Un ‘fontanero’ del PNV confiesa que cobraron comisiones ilegales en el ‘caso De Miguel’

El pacto de la fiscalía con algunos de los acusados del denominado caso De Miguel, el macrojuicio de corrupción que afecta a 26 cargos y afiliados del PNV, empieza a ser visible. Josu Arruti Letamendia, el administrador único de la sociedad mercantil Sidepur, una de las empresas investigadas, ha confesado que él mismo y el principal acusado de la trama, su amigo y ex número dos del PNV alavés y diputado foral cuando se destaparon los hechos, Alfredo de Miguel, recibieron comisiones ilegales del grupo catalán, Construcciones Riera, a cambio de sus gestiones para impulsar un polígono industrial en la localidad alavesa de Zambrana. Un polígono que no se llegó a urbanizar.

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En concreto fueron 322.000 euros que, según ha dicho, se repartieron "a 161.000 euros cada uno". En el banquillo se sientan 26 imputados, la mayoría cargos públicos e internos del PNV para los que el ministerio público pide, en total, 440 años de cárcel por cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

La fiscalía anunció a mediados de octubre que había llegado a un acuerdo con "una parte significativa" de los acusados y confirmó que consideraba reconocida la existencia de "una trama organizada destinada al cobro de comisiones ilícitas". El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, lo dijo sin ambages al reanudarse la vista oral después de varias semanas para intentar cerrar acuerdos con los imputados a cambio de rebajar las penas. Entonces no se dijo quienes habían llegado a pactar con el ministerio público, aunque sí quedo claro que el principal acusado, Alfredo De Miguel, para el que se piden 54 años de cárcel, no aceptó ningún acuerdo a cambio de una reducción de la condena.

Josu Arruti, está acusado de ser el "fontanero" de la operación de recalificación de terrenos en la pequeña localidad alavesa de Zambrana para instalar un polígono industrial. Según ha declarado, su empresa fue contratada por el Ayuntamiento de Zambrana gracias a su relación con De Miguel, a quien conocía por su militancia en el PNV. "Era mi aval", ha llegado a decir durante su declaración a preguntas de su abogado. Arruti, para quien el fiscal pide 19 años y 10 meses de cárcel, ha reconocido que tanto él como De Miguel acordaron en 2005 pedir al Grupo Riera una comisión de 161.000 euros para cada uno.

"¿Te parecería bien que al margen de tus honorarios les pidieras una comisión para ambos?", ha declarado Arruti que le preguntó De Miguel en una conversación privada. Tras la conversación se trasladó a Cataluña para planteárselo a uno de los responsables de Riera, también imputado, quien al cabo de unos días aceptó incluir las comisiones "dentro del concepto de honorarios profesionales". Además, Fernández le comunicó a Arruti que contaría con él y con De Miguel para que en el futuro desarrollo del polígono industrial, que finalmente no se hizo, pudieran ofertar sus servicios a las empresas que se instalaran.

El ciclo del dinero se cerró a través de la sociedad Kataia, la sociedad en la que eran socios de De Miguel otros dos dirigentes nacionalistas, Aitor Tellería y Koldo Otxandiano, y que figuraba a nombre de sus mujeres. Arruti ha explicado que abonó a De Miguel las cantidades pactadas a través de Kataia, pero desde la cuenta de su padre, Jesús Arruti, también imputado. Arruti también ha dicho que defraudó a la Hacienda de Bizkaia porque, desde que firmó el contrato con Construcciones Riera en septiembre de 2005, utilizó a su padre para hacer diversos pagos.

También ha declarado este lunes la exalcaldesa de Zambrana, María Justina Angulo (PNV), que solo ha respondido a las preguntas de su abogada y del tribunal. Ha reconocido que contactó con el ABB, la ejecutiva del PNV alavés, donde le confirmaron que la persona adecuada para ayudarle era De Miguel. De Miguel le puso en contacto con Josu Arruti, a quien la exalcaldesa no había visto "nunca". Angulo ha negado que interviniera en las reuniones entre los promotores del polígono y los propietarios de los terrenos. Ha dejado claro que no conocía la existencia de la empresa Kataia y ha insistido en que ningún concejal dudó de la legalidad del acuerdo con Sidepur.