El Gobierno no cierra la puerta a un adelanto electoral

La pinza entre el nuevo PP de Pablo Casado y el PDeCAT de Carles Puigdemont podría tener consecuencias en el calendario electoral. La radicalización del PDeCAT, clave en la moción de censura a Mariano Rajoy, y el veto del PP a la ampliación del techo de gasto, que obligaría a un ajuste adicional de 3.500 millones, complican la situación al Gobierno en minoría de Pedro Sánchez. Su portavoz, Isabel Celaá, ha asegurado este martes que "nadie está pensando en adelantar las elecciones" generales, pero no ha cerrado la puerta a esa posibilidad: "Nadie va a resistir más allá de lo razonable". "Sería absurdo", ha subrayado la también ministra de Educación en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum al ser preguntada por las posturas de PP y PDeCAT.

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha afirmado este martes, no obstante, que el mantenimiento de la integridad territorial de España es "el objetivo número uno indeclinable" para el Ejecutivo de Sánchez, por lo que ha antepuesto este principio a la duración que pueda tener la legislatura. "Nada más importante para un Estado que su integridad territorial. La duración de una legislatura no se puede poner en el platillo de la balanza frente a la pérdida de la integridad territorial de un Estado. Hasta ahí podríamos llegar", ha sostenido Borrell en una rueda de prensa mantenida junto a su homólogo portugués, Augusto Santos Silva, en el Palacio de Viana de Madrid. El ministro ha afirmado "no tener ni idea" de los panes que pueda tener Puigdemont, pero ha insistido en que preservar la unidad del país es "el objetivo número uno indeclinable de cualquier Gobierno y, por supuesto, de este". 

La ministra de Educación ha subrayado que la convocatoria de elecciones es una facultad del presidente del Gobierno y ha asegurado que el Gobierno respeta los procesos internos de cualquier partido y sus resultados. Celaá se ha referido en concreto a la situación en Cataluña para destacar que el "presidente legítimo" catalán, Quim Torra, reside en el Palau de la Generalitat y no fuera de España, en referencia a Carles Puigdemont, y que espera que el Govern actúe igual que el Ejecutivo de Pedro Sánchez en favor del diálogo para resolver la crisis política en Cataluña.

Tras ratificar la intención del Gobierno de seguir por esa senda, ha apelado a la responsabilidad de Torra. Celaá ha recordado que Sánchez ya ha expuesto en el Congreso algunas de sus propuestas "legítimas, razonables y viables" para volver a la mesa de diálogo y ha pedido que nadie se empeñe en otras propuestas "inviables", en relación a las continuas referencias al derecho de autodeterminación.

Ante la petición del conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Ernest Maragall, de que en la comisión bilateral de la próxima semana se pueda hablar de la situación de los presos independentistas y del derecho de autodeterminación, ha señalado que no conoce el orden del día de la reunión. Ha considerado, no obstante, que el Ejecutivo catalán planteará esa posibilidad. También se ha referido a la posibilidad de que el Congreso cree una comisión de investigación sobre el caso de Corinna zu Sayn-Wittgenstein para recordar que mañana comparecerá por este asunto en el Congreso de los Diputados el director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, y que los grupos parlamentarios, entre ellos el socialista, decidirán cómo actúan en función de sus palabras.

Al preguntarle si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado de este asunto con el Rey, se ha limitado a señalar que el jefe del Ejecutivo habla con Felipe VI "con toda normalidad" acerca de los asuntos que consideren pertinentes. Al término del acto y en declaraciones a los periodistas, la portavoz del Gobierno no ha dado detalles sobre los planes del Ejecutivo para la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos. "El Gobierno lo dirá cuando se produzca", ha zanjado.

Celaá también se ha referido al máster del nuevo presidente del PP, Pablo Casado, y ha opinado que le corresponde a él y a la Universidad Rey Juan Carlos demostrar que los títulos que asegura poseer y que están "en entredicho" son ciertos. "Estamos a la espera", ha explicado Celaá después de que la juez del caso máster haya requerido a los dos profesores que aporten los trabajos por los que fue evaluado de 20 créditos. La juez ha imputado además a tres alumnas que cursaron dichos estudios con el nuevo presidente del PP.