Chaves reta al PP a demostrar que el PSOE se financió ilegalmente con los ERE

Manuel Chaves, presidente de Andalucía entre 1990 y 2009 acusado en el caso ERE, ha retado al PP a demostrar que el PSOE se hubiera financiado ilegalmente, en una alusión implícita a la sentencia de Gürtel, en la comisión de investigación controlada por el PP sobre la financiación de los partidos políticos en el Senado. La comparecencia se ha producido este jueves horas antes del arranque de la campaña electoral andaluza, en la que según el CIS el PSOE parte como favorito para revalidar el Gobierno. Chaves ha optado en líneas generales por guardar silencio debido a su situación judicial. “He sido convocado por el presidente del Senado [Pío García Escudero] a esta comisión, estoy en curso en un procedimiento judicial en la Audiencia Provincial de Sevilla y en consecuencia no voy a contestar a ninguna pregunta que entienda pueda perjudicar mi derecho a la defensa”, ha justificado Chaves la estrategia que ha seguido durante la comisión.

Anticorrupción solicita para Chaves 10 años de inhabilitación por prevaricación continuada. Según la Fiscalía, la Junta creó en 2000 un sistema de ayudas públicas “totalmente opaco” en el que supuestamente se malversaron 680 millones de euros. "Estamos ante una trama para desviar fondos sociolaborales que se entregaron con arbitrariedad, falta de transparencia y saltándose los controles al servicio del partido que lleva 40 años ostentando el Gobierno en Andalucía", ha afirmado el portavoz del PP, Luis Aznar, en una sesión que ha durado hora y cuarto frente a las cinco horas y media que se alargó la comparecencia la semana pasada de Susana Díaz. A diferencia de Chaves, que ha optado por un perfil bajo y ha sido recibido por miembros de la dirección del grupo socialista y algunos senadores andaluces, la presidenta regional y candidata en las elecciones del 2 de diciembre fue arropada por una treintena de senadores, miembros de su Gobierno y diputados.

Díaz siguió una estrategia totalmente distinta de la de Chaves y rebatió cualquier punto que no compartía de los empleados por el PP. Si entonces Díaz llevó la iniciativa en la comisión, en la que subrayó que la causa de los ERE no se corresponde con su etapa en el Ejecutivo, la sesión de este jueves ha sido, salvo en contados momentos, un monólogo del portavoz popular. "Ya ha tenido lugar el informe final de la Fiscalía y el informe final de la acusación particular ejercida por el PP. Le vuelvo a emplazar [a decir] qué dato, qué indicio o qué prueba hay de mi presunta implicación en la financiación ilegal del PSOE", ha zanjado el expresidente andaluz al portavoz del PP en una de las escasas ocasiones en que ha intervenido.

La fase final del juicio de los ERE, en el que se sientan en el banquillo 21 ex altos cargos de la Junta, coincide no solo con la campaña andaluza , sino con la citación en el Senado de los dos presidentes autonómicos que precedieron a Susana Díaz. Se da la circunstancia de que ninguno de los procesados ha sido acusado por el delito de financiación ilegal, que en teoría es el asunto que trata la comisión impulsada por el PP en la Cámara Alta. Chaves ha instado precisamente al PP a concretar cómo se habría producido mientras recordaba la sentencia de Gürtel. "De todo el sumario de los ERE, en ningún momento, en ningún informe, se ha encontrado ningún rasgo o indicio de financiación ilegal del PSOE", ha afirmado en su declaración final. También ha insistido en que "no se ha encontrado nunca ningún indicio, dato o prueba" de la reforma de la sede central del PSOE —a diferencia de la del PP en la calle Génova de Madrid—, de la presunta financiación ilegal de campañas electorales, de pagar sobresueldos a dirigentes socialistas o de la existencia de una caja b del PSOE. La Audiencia Nacional condenó el pasado mayo al PP como beneficiario de este “sistema de corrupción institucional”. El fallo motivó la moción de censura contra Mariano Rajoy y el cambio de Gobierno.

Después de Chaves le llegará el turno de comparecer en la próxima sesión de la comisión a José Antonio Griñán, su sucesor en la presidencia de la Junta entre 2009 y 2012. Antes fue consejero de Hacienda desde 2004. Anticorrupción pide para él seis años de cárcel y 30 años de inhabilitación por malversación y prevaricación continuadas. La comparecencia estaba prevista para el jueves de la semana que viene, pero se ha terminado aplazando al 29 de noviembre por razones logísticas. Por tanto, se celebrará a solo tres días de la cita electoral del 2 de diciembre en Andalucía.