El Estado se personará en la causa contra Llarena en Bélgica si se menciona la instrucción del ‘procés’

El Estado español ha decidido actuar en Bélgica en defensa de la independencia de sus tribunales con motivo de la demanda interpuesta en ese país por el fugado expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. El Ministerio de Justicia anunció este jueves que estudia contratar un bufete privado en Bruselas en caso de que la autoridad judicial belga, en el momento de admitir a trámite la demanda de Puigdemont contra Llarena, “mencione siquiera entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal” abierta contra el expresident y otros cuatro exconsejeros de la Generalitat huidos con él el pasado 30 de octubre tras declarar la independencia de Cataluña.

El anuncio llega una semana después de que el Consejo General del Poder Judicial decidiera, por siete votos contra uno, aceptar la solicitud de amparo del juez Llarena, instructor de la causa por rebelión en la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Llarena pidió protección al órgano de gobierno de los jueces al considerarse perturbado en su independencia como magistrado después de que Puigdemont, interpusiera contra él una demanda en Bélgica y fuera citado a declarar en ese país el próximo 4 de septiembre. El órgano de gobierno de los jueces puso aquel acuerdo en conocimiento de los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores “para que adopten las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del Reino de Bélgica”.

En un comunicado, el ministerio dirigido por Dolores Delgado recuerda ahora que la causa penal sobre el procés, instruida por Llarena, está sometida “de manera exclusiva y excluyente” a la jurisdicción española. Por ese motivo, en caso de que el juez de primera instancia belga ante el que Puigdemont ha presentado su demanda cuestionara o hiciera mención en sus resoluciones a esta investigación penal española, el Gobierno actuará “en la medida proporcional y adecuada” para “proteger la inmunidad jurisdiccional del Reino de España” y “su potestad soberana del ejercicio de la jurisdicción”.

Cualquier “mención” a la función de Llarena como juez por parte de la autoridad judicial belga supondría, según el Ministerio de Justicia “una vulneración del principio acta iure imperii", en virtud del cual los Estados extranjeros no pueden ser demandados ni sometidos a la jurisdicción de los tribunales de otros países.

El Ejecutivo español aclara que las leyes no contemplan que la Abogacía del Estado se persone ante los tribunales ordinarios de países extranjeros. Por ello, afirman, “si la evolución de la causa belga recomienda la personación del Estado español, el Ministerio de Justicia contratará un bufete privado que defienda su soberanía e inmunidad jurisdiccional”.

La demanda presentada por Puigdemont y los exconsellers en Bruselas incluye también referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena tras una conferencia en la Universidad de Oviedo. El comunicado aclara que sobre estas declaraciones privadas “el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función”.