La ex alcadesa de Zambrana vincula a De Miguel a un plan urbanístico

La ex alcaldesa de Zambrana, la peneuvista Justina Angulo, declaró ayer ante la comisión de las Juntas Generales alavesas que investiga una derivada de la presunta red de corrupción conocida como caso De Miguel. La regidora confirmó, según fuentes presentes en la reunión, que fue el entonces diputado de Administración Local y Equilibro Territorial, Alfredo de Miguel, quien le puso en contacto con la empresa Sidepur, que terminó siendo contratada para impulsar el desarrollo urbanístico del pueblo. Uno de los administradores de esta firma es Josu Urruti, vinculado al PNV.

La ex regidora dijo que "volvería a hacer lo mismo" para impulsar la gran recalificación planteada debido a que existía una importante demanda de suelo industrial. Una empresa catalana, Riera Urbanizer, se gastó millones de euros en opciones de compra de los terrenos que iban a ser recalificados y después recurrió la decisión de la Diputación de reducir su extensión. En medio, se planteó instalar en Zambrana una central de ciclo combinado, pero la instalación terminó en Lantarón.

La comisión intentará concluir sus trabajos antes de finales de marzo

La justicia, por un lado, investiga si hubo pago de comisiones en la frustrada operación urbanística. Los junteros, además, buscan depurar las responsabildades políticas en la actuación de la Diputación, que primero votó en contra de los informes ambientales que consideraban inundables los terrenos antes de cambiar de criterio y recurrir a estos mismos informes para reducir el número de hectáreas recalificables, dando así portazo a la operación.

También audió ayer a la comisión el actual regidor de Zambrana, el independiente Aitor Abecia, aunque su comparecencia quedó suspendida hasta mañana debido a que aportó nueva información relacionada con la tramitación de la novena modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Ayuntamiento de Zambrana. En declaraciones a los medios de comunicación, Abecia explicó que en la localidad existe "un malestar general, porque se conozca al pueblo por una supuesta trama de corrupción". "Si se hubiera hecho una política de transparencia igual no estaríamos aquí en este momento", añadió.

El presidente de la comisión de investigación, el juntero popular Javier Ruiz de Arbulo, explicó que "a la vista del volumen de la información" aportada por Abecia, todos los grupos estimaron conveniente aplazar la declaración del regidor para poder analizarla.

Ruiz de Arbulo destacó también la "normalidad" con la que se está desarrollando la comisión, ya que todos los citados están acudiendo y respondiendo a las preguntas que se les formula. El presidente aclaró que la comisión trabajará "a marchas forzadas" para terminar su trabajo antes de la disolución del legislativo provincial a finales del mes de marzo.

También ayer, la Diputación afirmó que no presentará objeciones a la iniciativa planteada por PSE y PP para que la comisión pueda acceder a datos fiscales de personalidades jurídicas. Los junteros quieren detalles sobre algunas empresas vinculadas a la trama. El ente foral rechazó la primera petición al considerar que vulneraba la ley.