El fracaso más amargo de Lesmes

Nada más llegar, en diciembre de 2013, a la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes Serrano, nacido en Madrid en 1958 y padre de cinco hijos, encendió la mecha de una granada que ahora le acaba de explotar. Antes de cumplir los 100 días en el cargo, Lesmes, que accedió a la judicatura después de haber ejercido durante nueve años como fiscal y a la presidencia de los jueces después de ocho años en cargos políticos durante los sucesivos gobiernos de José María Aznar —director general de Objección de Conciencia y de Relaciones con la Administración de Justicia—, declaró: “El Consejo se crea para dos funciones que se considera que no pueden estar en manos del Gobierno: el nombramiento de cargos judiciales y el ejercicio de la disciplina, porque al juez se le controla con el palo y la zanahoria”.

 Aquello del palo y la zanahoria no solo sentó como un tiro en la carrera judicial —tres de las cuatro asociaciones exigieron una rectificación y una de ellas la dimisión—, sino que se convirtió en todo un programa de gobierno: el mandato de Lesmes, que expira el 4 de diciembre, se ha caracterizado, según sus críticos, por un presidencialismo muy marcado, favorecido por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Alberto Ruiz-Gallardón que él ayudó a diseñar. En virtud de la nueva ley, ya no se necesitan los votos de los tres quintos de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo o a los presidentes de Sala, de los tribunales superiores de justicia o de las audiencias provinciales, sino tan solo mayoría simple. Si bien es verdad que, de los 225 nombramientos aprobados en los últimos cinco años, 207 lo han sido por unanimidad o mayoría cualificada de tres quintos, los 18 que lo han sido por mayoría simple le han servido a Lesmes para colocar a sus afines, lo que, a la postre, le ha supuesto su mayor fracaso.

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La imposición de Luis Díez-Picazo en la Sala de lo Contencioso-administrativo (la Sala Tercera) del Tribunal Supremo ya fue polémica en 2015, pero ahora, con su nefasta gestión del conflicto de las hipotecas, vuelven a surgir las voces que consideraron su nombramiento una “arbitrariedad” y una imposición del PP, porque Díez-Picazo había participado, junto a Lesmes, en la reforma de Ruiz-Gallardón. “Lesmes tiene su gran cuota de responsabilidad en lo que ha sucedido”, explica un magistrado de larga experiencia, “porque se empeñó en nombrar presidente de la sala de lo contencioso a Díez-Picazo un buen jurista, pero sin experiencia jurisdiccional, y por eso tenía muy difícil dirigir una sala tan complicada, compuesta por muchos magistrados con gran experiencia. Hay que tener mucha auctoritas para poder dirigir esa sala y sobre todo hay que tener experiencia en el manejo de los temas jurisdiccionales, que no son los mismos que los académicos. Aquí, al final de la deliberación hay que decidir”. “Por eso Díez-Picazo se oponía a la celebración de plenos”, prosigue este magistrado, “porque no los controlaba bien, y esa aversión provocó lo que ha pasado”.

El cambio introducido en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar la mayoría necesaria para los nombramientos propició también la designación de Manuel Marchena como presidente de la Sala de lo Penal. Lesmes se aseguró así el control de las dos salas estratégicas.

La corrección en el trato y la gran capacidad de trabajo que le alaban sus partidarios, se convierte en arrogancia y obsesión por el control para sus detractores. La austeridad en el gasto —en el periodo 2013-2018 se ha reducido en un 8,21% el presupuesto del CGPJ— es visto por sus críticos como dejación de funciones. Los vocales llegaron a reclamar un programa y unos objetivos. Él dijo que no. Que el principal objetivo era la austeridad.

Para muchos, otro problema de su mandato ha sido la comunicación. Un magistrado de Madrid y una de Barcelona, de distinta sensibilidad, coinciden en la explicación: “La justicia es mal percibida por la sociedad y hoy, si algo no se comunica, no existe. Aquello de “el buen paño en el arco se vende” ya no vale. Antes de Lesmes, los responsables del CGPJ ya habían optado por tener un portavoz. Fueron los casos de Enrique López o Gabriela Bravo. Eran jueces, daban la cara por el Consejo, explicaban los problemas. Lesmes acabó con eso y, según sus críticos, invisibilizó el Consejo y dejó de tener una voz que explicara lo que allí se hacía. Ha ocurrido en el caso del procés y ha vuelto a pasar en el de las hipotecas. No había nadie que explicara nada y ha tenido que ser el propio Lesmes el que ha tenido que salir a pedir disculpas.

Cuando fue nombrado presidente, Lesmes aseguraba que el CGPJ era “el palacio de las intrigas” y que iba a acabar con esa situación. Cinco años después, el Supremo y el Poder Judicial quedan en entredicho ante los ciudadanos y ante los propios jueces, justo cuando el alto tribunal está a punto de enfrentarse a uno de los juicios más relevantes de sus dos siglos de historia.