El Congreso citará a todos los presidentes autonómicos antes de mayo

La Comisión propuesta por el PSOE para la evaluación del Estado Autonómico ha vuelto este miércoles a la actividad en el Congreso con la comparecencia de Joaquín Almunia. El objetivo es llegar a enero con las exposiciones de los expertos en la materia cumplidas y empezar a convocar a todos los presidentes autonómicos sin excepción para que acudan y expongan sus ideas sobre el modelo español antes de las elecciones locales y europeas de mayo.

Las sesiones de este foro de trabajo, pensado y propuesto hace un año en el Congreso por el PSOE de un Pedro Sánchez aún en la oposición para completar la intervención dura de la Generalitat de Cataluña con el artículo 155 de la Constitución, llevaban paradas desde abril y han recibido para su relanzamiento a un Joaquín Almunia que se ha mostrado a favor de una reforma "sin miedo" de la Carta Magna de 1978.

La respetada trayectoria y personalidad de Joaquín Almunia, exministro precisamente de Administraciones Públicas en los gobiernos de Felipe González entre 1986 y 1991 y excomisario europeo de 2004 a 2014, facilitó mucho el éxito de esta primera cita de esta etapa de la comisión.

Este foro ya nació con el bloqueo y las ausencias de los representantes de Ciudadanos, Podemos y los partidos nacionalistas y en su devenir se cruzó justo antes del verano con el cambio de color político en el Gobierno. Su presidente se citó en junio con Sánchez para saber si de verdad consideraba su vigencia de interés. El presidente del Gobierno le animó a continuar los trabajos y a intensificarlos y tras el verano el presidente de la Comisión trató el asunto con los responsables del PP, que también le dieron el visto bueno.

La Comisión pretende, en el contexto actual y con la crisis institucional, social y política sobre Cataluña en plena ebullición, examinar el momento del Estado Autonómico y su futuro. Los partidos aún presentes en la misma, sobre todo PP y PSOE, han registrado un total de 310 peticiones de comparecencias, de todo signo, y que la convierten en un foro demasiado teórico y poco ejecutivo. El primer reto del presidente para reanudar los trabajos de ese foro es precisamente expurgar con los partidos ese nivel de peticiones para facilitar su operatividad y, sobre todo, para acabar sus tareas en un tiempo lógico. La mayoría de esas comparecencias, unas 120, son coincidentes. Hasta ahora ya se han celebrado un total de 33, con las dos que se produjeron este miércoles, y la meta es dejar las pendientes en torno a un centenar.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aún celebró este miércoles con el presidente de la Comunidad valenciana, Ximo Puig, una reunión de trabajo en La Moncloa y quedan varios mandatarios autonómicos por acudir para plantear sus problemas bilaterales con el Estado. La idea que manejan los miembros de la Mesa del Congreso es esperar a que Sánchez acabe esa ronda más que probablemente antes de Navidades y convocar en el Congreso a los presidentes autonómicos a partir de enero y con cierta celeridad para completar esas consultas antes de las elecciones municipales, regionales y europeas de mayo.

La intervención este miércoles de Almunia quería enmarcarse en el contexto de cómo la España autonómica de 1986 afrontó su plena integración en la Unión Europea y derivó luego a las similitudes y diferencias con respecto a otras naciones con sistemas federales. Almunia aportó su experiencia y conocimiento para concluir que la España actual sin ser federal estrictamente tiene un nivel de descentralización y de cesión de competencias a las autonomías incluso mayor que muchos Estados federales. El excomisario, eso sí, reconoció que quedan mejoras y adaptaciones por hacer y que para ello será necesario afrontar una reforma amplia y "sin miedo" de la Constitución de 1978, mayor incluso que la que planteó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero al Consejo de Estado en 2006.

Joaquín Almunia se mostró a favor de explicitar en la Constitución "la primacía del ordenamiento jurídico de la UE sobre el interno de cada país", sin prejuicio de la supremacía de los valores fundamentales recogidos en la Carta Magna, y también de recoger vías de participación mayores y mejoras de las comunidades autónomas en la posición del Estado tanto en debates como en los distintos consejos donde se abordan cuestiones de interés autonómico en Bruselas. Cuando varios diputados le preguntaron a Almunia qué mejoras se podrían incluir en el Estado español sobre los modelos federales ya en funcionamiento, el político socialista reseñó que debería convertirse de verdad el Senado en una cámara federal, con presencia directa de los gobiernos autonómicos.

La discusión se extendió sobre otros asuntos pero Almunia no perdió la ocasión para subrayar la curiosa paradoja de que España sea en la actualidad uno de los países más europeístas de la UE y al mismo tiempo el que más causas de infracción tiene abiertas por incumplimientos de acuerdos europeos y el que más multas ha tenido que pagar en los últimos cinco años por esa razón.

Cuando los diputados, y en especial el nuevo portavoz del PP, Rafael Merino, intentaron conducir a Almunia para que se pronunciara sobre la situación actual en Cataluña el excomisario europeo se limitó a sentenciar la relevancia de respetar "con lealtad constitucional" el imperio de la ley y del Estado de Derecho en los países democráticos y a pedir valentía para encarar con acuerdos las reformas necesarias. Fue ahí cuando soltó: "De tanto manosear el consenso nos da miedo abordar una cuestión en la que no estaremos de acuerdo en todo y eso es una equivocación que no sucedió en la transición". A las espaldas de Almunia estaban colgados en la sala Constitucional del Congreso los retratos de los siete padres del texto de 1978. Almunia abogó por perder el miedo a las reformas constitucionales pero como los líderes políticos de aquella época: "Para llegar a acuerdos tienes que renunciar a ganar por goleada".