Jueces y fiscales reclaman al Gobierno que asuma la defensa de Llarena en Bélgica

La petición al Gobierno de que asuma la defensa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante la justicia belga por la demanda que le ha interpuesto Carles Puigdemont aglutina ya a las principales asociaciones de jueces y fiscales, con la única excepción de los magistrados progresistas. La Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenece la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se unió este sábado a la reclamación de que el Estado defienda en la causa a Llarena ante el “inasumible” intento de enjuiciar su actuación en tribunales extranjeros.

El poder judicial aumenta la presión al Gobierno para que defienda al juez Llarena en Bélgica, donde está citado a declarar el próximo 4 de septiembre tras la demanda del expresidente de la Generalitat contra él. A las cinco asociaciones de jueces y fiscales que exigieron en la noche del viernes en un comunicado al Ejecutivo que asuma la defensa del magistrado se sumó este sábado la principal asociación progresista de fiscales. Solo quedan al margen de momento los jueces progresistas, mientras el Gobierno se resiste a asumir la defensa del juez hasta que no quede claro que el proceso belga se inmiscuya en la causa contra el procés.

Las asociaciones de jueces y fiscales piden al Gobierno de Pedro Sánchez que actúe para proteger “la soberanía jurisdiccional de España” ayudando a Llarena a defenderse en la causa belga. Puigdemont y los consejeros huidos de España han logrado que la justicia de ese país cite al magistrado español a declarar tras acusarle de vulnerar su derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia por manifestar opiniones públicamente. Para ello se apoyan en las declaraciones que realizó Llarena a los medios de comunicación en Oviedo el pasado 22 de febrero. En las mismas recalcaba que los políticos encarcelados “no son presos políticos”. La maniobra de los políticos catalanes tiene como fin último lograr su recusación por parte del Supremo y que se nombre a otro juez en su lugar.

En el comunicado que firman todas las asociaciones salvo Juezas y Jueces para la Democracia, estos acusan al Ejecutivo de “dejación de funciones” y le reclaman que se persone en la causa “de forma inmediata” y ejerza la defensa del magistrado, algo que es “defender a la justicia española en su conjunto”. Varios medios, entre ellos la agencia Europa Press, han publicado que la Abogacía del Estado defendió en un informe trasladado al Gobierno que debía asumir la representación del juez.

El Ministerio de Justicia anunció el pasado jueves que estudia contratar un bufete privado en Bruselas en caso de que la autoridad judicial belga, en el momento de admitir a trámite la demanda de Puigdemont contra Llarena, “mencione siquiera entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal” abierta contra el expresident y otros cuatro exconsejeros de la Generalitat huidos con él el pasado 30 de octubre tras declarar la independencia de Cataluña. Pero el Gobierno dice que sobre las declaraciones privadas de Llarena no puede actuar.

El debate jurídico radica en si lo que está en juego en la causa belga es la honorabilidad del magistrado del Tribunal Supremo o la integridad de la jurisdicción española. En ese debate, la asociación progresista de fiscales se sumó ayer al resto con el argumento de que es “inasumible” el intento de los exdirigentes independentistas de “fiscalizar o enjuiciar” la actividad de un juez español ante órganos judiciales extranjeros. “El solo planteamiento de esta cuestión supone un grave atentado contra la soberanía del Estado español y contra la independencia de sus órganos jurisdiccionales”, esgrimió esta asociación, que ha manifestado su “unidad” en torno a Llarena y la “necesidad” de que el Estado se persone en el procedimiento judicial. Los fiscales progresistas prefirieron emitir su propio comunicado porque no comparten el tono ni el lenguaje del texto de sus colegas.