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El PP acercó en 2016 a los dos presos etarras trasladados ahora a Euskadi

Olga Sanz y Javier Moreno, exmiembros del 'comando Bizkaia', pasaron entonces de la cárcel de Aranjuez (Madrid) a la de Asturias, 160 kilómetros más cercana a su domicilio

Concentración de familiares de presos de ETA celebrada en las playas de San Sebastián el pasado 5 de agosto.
Concentración de familiares de presos de ETA celebrada en las playas de San Sebastián el pasado 5 de agosto. EFE

El Gobierno de Mariano Rajoy acercó en 2016 desde la cárcel de Aranjuez (Madrid) a la prisión asturiana de Villabona —160 kilómetros más próxima a su domicilio— a los etarras Olga Sanz Martín y Javier Moreno Ramajo, cuyo reciente traslado a una cárcel vasca ha provocado un aluvión de críticas del PP y de su presidente, Pablo Casado. El entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció poco después de aquel acercamiento un cambio de la política penitenciaria si ETA se disolvía.

Olga Sanz fue trasladada a la prisión asturiana en mayo de 2016. Entonces llevaba en la cárcel de Aranjuez tres años tras haber pasado por otros centros penitenciarios, como Soto del Real —para asistir a los juicios en los que fue condenada a más de 70 años— y la propia cárcel asturiana, según detallan fuentes penitenciarias. Un mes después seguía sus pasos su pareja y compañero en el comando Bizkaia, Javier Moreno, condenado como ella a decenas de años por colaborar con la organización terrorista a finales de los noventa. Fueron detenidos en 1998. Ambos habían tenido durante su estancia en prisión una hija, que estuvo con ellos en la cárcel madrileña hasta que cumplió los tres años de edad, según detallan fuentes penitenciarias. En el momento de aquel acercamiento, el ministro del Interior era Jorge Fernández Díaz, quien meses después, en octubre, aseguraba que el Ejecutivo de Rajoy modificaría “la política de dispersión penitenciaria el día que ETA se disuelva”. Un hecho que no se produjo, finalmente, hasta el pasado mes de mayo.

Desde 2016, la pareja de etarras ha permanecido en la prisión a la que fue trasladada por el PP y a comienzos de este año ambos solicitaron la progresión de grado con el objeto de acceder a beneficios penitenciarios. Estaban en el llamado segundo grado —que da acceso, en determinadas condiciones, a permisos— para pasar al tercero, con el que solo tendrían que acudir a prisión a dormir. En febrero, con Juan Ignacio Zoido ya como ministro del Interior, Olga Sanz lo consiguió e ingresó en el Centro de Inserción Social (CIS) de la propia cárcel de Villabona, destinado a los presos en régimen de semilibertad. En abril lo pedía su pareja. La Junta de Tratamiento de la Prisión asturiana daba el visto bueno el pasado 30 de julio, ya con Pedro Sánchez en el Gobierno.

A comienzos de esta semana, Instituciones Penitenciarias decidió el traslado de los dos al penal de Basauri (Bizkaia), el más cercano a su lugar de residencia. Según detallaron fuentes penitenciarias, a la mujer se le colocó una pulsera de control telemático para que no tenga que acudir a la prisión y así facilitarle el cuidado de su hija menor de edad. Él sí tendrá que pernoctar en la cárcel. El número de salidas que podrá hacer estará condicionado a que encuentre trabajo o alguna actividad formativa que las justifique, aclaran las fuentes consultadas.

Movimientos y terceros grados con Aznar

Requisitos legales

El Gobierno de Sánchez ha recalcado que ambos etarras cumplen los requisitos legales para ser clasificados en tercer grado penitenciario: haber cumplido tres cuartas partes de la condena, romper con la organización terrorista, pedir perdón a las víctimas y pagar la responsabilidad civil que se les impuso en las condenas. Fuentes penitenciarias añaden que el régimen de semilibertad deja de tener sentido si el recluso que se ve beneficiado por él no está en una cárcel cercana a su domicilio.Desde las filas del PP ayer se continuó atacando la medida. Fue Zoido quien, en declaraciones a La Sexta, acusó a su sucesor al frente de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de justificar el acercamiento de ambos presos rellenando “un formulario”. Zoido reclamó al Gobierno de Sánchez que no rompa con la política penitenciaria que han mantenido “todos los gobiernos de la democracia”. Para el exministro, cuando el Ejecutivo de José María Aznar acercó a 195 presos entre junio de 1996 y septiembre de 1999, con la banda cometiendo atentados, se cumplió la legalidad “a rajatabla”.

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