La fiscalía recrimina a los procesados en el juicio de los ERE que crearan un sistema “totalmente opaco”

La Fiscalía Anticorrupción ha recriminado a los 21 ex altos cargos de la Junta andaluza procesados en el juicio de la pieza política de los ERE que en el año 2000 crearan un sistema de ayudas públicas "totalmente opaco" al margen "de los ciudadanos" y de los controles establecidos por la Intervención General. El objetivo era conceder subvenciones sin las trabas administrativas que hasta entonces ralentizaban la llegada del dinero a las empresas en crisis, según la tesis del ministerio público. "Fue una decisión política", han concluido los fiscales.

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"Las ansias de agilidad y rapidez trastocaron todo el sistema legalmente establecido" para conceder subvenciones excepcionales antes del año 2000, ha criticado el fiscal. Para el ministerio público, la finalidad del cambio de procedimiento para pagar las antaño denominadas "subvenciones excepcionales" era acelerar los pagos y evitar los controles de la Intervención General.

La fiscalía ha continuado este lunes la lectura de su informe final en el juicio de la pieza política del caso ERE, que ya comenzó la semana pasada, y ha rebajado la supuesta malversación de fondos a 680 millones, dado que ha eliminado el ejercicio del año 2010 de su cifra inicial atribuida al fondo: 741 millones. Anticorrupción es la primera de las acusaciones que interviene. En los próximos días expondrán sus informes finales el PP y Manos Limpias como acusaciones y las defensas de los 21 ex altos cargos de la Junta procesados, tras lo que estos tendrán el turno de última palabra.

Para la fiscalía, la Junta estableció este cambio de procedimiento para presupuestar la financiación de las ayudas, "sin precisar que era para subvenciones". "La omisión del procedimiento administrativo legalmente establecido" fue decisiva, según han expuesto los fiscales. De este modo, el Gobierno andaluz concedió ayudas a espaldas de la Intervención, según la tesis de los fiscales.

Anticorrupción considera que la excúpula de la Junta diseñó un sistema para conceder —de forma opaca y a espaldas de la Intervención General— subvenciones a empresas afines al PSOE entre 2001 y 2009. Las defensas niegan la mayor y resaltan que el Parlamento aprobó con transparencia año tras año la partida 31L, dotada con 680 millones para ayudas a empresas en crisis.

Anticorrupción achaca a los procesados, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, haber diseñado el sistema de pagos. "No existe la más mínima duda de que el mecanismo de movilización de fondos ha permitido que dichos fondos se dedicaran a otros fines alejados del interés público. Y esa situación era conocida y buscada por los encausados. No se puede alegar desconocimiento", ha reprobado el fiscal.

El ministerio público ha recordado cómo durante años en la Dirección General de Trabajo solo manejaron las ayudas sociolaborales, cuyos beneficiarios fueron 77 empresas, personal contratado desde la Fundación Andaluza Fondo para la Formación y el Empleo (Faffe), en vez de funcionarios.