Josu Izaguirre: ocho años sin tregua

Llegó en 2006 procedente de Lugo y desde entonces no ha parado. Es como si, antes de Josu Izaguirre, Álava fuera el país de Alicia y, después, una cueva de Ali Baba en la que una parte, selecta, de la clase dirigente se ha pasado de la raya buscando el beneficio propio en vez del público. El fiscal jefe de Álava, doctor en Derecho, especializado en las leyes que regulan la economía social, euskaldun y padre de dos hijos, Josu Izaguirre (San Sebastián, 1964) lleva ocho años sin quitar la lupa sobre los casos de presunta corrupción que afectan a la provincia, aunque la falta de medios y la propia limitación humana para desdoblarse, hayan provocado que se quedaran por el camino otras denuncias o informes que quizás también eran susceptibles de someterse al microscopio de la justicia.

En ese capítulo de presuntas irregularidades que no han tenido una fiscalización del Ministerio Público —de momento— están la contrata de la limpieza de Vitoria que firmó la corporación del PP con Fomento de Construcciones y Contratas —que van a renovar—, o el último caso que tras la comisión de investigación municipal fue trasladado al Tribunal de Cuentas y que ese organismo ha devuelto a la actualidad al citar a la corporación que en 2007 dirigía el ahora ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, para que explique el próximo día 5, por qué firmaron un contrato cuyo coste iba a ser casi tres veces superior al importe de compra del local.

Llegó de Lugo dejando tras de sí un proceso que generó una gran redada en la provincia gallega contra al expresidente de la Diputación lucense y correligionario de Manuel Fraga, Francisco Chaparro, por presunta malversación, y desde entonces no ha tenido ningún miramiento con la relevancia social ni política de los protagonistas de cada historia. Ese caso se ha cerrado el pasado enero con un carpetazo y sin consecuencias penales para Chaparro, al pactar la nueva fiscalía con los imputados.

El objetivo que verbalizó nada más aceptar la responsabilidad, es decir, trabajar por “una política de puertas abiertas” hacia abajo con los ciudadanos y hacia arriba para evitar zonas de sombra, le ha llevado a transitar por toda la provincia provocando las críticas de todos los partidos: primero del PP, luego del PSE, y finalmente del PNV. Él respondía: “No hago caso de las críticas que vienen de los políticos; tampoco de sus alabanzas”.

Investigó el estrambótico caso del supuesto fraude arqueológico en las excavaciones de Iruña-Veleia, que se complicó con tres querellas contra el arqueólogo de aquella empresa, Eliseo Gil, y que poco a poco fueron decayendo, aunque Gil dejó de explotar el yacimiento.

Imputó en Vitoria al exconcejal de Urbanismo del PP Jorge Ibarrondo y al director del departamento Antón Sáenz de Santamaría, por presuntas irregularidades en sendas promociones de chalés. Ibarrondo fue acusado por todos los partidos de la oposición de incurrir en irregularidades en la tramitación de licencias en dos urbanizaciones. El exedil fue condenado por el Juzgado de Primera Instancia de Vitoria a siete meses de inhabilitación y el pago de 9.000 euros de multa, pero la Audiencia alavesa le absolvió en segunda instancia en 2010.

Inició un procedimiento contra el responsable de la empresa municipal Ensanche 21, Alfredo Piris, un hombre próximo al PSE. El Juzgado de Instrucción Número 3 de Vitoria le imputó por un presunto delito contra la Administración pública en el proceso de venta de los suelos que acogen, entre otras, la ciudad deportiva del Baskonia —BAKH— y la sede de la Caja Vital. Un triángulo urbanístico que afectaba a las empresas del presidente del Baskonia, Josean Querejeta. La audiencia ratificó el sobreseimiento de la causa al no apreciar intento de fraude en las actuaciones.

Y también se metió de lleno contra otro presunto delito urbanístico en Labastida, al imputar a cinco personas, dos de ellos los antiguos alcaldes del PP de la localidad. Les acusaba de alterar el precio de las cosas, fraude y varios delitos más en el proyecto de un campo de golf con una urbanización. La jueza de Instrucción número 1 de Vitoria archivó la causa al “no existir indicios suficientes” de los cinco delitos que les imputaba la Fiscalía.

Ahora, tras la querella contra seis empresarios por el caso del coche eléctrico, una trama de empresas pegadas al PNV que fundió 18 millones de dinero público, investiga junto al juez Roberto Ramos, el macro caso De Miguel, una presunta trama de corrupción urbanística con 24 imputados, entre ellos relevante ex cargos del PNV alavés. Cinco años después, el caso pende del cierre de la instrucción.