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La juez del ‘caso Cifuentes’ investiga si la trama falsificó actas del trabajo fin de máster de otros tres alumnos

Los estudiantes aseguran que nunca defendieron un TFM ante un tribunal, pese a que existen documentos que así lo aseguran

Enrique Álvarez Conde sale de los Juzgados de Plaza de Castilla.
Enrique Álvarez Conde sale de los Juzgados de Plaza de Castilla.

La juez del caso Cifuentes, que investiga la obtención presuntamente irregular por parte de la expresidenta de Madrid de un máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), está indagando también si la trama falsificó las actas del Trabajo Fin de Máster (TFM) de otros tres alumnos que se matricularon en el mismo curso, pero que aseguran que nunca defendieron ningún trabajo ante un tribunal. Los nombres de estos tres exestudiantes —Inmaculada González, Susana Ángel Navarro y Ricardo Medina— aparecen en la bautizada como lista VIP de 10 personas a los que convalidaron asignaturas con firmas falsas y donde se incluye a la exdirigente del PP.

Tras interrogar a imputados y testigos, la titular del juzgado número 51 de Instrucción de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, cuenta con indicios de que el acta falsa que supuestamente acreditaba la defensa del TFM de Cristina Cifuentes no es la única y de que se fabricaron al menos otras tres. De hecho, durante las declaraciones como testigos de estos tres exestudiantes, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, la juez les enseña sendos documentos donde consta supuestamente que defendieron ese trabajo ante un tribunal y el nombre de este. "Yo no recuerdo haber estado nunca ante un tribunal", exclama Susana Ángel cuando le muestran el folio: "¿Si [hice] un trabajo de 50 o 60 folios tipo tesina? No". 

"Yo no he defendido ningún TFM", añade también González en su comparecencia, cuando asegura que "tampoco" le resulta familiar el nombre del trabajo que aparece en dicha acta. "¿Se inclina a pensar que ese acta es falsa?", le pregunta entonces la juez. "¿Quiere usted mi opinión? Es que yo no he hecho ningún trabajo", responde ella, en referencia a que no entiende cómo puede existir ese documento porque, según su versión, abandonó el máster tras matricularse y nunca asistió a clase ni se examinó. Ricardo Medina se pronuncia también en el mismo sentido. "No defendí un trabajo ante un tribunal", dijo, tras observar que existe un acta donde dice que lo hizo el 15 de octubre de 2012.

La juez investiga si el Instituto de Derecho Público, que dirigía el catedrático Enrique Álvarez Conde —principal implicado en la causa—, inflaba presuntamente el número de matriculados que aprobaban por algún motivo económico.

Más irregularidades

Rodríguez-Medel ha detectado otras irregularidades al examinar la documentación que le ha ido llegando de la universidad. Según los datos que ha recopilado, hay varios alumnos más que supuestamente defendieron el TFM sin tener todas las asignaturas aprobadas. Algo que ocurrió con Cifuentes y que es completamente irregular, según la normativa que regula los másteres en esta universidad. Es necesario presentar justificante conforme están aprobadas todas las materias antes de presentar ante un tribunal el trabajo de fin de máster.

A los estudiantes de la lista VIP también les aprobaron asignaturas sin saberlo y sin que fueran a clase o hicieran trabajos; y les convalidaron asignaturas sin pedirlo, según declararon ante la magistrada. El juzgado se ha encontrado con estos otros casos de anomalías en la gestión de los másteres del Instituto de Derecho Público después de que la URJC haya ido aportando expedientes de alumnos compañeros de la expresidenta. Irregularidades que la universidad no ha investigado, según se desprende del interrogatorio que hace la juez al rector, Javier Ramos, el pasado 21 de junio, y al que ha tenido acceso EL PAÍS. "¿Han comprobado ustedes si esto pasa con otros alumnos?", pregunta la magistrada sobre los alumnos que defendieron el TFM sin haberlo aprobado todo antes.

Ramos contesta que lo estaba investigando la inspectora de servicios hasta que la universidad dio traslado de la denuncia a la Fiscalía al detectar "procedimientos en el máster que no funcionaban". Poco después de recibir el acta falsa del TFM de Cifuentes, durante la tarde del día en que se conoció la noticia, el rector ordenó abrir una información reservada para investigar los hechos. Según la declaración de Ramos ante la juez, al llevar el caso a la fiscalía, esas pesquisas se suspendieron. "¿No tuvieron ustedes a bien seguir investigando?", vuelve a preguntar la juez.

Ramos contesta que el centro está aportando al juzgado toda la información de la que dispone, pero la juez le dice no entender por qué no se la han dado ya analizada a la fiscalía y por qué no han tratado de ver si la irregularidad detectada en un expediente se repite en otros. Pese a las repreguntas, la magistrada no consigue sacar al rector nada más que una afirmación cuando le insiste en si sospechaba que había más irregularidades. Finalmente, la magistrada le acaba diciendo que de ese trabajo ya se está encargando el juzgado, pese a que supone un "esfuerzo documental" de ir "expediente por expediente".

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