El juez sostiene que De Miguel lideró una red clientelar para prevaricar

Alfredo de Miguel se aprovechó de su peso político en el PNV de Álava y de su condición de mano derecha del diputado general de este territorio para tejer una red clientelar que obtuvo de manera irregular numerosos contratos administrativos en feudos de alcaldes nacionalistas. Este es el dibujo genérico realizado por el juez Roberto Ramos en su auto de imputación de hasta 11 delitos para 26 personas difundido este martes, casi cinco años después de las primeras detenciones de un escándalo que sacudió entonces la política alavesa y que ratifica las principales hipótesis sobre las razones de esta trama.

Aunque es posible que el inicio de la vista oral pudiera demorarse hasta un año, la existencia de este auto altera de inmediato el clima político en el territorio alavés, demasiado convulso por la sucesión de denuncias ante los juzgados y que asiste a unas previsiones sociológicas de máxima igualdad en las urnas.

De momento, el juez sostiene que ha quedado “indiciariamente acreditado” la posible existencia de una “trama organizada” en torno a De Miguel, entonces diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial de Álava, para conseguir irregularmente contratos o adjudicaciones públicas de diferentes Administraciones o entes públicos gobernados por el PNV. Quedan libres de cargos Pablo Larrabide, directivo bancario, y Asier Arzalluz, hijo del expresidente del PNV, ya que los hechos que se le imputaban, fraude en la contratación pública, “no son constitutivos de delito o resultan penalmente atípicos”.

Como ya se había conocido por anteriores declaraciones, y de manera especial por la confesión de Ainhoa Bilbao, los principales cargos del PNV alavés imputados desviaron fondos para la empresa Kataia Consulting en la que sus mujeres también participaban o para otras empresas con las que tenían relación. Dentro de los presuntos delitos cometidos, el auto recuerda que esta red “solicitaba y obtenía el pago de comisiones” de quienes obtenían algunas adjudicaciones a las que contribuían.

En su mayoría, los imputados tienen una relación directa con el PNV como burukides, afiliados o simpatizantes, principalente de Álava y Bizkaia. Así, en la lista se mezclan miembros de la ejecutiva alavesa del ABB con exconsejeros del Gobierno Ibarretxe o la exalcaldesa de Zambrana. La localización en Vitoria del epicentro de la trama obligó al entonces presidente del EBB, Iñigo Urkullu, a liderar una inmediata operación limpieza que prosperó después de superar, no obstante, serias resistencias por parte del núcleo próximo a Iñaki Gerenabarrena y a quien secundó Joseba Egibar hasta poco antes del desenlace. Esta forzada renovación situó a Xabier Agirre como líder del ABB después de una asamblea controvertida.

La sucesión de ilegalidades lleva al juez a enumerar casos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude a las Administraciones públicas o en la contratación pública, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, falsedad en documento público y mercantil, delitos contra la Hacienda Pública, y alteración de precios en concursos y subastas.

En el auto se precisa, además, que de los hechos recogidos en la resolución se deriva la presunta responsabilidad civil subsidiaria de, al menos, las sociedades mercantiles Kataia Consulting, Errexal Serbitzuak, Ortzi Muga, Sidepur y Zeruluz.

En su auto de 180 folios, el juez detalla hasta doce operaciones de largo alcance en las que se habrían cometido irregularidades por alguno de los encausados. Las adjudicaciones en el Parque Tecnológico de Miñano o las modificaciones en las normas subsidiarias de Zambrana se entrecruzan con los contratos a algunas de las sociedades creadas por miembros de la trama que, en ocasiones, “no ofrecían prestaciones a cambio”.

Se pone fin así a una tortuosa instrucción donde se han sucedido las declaraciones ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria con la comisión de investigación en el Parlamento mientras desde la fiscalía de Álava se denunciaba la falta de colaboración de la Ertzaintza para determinar algunos delitos económicos. Tampoco se descarta que dentro de la estrategia de algunas defensas pudiera plantearse en el inicio del junio la nulidad de algunas de las pruebas recogidas en el auto por la calidad de algunas grabaciones.