Juicio por el mayor caso de corrupción en Euskadi
La Audiencia de Álava juzga el 'caso De Miguel', una presunta trama de cobro de comisiones ilegales por contratos públicos que implica a exdirigentes del PNV alavés
El macrojuicio por el mayor presunto caso de corrupción en el País Vasco, en el que hay 26 procesados, entre ellos exdirigentes del PNV, arranca este jueves en la Audiencia Provincial de Álava comenzará este lunes. Es el conocido como caso De Miguel, una supuesta trama delictiva de cobro de comisiones ilegales, cuyo principal acusado es Alfredo de Miguel, que era el diputado de Administración Local de la Diputación alavesa en 2009, cuando estalló el caso, y para quien la Fiscalía solicita 54 años y 11 meses de prisión por liderar supuestamente un entramado societario que se dedicaba a cobrar comisiones en la adjudicación de contratos públicos.
El caso De Miguel es el mayor sumario por una presunta corrupción instruido en el País Vasco. Además de De Miguel, también están imputados otros dos exmiembros del PNV alavés, Aitor Tellería y Koldo Otxandiano, además de Gurutz Larrañaga, viceconsejero de Cultura y Juventud del Gobierno vasco con Juan José Ibarretxe; el expresidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco Julián Sánchez Alegría y la que fuera alcaldesa de Zambrana (Álava) por el PNV María Justina Angulo, entre otros.
El juicio comienza mañana ocho años y un mes después de la denuncia presentada en diciembre de 2009 por la abogada Ainhoa Alberdi tras negarse a pagar una comisión de 100.000 euros que De Miguel y Telleria supuestamente habían exigido a la empresa de la que era administradora. La investigación posterior llevó al Ministerio Público a concluir que De Miguel estaba al frente de una trama que presuntamente cobraba comisiones de forma irregular.
La Fiscalía pide penas que suman 440 años de cárcel para 26 procesados. Imputa a De Miguel un total de 27 delitos, entre ellos cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Para Telleria y Otxandiano, exmiembros de la Ejecutiva del PNV de Álava, solicita 32 años y dos meses para cada uno. También están encausadas las mujeres de estos tres dirigentes nacionalistas y la hermana del principal acusado.
La defensa de De Miguel ha pedido la absolución de su defendido y en su escrito ha censurado el "relato fabulado", "huérfano de prueba" e incluso "rocambolesco" que ha hecho la Fiscalía. Además ha anunciado que en el inicio del juicio pedirá la nulidad de las actuaciones por infracción de varios derechos fundamentales así como de algunas pruebas.
En la causa están personados el Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia, ambos gobernados por el PNV, El Ejecutivo autonómico solicita que le abonen en concepto de responsabilidad civil 221.779 euros. La institución foral, por su parte, pide el abono de algo más de medio millón de euros. El juicio salpica al PNV pese a que el lehendakari, Iñigo Urkullu, llegó a afirmar en marzo de 2016 que "en Euskadi no hay corrupción generalizada vinculada a las administraciones públicas" o a "los partidos políticos". También quiso marcar distancia con este caso cuando aclaró que el denominado caso De Miguel no es una trama de "financiación ilegal del PNV" e insistió en que la actuación de este partido cuando arrancó el procedimiento judicial fue "inmediata, contundente, clara y ejemplar" al exigir a los investigados que entregaran los carnés del PNV.
De Miguel, en cambio, ha negado la mayor y defiende su inocencia, pese a que la Fiscalía le sitúa al frente de la presunta trama delictiva. En su escrito de acusación, sostiene que el entramado societario urdido por De Miguel pivotó en torno a Kataia Consulting, una mercantil con domicilio social en una sociedad gastronómica en Vitoria desde la que supuestamente se cobraron comisiones del 4%.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Álava, presidida por Jaime Tapia, será la encargada de juzgar este caso. Los 26 imputados deberán comparecer mañana en la sala de vistas de la Audiencia, donde se han realizado obras de acondicionamiento que han costado 100.000 euros. Se han programado más de 100 sesiones durante el juicio y se espera que quede visto para sentencia el próximo 25 de octubre.
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