Aprobó la oposición en 1985 y su primer destino fue en la Audiencia Territorial de Las Palmas. Ya en Madrid, pasó por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Su primer gran puesto de responsabilidad lo alcanzó en 2003, de la mano del conservador Jesús Cardenal como fiscal general del Estado, que le nombró fiscal jefe de la Secretaría Técnica, lo que le convirtió en el fiscal de sala más joven en la historia de esta institución.

En 2004, tras la salida del Gobierno de José María Aznar, Marchena se incorporó como fiscal al Tribunal Supremo y en 2007 fue nombrado magistrado de la Sala Segunda. Para entonces, ya era considerado como uno de los hombres de confianza del PP en la cúpula judicial y su fue propuesto por la formación conservadora para dirigir el CGPJ y el Supremo en 2013. Pero, según las fuentes consultadas, el PSOE vetó esta opción y los populares aceptaron cambiar su nombre por el de Carlos Lesmes.

Como magistrado raso de la Sala Penal, Marchena formó parte del tribunal que condenó a Baltasar Garzón por las escuchas de Gürtel y archivó la causa contra el mismo magistrado por el cobro de los cursos de Nueva York.

Su nombramiento en 2014 como presidente de esta sala estuvo salpicado de polémica y fue una de las primeras maniobras que se le atribuyeron a Lesmes al frente del Poder Judicial para intentar controlar las salas más estratégicas. Marchena compitió para el cargo con otros dos magistrados (el ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido y Miguel Colmenero) que contaban con más años de experiencia que él en el alto tribunal, pero este se impuso a ellos en la votación del pleno del CGPJ gracias al apoyo de los 10 vocales conservadores y del propio Lesmes. El nuevo presidente contó además entonces con otro voto a favor, que ahora, cuatro años después, resulta paradójico: el de la vocal Mercè Pigem, miembro del Consejo a propuesta de CiU y exdiputada de esta formación. Pigem dimitió a finales de 2014 tras ser identificada entrando a España desde Andorra con 9.500 euros en efectivo.

Durante su etapa al frente de la Sala de lo Penal, el Supremo imputó en el caso de los ERE fraudulentos de Andalucía a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que tuvieron que abandonar la política. Además, Iñaki Urdangarin y Rodrigo Rato acabaron en la cárcel al rechazarse sus recursos contra las sentencias que les condenaron por corrupción. Como presidente ha tenido una participación muy activa en las causas abiertas contra los líderes independentistas. En febrero de 2017 presidió el tribunal y redactó la sentencia que condenó a 13 meses de inhabilitación al exconsejero de la Presidencia Francesc Homs por la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. Y también en noviembre de ese mismo año, firmó el auto que admitió a trámite la querella por rebelión presentada por el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, contra los miembros de la Mesa del Parlament que habían permitido tramitar las resoluciones independentistas. Posteriormente, se unió a la causa del alto tribunal la que se instruía en la Audiencia Nacional contra Carles Puigdemont y todo su Govern.

Marchena no ha formado parte de la instrucción de la causa contra los dirigentes independentistas por los acontecimientos del 1-O, que ha corrido a cargo del magistrado Pablo Llarena, pero nunca la ha perdido de vista. Ya tiene todo preparado para presidir a principios de 2019 el juicio contra 18 líderes independentistas, para los que la fiscalía pide penas de hasta 25 años de cárcel.

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