Imputadas tres alumnas que cursaron el máster con Pablo Casado

Pablo Casado no fue el único dirigente del PP que hizo el máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en 2008 sin acudir a clase y con convalidaciones autorizadas por Enrique Álvarez Conde, el director del Instituto de Derecho Público (IDP) que organizaba los cursos y ahora está imputado en el caso Cifuentes. Según consta en la documentación del curso a la que ha tenido acceso este periódico, también figuraba entre los alumnos Alida Mas Taberner, que entonces era subsecretaria de la conselleria de Educación de la Generalitat, bajo la presidencia de Francisco Camps, y se encontraba en Valencia.

Taberner ha sido imputada este lunes por la juez del caso, junto a otras dos alumnas. En la relación de citaciones judiciales a la que ha tenido acceso este periódico no se especifica los delitos por los que son investigadas. La segunda alumna es María Mateo Feito, que según Europa Press es hija de la exasesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid María Teresa Feito, mano derecha de Cristina Cifuentes, acusada de ir a la URJC el día que estalló el escándalo para intentar taparlo. María Mateo ha tenido cargos en dos ministerios con el Gobierno de Mariano Rajoy: en 2012 fue subdirectora general adjunta de Ordenamiento Jurídico Económico en la Dirección General de Política Económica, del Ministerio de Economía, y en 2014, asesora de la secretaria de Estado de Empleo y Seguridad Social. La tercera alumna investigada es María Dolores Cancio Álvarez, que estaba vinculada al Instituto de Derecho Público (IDP), de Enrique Álvarez Conde. La juez ha citado a las tres como investigadas el próximo 2 de agosto.

Según fuentes judiciales, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, quiere reunir toda la información posible para luego valorar si lo archiva o eleva el caso al Tribunal Supremo, dado que el líder del PP es diputado y aforado, para que decida sobre su imputación. 

Contactada por este periódico en los días pasados, Mas Taberner ha reconocido que, en efecto, no acudió a Madrid a ninguna clase del máster. “Me dijeron que no era necesario”, explica. Llegó a este acuerdo con Álvarez Conde y, como licenciada en Derecho, también le convalidaron “bastantes” asignaturas, aunque dijo no recordar el número exacto.“En la universidad de Valencia tenía la especialidad en Derecho Público, me pidieron que la justificara y luego me convalidaron muchas asignaturas”, recordó en una breve conversación. Mas Taberner no ha querido aclarar a este periódico si realizó trabajo fin de máster con un tribunal —Casado no lo hizo, el resto de alumnos sí—, ni si aprobó el resto de las asignaturas con trabajos o exámenes —al nuevo líder popular le bastaron cuatro textos con un total de 92 folios—. Tras una breve charla, Mas Taberner no volvió a responder a las llamadas de este periódico.

Hasta ahora Pablo Casado parecía, dentro de su máster, un caso aislado de facilidades pactadas con Álvarez Conde frente al resto de los alumnos, que fueron a clase, hicieron exámenes o trabajos y tuvieron que realizar un trabajo fin de máster dirigido por un tutor y defendido ante un tribunal. Pero la aparición de Mas Taberner y las otras dos alumnas indica que, al igual que en el máster de Cifuentes en 2011, en el que ha aflorado una lista de alumnos vinculados al PP que gozaban de privilegios, en 2008 ya pudo suceder lo mismo.

Las listas de alumnos del máster de Casado a las que ha tenido acceso EL PAÍS son llamativas, porque los nombres varían de unas asignaturas a otras, aunque las reglas del curso indicaban que todas eran obligatorias. Las convalidaciones explicarían las ausencias en algunas materias. Casado, por ejemplo, logró que le convalidaran 18 de 22 asignaturas. Mas Taberner también admite que fueron numerosas, sin precisar el número. Sin embargo, los dos alumnos que han accedido a contar su experiencia a este periódico, el pasado mes de junio, no recuerdan más de una decena de personas que acudían habitualmente a clase y se presentaron el 29 de junio a la convocatoria del tribunal para la lectura de su trabajo de fin de máster. Pero el número de alumnos que aparecen en algunas listas oscilan entre 10 y 15.

