La fase final del juicio de los ERE coincidirá con la campaña andaluza
El PP inicia una estrategia de desgaste al PSOE a cuenta de la corrupción para buscar su espacio entre Ciudadanos y Vox
La sucesión de mítines de la campaña electoral andaluza que comienza este viernes compartirá escenario mediático y político con el juicio de los expedientes de regulación de empleo (ERE). El procedimiento específico, por el que están sentados en el banquillo 21 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, encara su fase final. El pasado lunes, las defensas —la primera la de Chaves— empezaron a leer los informes definitivos, después de que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares expusieran los suyos la semana pasada. Varios de los acusados, además, están llamados a declarar paralelamente en el Senado, en el marco de la comisión de investigación sobre financiación ilegal de los partidos impulsada por el PP —pese a que ninguno de los procesados ha sido acusado por ese delito—, como ya hiciera el jueves pasado la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz.
“La fase final estaba prevista para estas fechas, lo que no estaba previsto era una convocatoria electoral”, afirma uno de los letrados de los acusados consultados por este diario. El adelanto al 2 de diciembre —las elecciones estaban previstas para marzo de 2019— ha evitado que una eventual sentencia por el caso de los ERE coincidiera con los comicios.
La lectura de las conclusiones definitivas, sumada a las comparecencias en el Senado forzadas por el PP —Chaves este jueves y Griñán el 22—, supondrán munición para la oposición a Díaz. “Lo que se busca es abundar en la imagen que algunos quieren dar de Andalucía como un territorio eminentemente corrupto”, señalan fuentes socialistas.
El PP anticipó la semana pasada en el interrogatorio a la presidenta andaluza el tono que exhibirá ante el PSOE respecto a la corrupción de los ERE, más bronco que el de su candidato a la Junta, Juan Manuel Moreno. Los populares han comenzado a explotar esa estrategia con el lanzamiento de una campaña en redes sociales impulsada por Nuevas Generaciones en la que se acusa a todos los presidentes de la Junta de ser “ratas” que se gastaban el dinero público en “drogas y puticlubes”. Los mensajes mezclan varios casos que están siendo investigados en los tribunales, como el del uso de fondos por parte de un exdirectivo del Gobierno andaluz en prostíbulos, entre 2009 y 2011 —una causa por el que no está implicado ningún presidente autonómico —, y fueron divulgados el mismo día de la comparecencia de Díaz en el Senado. Posteriormente, el responsable de redes del PP andaluz, Toni Martín, aseguró que había sido una “metedura de pata” incluir insultos en esos mensajes.
El PSOE andaluz considera que los populares han radicalizado su mensaje. “Esta maniobra se les va a volver en su contra”, sostienen fuentes de la Junta de Andalucía.
El proceso de los ERE está rodeado de una potente carga simbólica ya que en el banquillo se sienta la cúpula política del PSOE andaluz durante una década y dos referentes históricos como Chaves y Griñán. Para el primero se piden 10 años de inhabilitación por prevaricación; para el segundo, seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por malversación continuada y prevaricación.
Según la Fiscalía Anticorrupción, desde la Junta se creó en en el año 2000 un sistema de ayudas públicas “totalmente opaco” al margen de los controles establecidos por la Intervención General. En su informe final rebajó la supuesta malversación de fondos a 680 millones, tras eliminar un ejercicio (año 2010) de su cifra inicial (741 millones).
Las defensas de los procesados argumentan que “no se sostiene que exista un plan pergeñado deliberadamente por todas las jerarquías de la Junta”, para desviar fondos, como alega la Anticorrupción. “Es un caso claro de penalización de la responsabilidad política”, afirma uno de los letrados. “El caso de los ERE ha sido presentado ante la opinión pública como la Gürtel del PSOE, a pesar de que aquí no hay sombra de financiación ilegal ni cohecho”, sostiene otro de los abogados.
"Es imposible pretender que Chaves conociera las irregularidades"
El abogado que representa el expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves en el juicio de los ERE, Pablo Jiménez de Parga, sostuvo el lunes en su alegato de conclusiones finales que es “imposible pretender” que el antiguo dirigente socialista “tuviera conocimiento de las irregularidades” en la concesión de ayudas y que, por tanto, pudiera detectar “las alarmas que hicieran saltar las luces rojas”. El letrado, que arrancaba el turno de lectura de los informes finales de las defensas de los 21 acusados, atacó los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción, asegurando que no se puede colegir que pudiera tener responsabilidad por el mero hecho de que en las memorias unidas a los planes anuales de control financiero permanente elaboradas por la Intervención General de la Junta para ser aprobadas por el presidente, se recogieran irregularidades y problemas en el mecanismo de transferencias de financiación para pagar las subvenciones, máxime cuando el propio interventor que las redactó, también procesado, no emitió el informe de actuación, preceptivo cuando hay sospechas de que se está cometiendo una acción que pudiera ser constitutiva de delito. El abogado aseguró que "no hay nada de reprochable" en que Chaves, debido a su cargo, no leyera todas memorias que se le hacían llegar.
En su informe de conclusiones finales, la Fiscalía Anticorrupción acusó al expresidente andaluz de ser el artífice de la instauración del sistema opaco para conceder ayudas para burlar los mecanismos de control de la Intervención de la Junta. Jiménez de Parga reprochó a los representantes del ministerio público que “si todos los indicios que han encontrado tras bucear en decenas y decenas de expediente son solo faxes y cartas, poco tiene para incriminar a Chaves sobre el conocimiento de la gestión de las ayudas”. Su defendido se enfrenta a 10 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación.
Tras el turno del abogado de Chaves, debería haber tomado la palabra José María Mohedano, el defensor de José Antonio Griñán. Un problema de conjuntivitis ha hecho que retrase su presentación, ocupando la vez la representación del ex consejero de Empleo, Antonio Fernández. Alfonso Martínez del Hoyo inció el lunes la lectura de sus conclusiones finales, que se prolongará a lo largo del día de ayer, cargando contra la instrucción realizada por la juez Mercedes Alaya y contra el interventor general de la Junta, de quien, como en el caso de la defensa de Chaves, sostuvo que podría haber impedido el sistema de ayudas, pero que al no emitir el informe de actuación, avaló el mismo.
Ambos abogados han impugnado la prueba pericial, la más técnica y la más determinante de cara al fallo de los magistrados-, una petición que ya solicitó en la fase de elevación a definitiva de las conclusiones provisionales, la defensa del exviceprensidente Gaspar Zarrías, por considerar que los expertos de auxilio judicial nombrados por la juez Alaya, fueron designados “a dedo” y se cuestiona su “cualificación profesional”.
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