La denunciante del ‘caso De Miguel’ teme que no fue la única a la que reclamaron “pasar por caja”

La empresaria Ainhoa Alberdi ha declarado este lunes, durante el juicio del caso de Miguel, que la "alegría y facilidad" con la que la que los presuntos responsables de esta presunta trama de corrupción le reclamaban que "pasara por caja", le hace temer que ella no fue "la única" persona a la que se le reclamaba el pago de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos.

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Alberdi, cuya denuncia ante la Fiscalía de Alava en diciembre de 2009 destapó esta presunta red de corrupción vinculada a Alfredo de Miguel y otros exdirigentes del PNV, comparece este lunes como testigo ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Alava que juzga este caso, en el que los 26 acusados se enfrentan a posibles penas de entre 4 y 54 años de cárcel.

La empresaria y abogada, de cuya comparecencia no se están ofreciendo imágenes para preservar su intimidad, se ha ratificado en las afirmaciones que realizó durante la fase de instrucción del caso, abierta a raíz de la denuncia que ella misma presentó ante la Fiscalía el 2 de diciembre de 2009.

A preguntas de la Fiscalía, Alberdi ha reconocido este lunes la autenticidad de las grabaciones de audio y de los correos electrónicos que aportó junto a su denuncia.

Estas pruebas acreditarían las presuntas presiones de los exdirigentes del PNV Alfredo de Miguel y Aitor Tellería, así como de otros supuestos miembros de la trama, para que pagara en torno a 100.000 euros en concepto de comisión por un contrato que se adjudicó su empresa (Urbanorma) para la ampliación del Parque Tecnológico de Álava.

Aquel contrato fue firmado en diciembre de 2006, cuando la empresa Urbanorma tenía como principal accionista a Jon Iñaki Echaburu -uno de los 26 acusados en este juicio--, que según las grabaciones aportadas por Alberdi habría reconocido haber pactado el pago de las comisiones a De Miguel.

Alberdi, que inicialmente era la socia minoritaria de esta empresa, asegura haberse enterado de todo esto una vez que, al comprar su parte de Urbanorma a Echaburu, se convirtió en la única propietaria de la sociedad, momento en el que los presuntos miembros de la trama empezaron a reclamarla el pago de comisiones como contrapartida por el contrato que se había adjudicado a Urbanorma para participar en los trabajos de ampliación del Parque Tecnológico de Alava (PTA).

La primera demanda para que abonara dichas comisiones se habría producido en una reunión con Alfredo de Miguel, celebrada en noviembre de 2008 en el despacho oficial que éste tenía en la Diputación Foral de Álava, en la que era el responsable de Administración Local y Equilibrio Territorial.

En aquel encuentro, al que Alberdi se ha referido como "el Día D", De Miguel le reclamó "textualmente" que tenía que "pasar por caja", según ha ratificado la empresaria en su declaración. La empresaria, que ha destacado que hasta ese momento no sabía nada de las condiciones que el anterior propietario de Urbanorma había pactado para acceder a este contrato, ha explicado que De Miguel llamó en su presencia a Alfonso Arriola, también acusado y entonces gerente del PTA, para preguntarle por la "cantidad" concreta que debía abonar, aunque este último no pudo "precisarlo", por lo que De Miguel le anunció que ya se lo dirían más adelante.

La grabadora

La testigo ha explicado que fue en ese momento cuando entendió que "me estaban pidiendo dinero como compensación por el contrato de Urbanorma" con el PTA. Alberdi ha explicado que a partir de ese momento, empezó a pensar en la necesidad de "protegerse", por lo que decidió ir a un establecimiento conocido como 'La Tienda del Espía' para comprar la grabadora con la que, posteriormente, efectuó las grabaciones que aportó como prueba ante la Fiscalía, en las que se recogen otras peticiones de pago y supuestas presiones.

La empresaria, no obstante, ha querido precisar que su objetivo al adquirir la grabadora, de la marca Olympus, no fue recabar pruebas "para denunciar a ese gente", sino protegerse frente a eventuales denuncias que pudieran presentar otras potenciales víctimas de intentos de cobro de comisiones.

"Había visto que esa petición de dinero se hacía con tanta facilidad y alegría, que igual yo podría estar ahora ahí (entre los acusados) si alguien lo denunciaba. Lo hice para protegerme y para demostrar que ni tenía intención de pagar", ha manifestado.

En la misma línea, ha hablado de la "tranquilidad" con la que se le reclamaba que tenía que pagar "un tercio" del valor del contrato, cuando "nunca antes habían hablado conmigo de esto", y de la "contundencia" de las expresiones de otro de los acusados, Aitor Telleria, aludiendo a la "barra libre". "Temí que si esto era tan fácil de hacer, yo no sería la única a la que se le habían hecho", ha indicado.

Una vez adquirida la grabadora, Alberdi registró las conversaciones que mantenía con De Miguel, Telleria y otros acusados, a las que llevaba este aparato oculto "en el bolso o en las medias". En una de esas conversaciones, cuya grabación se ha reproducido durante la vista, Telleria asegura a Alberdi que existía un "acuerdo" con el anterior miembro de la empresa (Echaburu), para dividir los pagos "en tres partes".

"Una para ti, otro para él (Echaburu) y la otra parte, que es la que nosotros recaudamos", habría dicho Telleria, según la transcripción elaborada por la Ertzaintza de la grabación, cuyo sonido no es muy claro. Alberdi ha afirmado que estas grabaciones evidencian que los miembros de la red actuaban desde una sensación de "impunidad".

En otro momento de su declaración, ha aludido al coste "personal" que ha sufrido por denunciar los hechos ante la Justicia. Alberdi ha explicado que "desde el principio" y, "casi hasta el día de hoy", ha sido víctima de "venganzas". "Mi denuncia no gustó a nadie", ha afirmado.

El veto

De hecho, ha explicado que a partir de ese momento, sufrió un "veto" que le impidió acceder a nuevos contratos públicos, y que incluso padeció la rescisión de algún contrato que tenía vigente sin recibir "explicación alguna". La empresaria ha manifestado que, en un momento dado, una "persona política", le dijo que "durante muchos años "mejor no hiciéramos el trabajo de presentarnos a concursos" públicos.

Aunque la Fiscalía y el presidente del tribunal le han pedido que identificara a dicha persona, Alberdi ha explicado que preferiría no tener que hacerlo, dado que ese político -al parecer del territorio de Bizkaia- le trasladó ese mensaje únicamente como "consejo", y que si revelara su identidad ella podría verse aún más "perjudicada".

El presidente del tribunal, el magistrado Jaime Tapia, ha accedido a la petición de la testigo como medida de "protección" para la propia Alberdi. En todo caso, la empresaria ha asegurado que dio "credibilidad" a ese consejo, dado que se trataba de una persona que hablaba "con autoridad" puesto que "sabía como funcionan este tipo de asuntos".

Alberdi ha afirmado que en estos últimos años también ha tenido discusiones con algunos de sus familiares que son militantes del PNV, pese a que -según ha destacado-- ella en ningún momento ha "mencionado" a la formación nacionalista. Todos estos problemas, según ha explicado, le han llevado a estar en tratamiento por depresión y ansiedad. "Me metí en esto quizá por convencimiento y por justicia; y debería haber reflexionado más sobre las consecuencias que iba a tener para mí", ha indicado. El juicio se reanudará este martes, cuando las defensas tomarán el testigo de la Fiscalía y empezarán su interrogatorio a Ainhoa Alberdi.