Las tres alumnas imputadas ahora no figuran en las listas de matriculados de todas las asignaturas, pero sí en las mismas cuatro que hizo Casado, controladas por Álvarez Conde, que era el profesor de tres de ellas. La docente de la cuarta era Alicia López de los Mozos, también imputada con él en el caso Cifuentes. Como Casado, sacaron todo sobresalientes. Cancio Álvarez resulta ser una de las integrantes del propio consejo del IDP, como “representante de los becarios de investigación” desde 2007 y, a partir de 2009, como “miembro no doctor”.

Ahora la juez les requiere que, en el caso de que fueran evaluadas por trabajos en las asignaturas no convalidadas, aporten los textos y "cualquier documento que evidencie que lo entregaron en el año 2009, ya sea un correo postal, un correo electrónico o cualquier otro documento". Otros cinco alumnos de este máster acudirán a declarar en calidad de testigos. Además, según Efe, la magistrada solicita a la Guardia Civil que informe si estas personas "directa o indirectamente a través de familiares directos, con anterioridad a esas fechas o durante el curso académico mencionado, tenían cargo público o pública y especial vinculación con partidos políticos o vinculación de algún tipo con la propia URJC".

La necesidad de completar un número mínimo de alumnos para garantizar la supervivencia del máster es una de las claves que explican la conducta de Álvarez Conde. El cuadro que dibuja el caso Cifuentes es que en realidad creaba dos categorías: una de alumnos normales, que iban a clase, se examinaban y hacían el trabajo final, y otra de conocidos y personalidades políticas del PP a quienes les regalaba sobresalientes y el título. "No hice ni el huevo", reconoció gráficamente el exsenador Pedro Calvo en su declaración ante la juez el mes pasado. La juez abrió una pieza separada sobre el máster de Pablo Casado precisamente ante la sospecha de que esa práctica no comenzó en 2011, sino antes, y pudo producirse una continuidad delictiva.

Alida Mas Taberner no aclaró cómo conoció el máster, pero la relación de Enrique Álvarez Conde con Valencia es intensa y viene de lejos. Su mentor, Juan Fernando Badía, fue catedrático de Derecho Político en dos universidades, Alicante y Valencia, y él terminó recalando en esta ciudad en los ochenta. En esta comunidad se iniciaron sus contactos con el PP, que le valieron para dar el salto en 1996 como cargo de confianza de Mariano Rajoy, entonces ministro de Administraciones Públicas, que le nombró director general del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Tras fundar el IDP, el subdirector del instituto en 2006 y 2007 fue Vicente Garrido Mayoll, director de la tesis de Francisco Camps y presidente del Consell Jurídic Consultiu valenciano durante su mandato al frente de la Generalitat. La pareja de Álvarez Conde, Rosario Tur, fue a su vez secretaria del tribunal que aprobó la tesis del expresidente de la Generalitat.

Mas Taberner, cercana a Camps, fue miembro de su equipo de Gobierno, siempre como subsecretaria, en tres consellerias distintas desde 2003: Turismo, Bienestar Social y Educación. Tras la marcha de Camps, dejó la política en 2012. Su puesto en la conselleria de Turismo hicieron que su nombre apareciera en las primeras investigaciones de la trama Gürtel, aunque los tribunales la han eximido de cualquier responsabilidad.

Turismo fue el primer enganche privilegiado en la comunidad de Orange Market, la filial valenciana de Francisco Correa. A través de esta consejería la Generalitat le adjudicó durante cuatro años concursos por valor de más de cuatro millones de euros. Como subsecretaria de Turismo, Alida Mas Taberner, concedió a la trama de Correa y el Bigotes su primer gran contrato en diciembre de 2005: 1.083.925 euros para gestionar los stands de Valencia en las cinco ferias que se iban a celebrar en 2006. En el juicio del llamado caso Fitur, la primera sentencia firme del caso Gürtel, la entonces consejera, Milagrosa Martínez, acabó en prisión condenada a nueve años de cárcel en 2017. Otros cuatro funcionarios de Turismo también fueron condenados. Mas Taberner también declaró como testigo en el caso de los trajes de Francisco Camps.