Siete años de vacas flacas

¿Qué han conseguido las multitudinarias manifestaciones de la Diada? Mucha movilización, generoso entusiasmo, lemas imaginativos, sonrisas a raudales (ya tirando a menos) y contundentes imágenes de magnífica plástica, encuadradas al milímetro en gigantescos platós urbanos.

Eso han sido sus siete celebraciones de formato claramente secesionista (2012 a 2018). Pero el balance práctico de lo que ha cosechado tanto esfuerzo es menos que romo. Políticamente gestionado por los Gobiernos de la Generalitat de Artur Mas (incluye el primer ejercicio soberanista, 2011), Carles Puigdemont y Quim Torra, el procés –en un contexto de severo revés económico global y en responsabilidad compartida con un Gobierno centralista en España– ha sido negativo para el bienestar de los catalanes. Para su vida institucional. Y para su prestigio. Primero fueron los campeones de la austeridad; y luego redujeron la gobernanza al priorizar la agitación. Los datos cantan.

• Sanidad pública en caída libre. La propaganda oficial asevera que ha mejorado. No. El personal sanitario, que Mas ya redujo a 76.306, no se ha recuperado, pese a los logros de sindicalistas y a la presión de la extrema izquierda soberanista (CUP) en 2016. Todavía está por debajo: 75.441 sanitarios. El presupuesto ha bajado de 9.875 millones en 2010, con el tripartito de izquierdas a a 9.188 millones en 2011 y a 8.876 en 2017.  Las listas de espera quirúrgicas subieron con Mas de las 153.916 heredadas a final de 2010, a 193.879 en 2011. Y bajó a 164.828, pero repuntó en 2017, a 170.490. Las camas hospitalarias disponibles en el último año del tripartito eran 14.072. En el primer año del “Govern de los mejores” ya cayeron a 13.617 y hoy siguen por debajo (12.978).
• Enseñanza en barracones. La herencia presupuestaria educativa recibida de las izquierdas ascendía a 5.317 millones de euros. En 2011 bajó a 4.894 millones, y siguió de mal en peor hasta 2016 (4.442 millones), con un leve rebote a 4.821 millones en 2017, sin recuperar el nivel inicial. El primer Govern soberanista sajó casi 4.000 empleos de profesores, recuperados tras intensas movilizaciones en el curso 2017/2018. Y el número de barracones escolares sigue siendo idéntico: 1015 había en 2011/2012, 1015 en el primer año de Torra.
• Las alforjas de la propaganda. Esa inversión social declinante contrasta con el gasto ascendente incurrido en propaganda internacional del proyecto secesionista. En 2017 el departamento de Acció Exterior aumentó un 80% su presupuesto, a 39,6 millones. En dos años duplicó las cinco delegaciones políticas o “embajadas”, a 11, y ultimó hasta 14, con la tarea de buscar apoyos oficiales para la separación. Con escaso rendimiento: ningún Gobierno la apoyó. Mejor le fue en las universidades a la diplomacia paralela de Diplocat. Y más beneficios reportó a la economía la veterana red 40 de oficinas comerciales (COPCA, luego Acció)
• El gasto de TV-3 es el mayor. También algunas partidas de gasto de la radiotelevisión pública se han disparado (aunque no el total), como la de personal. La plantilla de la corporación CCMA, que agrupa a TV-3 y Catalunya Ràdio, creció un 33% de 2012 a 2015, hasta 159,6 millones. Más que el coste conjunto de personal en los entes de Telecinco (Mediaset) y Antena 3/La Sexta (Atresmedia), 128,3 millones. En 2017 TV-3, la más rica de las televisiones autonómicas, dispuso de 236 millones, más del doble que la televisión gallega (104,7) y casi que la vasca (134,2). No hay estudios parlamentarios de qué parte fue a tareas profesionales y cuál a propaganda.
• Declinante producción legislativa. La productividad parlamentaria se contrae. Las 49 leyes del período 2012-2015 se redujeron a 24 en la legislatura 2015-2017: muchas fueron impugnadas por los Gobiernos del PP, y de forma automática. En 2018, se han aprobado dos. Claro que 2018 ha sido inerte: el secesionismo tardó cinco meses en elegir nuevo president y la Cámara está cerrada hasta octubre para plenos (por disensiones internas del secesionismo) desde el 18 de julio, vaya fecha.
• Una sociedad dividida. Aunque las disensiones políticas entre familias, colegas de trabajo y redes sociales no alcanzan aún el nivel descrito para Euskadi en “Patria” por Fernando Aramburu, son exponenciales. Ya no hay “un sol poble català”, como reclama el oficialismo, lo que obvia para no reconocer su fracaso. Acabó ritualmente el 8 de octubre de 2017 con la multitudinaria manifestación --de la hasta entonces mayoría silenciosa--, equiparable a las de la Diada.
• Decae el atractivo exterior. Los altavoces secesionistas se ufanan de que “todo el mundo nos contempla”. La realidad turística disiente. La caída de las cifras de pernoctaciones hoteleras triplicó en julio (6,5%) la media española (2,2%). Y este agosto el declive aún se agravó, con un 20% menos de pernoctaciones en Barcelona, lo que el gremio de hoteleros atribuye sobre todo a la inestabilidad política.
• La fuga de empresas. En octubre de 2017, el mes del referéndum oficioso, se desplomó el turismo y el consumo, amenazando de ruina a la economía catalana. Con la intervención de la autonomía, se paró el descenso, y hoy solo un 11,7% de empresarios ve factible la secesión (encuesta de la Cámara de Comercio de España). La industria y la exportación salvaron bien el ejercicio. Pero los excesos políticos se pagaron caro: más de 4.000 empresas catalanas trasladaron desde entonces sus sedes sociales fuera de la comunidad, ¡sobre todo a la rival histórica, Madrid! El Govern lo minimiza recordando que las factorías no se mueven. O lo imputa al Gobierno central porque anuló obstáculos al traslado, a petición de La Caixa. Pero es esencial en toda empresa su cerebro y dirección, a la que acompañan servicios de valor añadido y/o estratégicos, de tracción localizadora para el conjunto de la economía (comunicación, marketing, eventos, relaciones institucionales, servicios jurídicos y notariales…)
• La inversión exterior, por los suelos. Los mercados son ambivalentes. A favor, algunas grandes multinacionales (Amazon, Facebook, IGG, PepsiCo) han acudido a instalarse en Cataluña. En contra, la cifra global de inversión exterior ha ido por los suelos: en 2017 cayó un 39’8% en Cataluña, mientras subía un 24’7% en Madrid. Cara selectiva y cruz global de la confianza exterior a largo plazo sobre la economía –y el empleo- de los catalanes.

Con información de Josep Catá y Jessica Mouzo