El rechazo al plan presupuestario evidencia la fragilidad del Gobierno
El Ejecutivo recibe un revés parlamentario no solo de PP y Ciudadanos, sino también quienes llevaron a Sánchez a La Moncloa
Varapalo al Gobierno, que deja a las claras la fragilidad de los apoyos de Pedro Sánchez. El Ejecutivo recibió el viernes un revés parlamentario no solo del PP y de Ciudadanos sino también de los grupos que llevaron a Sánchez a La Moncloa: Unidos Podemos y los nacionalistas (excepto el PNV) se abstuvieron en la votación sobre los objetivos de déficit, claves para elaborar el Presupuesto de 2019. Ese bloqueo, si se confirma, obligaría a un ajuste de 11.000 millones, frente a los 5.000 pactados con Bruselas. La Moncloa intentará negociar de nuevo en el plazo de un mes, y reaccionó con una batería de medidas sociales. Pero negó que ese revolcón ponga de relieve la debilidad del Ejecutivo, según su portavoz, Isabel Celaá.
El Gobierno constató el viernes su debilidad parlamentaria en el asunto más trascendente que hasta ahora ha sometido a votación. El Ejecutivo sufrió un duro revés en el Congreso después de que Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y otros grupos que apoyaron en junio la moción de censura para derribar a Mariano Rajoy se abstuvieran en el pleno extraordinario que debía validar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda para el conjunto de Administraciones Públicas entre 2019 y 2021. Ese pleno tampoco respaldó el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2019 en el que trabaja la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Visiblemente molesto, Sánchez —de visita en Lisboa— calificó como "una equivocación" que los partidos busquen "el desgaste del Gobierno a costa de golpear el bienestar de los ciudadanos".
Finalmente, solo el PSOE y el PNV votaron a favor de los planes del Gobierno. El PP y Ciudadanos rechazaron la propuesta y acusaron al equipo de Sánchez de tener "aversión a la disciplina fiscal", pese a que el Ejecutivo del PP incumplió sistemáticamente los objetivos de déficit desde 2012. La abstención del resto de partidos que en su día apoyaron la moción de censura tumbó definitivamente la senda fiscal.
El Gobierno debe elaborar ahora un nuevo proyecto y someterlo a la Cámara en el plazo de un mes. Y aun así esos planes tendrán que pasar después por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. En caso de que no se supere el trámite —lo que parece bastante probable—, debería adoptar la senda de déficit del anterior Ejecutivo: eso supondría un ajuste de 11.000 millones, frente a los 5.000 millones pactados hace unas semanas en Bruselas.
El Ejecutivo reaccionó al ataque desde Lisboa y al contraataque desde Madrid. Celaá criticó "la inflexibilidad ideológica" de varios partidos y resaltó que su rechazo al plan del Gobierno, paradójicamente, obligar a recortar más gasto público o a subir impuestos, exactamente lo contrario de lo que piden Unidos Podemos o los nacionalistas catalanes. El Ejecutivo emitió, además, señales de que no piensa tirar la toalla con la convocatoria de elecciones. "Nos parece incomprensible, ilógico y muy doloroso lo que ha ocurrido", dijo la portavoz. Por "dogmatismo", afirmó, la oposición no ha aprobado "la senda de bienestar autorizada por la UE". "¿Cómo se puede justificar ese desaire a los españoles?", se preguntó. Lejos de traslucir desánimo, Celaá retó a los grupos que han tumbado esta medida a que expliquen a los españoles por qué se les detraen recursos para sanidad, educación, servicios sociales e infraestructuras. Además, se negó a admitir su precariedad parlamentaria: "No reconocemos ninguna situación de debilidad", zanjó.
La oposición del PP y Ciudadanos estaba cantada. Pero el Consejo de Ministros estaba reunido cuando se conoció que tampoco podía contar con el apoyo de los grupos que sí respaldaron la moción de censura. Junto a Celaá comparecieron las titulares de Sanidad, Carmen Montón; de Trabajo, Migración y Seguridad Social, Magdalena Valerio; y de Política Territorial, Meritxell Batet. Ese despliegue permitió a La Moncloa tratar de escenificar una respuesta a través de una batería de medidas sociales: la restitución de la sanidad universal (para todos los ciudadanos, tengan o no residencia legal en España); un plan de medidas para el trabajo digno; 30 millones para aliviar la presión migratoria, y la mayor oferta de empleo público de los últimos 10 años.
Esa fue la réplica del Gobierno ante el revés parlamentario, que puede tener efectos económicos de primera magnitud —con un Presupuesto más austero— pero sobre todo consecuencias políticas con la visualización de la fragilidad de Sánchez. Unidos Podemos, ERC, PDeCAT y Compromís mandaron al Gobierno el inequívoco mensaje de que el apoyo a la moción de censura no fue un cheque en blanco. Esas formaciones dejaron claro que la propuesta, pese al mayor margen fiscal, les parece insuficiente. Además, el rechazo les sale relativamente gratis: Sánchez y su equipo eran conscientes de que, aun con la luz verde del Congreso, el objetivo de déficit no pasaría la barrera del Senado. Con todo, no cerraron la puerta a una futura negociación.
"Las trincheras"
En un discurso más político que económico, la ministra Montero repartió críticas a los grupos que actuaron "desde el resentimiento" o "las trincheras". E insistió en que "los beneficiarios de las cinco décimas" de déficit —equivalentes a 6.000 millones de ajuste extra— son los pensionistas, los parados, los usuarios de la sanidad o los jóvenes. "Abstenerse o no votar a favor es no reconocer estas necesidades", subrayó.
La titular de Hacienda dijo que pretende elaborar los Presupuestos "con las aportaciones de quienes estén dispuestos a apostar por los ciudadanos", y apeló a "una mayoría plural y polifónica" que "achique la brecha social que se ha agigantado con el PP". Aunque lo logre, tiene un serio problema: el apoyo del Senado es imprescindible. En 2012, el Gobierno de Rajoy reformuló de la Ley de Estabilidad para que la aprobación de los objetivos fiscales tuviera que contar con el respaldo de ambas Cámaras. La modificación de esa ley, por ser orgánica, resulta muy complicada.
Acuerdos del Consejo de Ministros
Oferta de empleo
Universalidad
Equiparación
Becas
El Gobierno lanzó el viernes la mayor oferta de empleo público en 10 años, con más de 30.800 plazas para 2018, que se conseguirán con las ya convocadas más las 23.156 plazas aprobadas.
El Gobierno devolvió mediante un decreto la universalidad al Sistema Nacional de Salud (SNS) y se desligó la asistencia sanitaria de la condición de asegurado, algo que había puesto en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy.
Otro decreto equiparó el derecho de los trabajadores a tiempo parcial, de manera que cotizarán por el periodo de tiempo que hayan permanecido en alta.
Se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de becas y ayudas al estudio para el curso 2018-2019.
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