El Gobierno recurre la reapertura de las “embajadas” catalanas

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación anunció este jueves que llevará a la justicia la reapertura de las siete delegaciones de la Generalitat en el extranjero que aprobó el Gobierno de Quim Torra después de que se levantara la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Concretamente, el ministerio que dirige Josep Borrell, presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para impugnar el decreto del pasado 26 de junio de la administración autonómica que supuso la reapertura de las embajadas catalanas en el Reino Unido e Irlanda, Alemania, Estados Unidos de América, Italia, Suiza y Francia.

Exteriores argumenta que la Generalitat incumplió las condiciones que establece la Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado, según la cual, antes de crearse estas embajadas, las comunidades autónomas deben comunicarlo al ministerio para que informe si la iniciativa encaja en el principio de unidad de acción de la política exterior española. Esa comunicación previa de los gobiernos autónomos ha de servir, además, para que el Ministerio de Hacienda informe sobre el principio de eficiencia en la gestión de los recursos públicos, y para <TB>que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública se pronuncie también si encaja o no en las competencias de la Generalitat.

El ministerio explicó ayer que la Generalitat comunicó la creación de esas delegaciones con sólo 24 horas de antelación a la adopción del decreto de creación, un tiempo que hizo imposible la emisión de los informes. El argumento del departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat es que en realidad no se trataba de una creación de delegaciones, sino de la reapertura de las que ya habían funcionado. Exteriores asegura que no cuestiona que la Generalitat abra oficinas fuera de España, pero insiste en que debe ajustarse a la previsión

El Gobierno del PP ya recurrió en su día la creación de las delegaciones catalanas por considerar que la Generalitat tampoco cumplió los trámites legales establecidos, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña archivó la demanda al considerar que se había perdido el objeto del recurso desde el momento en el que esas delegaciones fueron clausuradas por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.